Guardianes del despilfarro

Las cifras son escandalosas. En un país con tantas carencias y necesidades como el nuestro, el despilfarro es una forma de corrupción, sólo que sancionada por la ley y resguardada desde el Congreso por grupos políticos que reparten y se reparten estas rentas. Algunos datos ya los conocíamos, pero gracias a la serie “El uso y el abuso de los recursos públicos”, encabezada desde el CIDE por Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, podemos entender su verdadero significado. Estos documentos analizan la forma en que se gastan el dinero público instituciones como el IFE, la Suprema Corte de Justicia y la CNDH, entre otros.

En todos los casos los avances que estas instituciones han significado para la democracia mexicana nos han salido muy caros, injustificadamente caros. Veamos algunos ejemplos:
El gasto electoral en 2009 fue de 20 mil 887 millones de pesos, equivalente a 85% de lo gastado ese año en el programa Oportunidades. El gasto electoral es la suma de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, más el gasto de operación del IFE, más el presupuesto de los institutos electorales locales, más lo de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, más lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presupuesto destinado a la CNDH empezó a aumentar muy significativamente desde que se volvió un organismo autónomo en 1996, y para el 2010 ya acumulaba un aumento presupuestal en términos reales de 104%. El 76% del presupuesto se va en salarios. Sumando el presupuesto de la CNDH y de las comisiones estatales de los Derechos Humanos, México gasta en este tema más del doble que lo que cuesta en Colombia la Defensoría del Pueblo.

En la Suprema Corte de Justicia de nuestro país trabajan tres mil personas, en contraste con las 400 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los salarios de nuestros ministros son, hasta donde permiten ver los datos recabados por los autores, los más altos del mundo.

Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo subrayan: “Una de las características distintivas de todas las instituciones analizadas, es que el número de personas que laboran en las mismas es excesivo, creciente y mucho mayor al de sus equivalentes internacionales. Este hecho podría sugerir que la vieja fórmula política de utilizar plazas burocráticas para intercambiar apoyos o favores sigue vigente en estas instituciones”.

Dicen diputados influyentes que ya es muy tarde para remediar estos despilfarros en el presupuesto que se está discutiendo en la Cámara. ¡Qué pena! La verdad es que cada de una de estas instituciones tiene en el Congreso y en los partidos sus guardianes del despilfarro. Son los diputados o los grupos parlamentarios que se aseguran que estas instituciones sigan funcionado como hasta hora, con el alto costo que esto representa para el país y con la consiguiente pérdida de credibilidad y legitimidad de tan importantes instituciones.