CIUDAD DE MÉXICO.- La transparencia en los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) garantiza y ofrece seguridad de que la dependencia no utiliza esos recursos de forma electoral, partidista o de simpatía por determinados grupos, sostuvo su titular, Abelardo Escobar Prieto. Indicó que en la SRA "somos totalmente imparciales porque se califican los mejores proyectos que se dictaminan en un comité, no los aprueba un secretario o un subsecretario, sino muchas personas que toman los acuerdos basándose en los dictámenes". Mencionó que en el caso del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) se revisa que los beneficiarios no sean titulares de tierra y no se apoye a los mismos de años anteriores, a fin de cubrir un mayor número. "Esa es la forma como hemos cuidado la aplicación de los recursos para que no se nos señale de que hay mala intención. Hay absoluta transparencia, lo que es la mejor forma para que las personas sepan que no hay gato encerrado", dijo Escobar Prieto. Externó que por medio de las reglas de operación se suprimieron procesos que se consideraron innecesarios, como mandar los expedientes a las delegaciones para que los revisaran por segunda ocasión. El funcionario recordó que antes la Secretaría no evaluaba los proyectos sino una instancia externa, como la Universidad de Chapingo, el Colegio de Posgraduados o el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), pero que ese trámite se comenzó a realizar en la SRA, lo que agiliza el proceso. Puntualizó que esas acciones iniciaron en 2007 con 20 por ciento de los proyectos y el año pasado se llegó al ciento por ciento. "La reserva que se tenía es que se podía pensar que la SRA era laxa en revisar proyectos de algunos grupos y muy estricta para otros grupos, lo en la realidad es falso, pero podía haber cierta perspicacia", anotó. Subrayó que ese inconveniente se resolvió invitando a más de 20 organizaciones para que nombraran a un representante que observara el trabajo de los técnicos de la SRA "y funcionó porque no hubo queja de que se benefició o no a algún grupo en particular".Indicó que en 2008 se llegó al ciento por ciento de los proyectos con el mismo procedimiento y ahora se tienen 20 técnicos de observadores del trabajo de la SRA para dar absoluta transparencia a la dictaminación, en tanto que la dependencia paga el salario de los observadores durante los dos o tres meses que dura el proceso. De la misma manera refirió que una de las preocupaciones actuales es la falta de operación de proyectos apoyados con recursos de la dependencia, por lo que se deben establecer los mecanismos para que eso no suceda y evitar, cuando menos en parte, que los recursos no lleguen a donde debe ser o se apliquen mal. Lo que se planea, resaltó, es que haya un aprovechamiento superior a 90 por ciento de los recursos destinados a proyectos productivos "porque difícilmente se puede alcanzar el ciento por ciento ya que hay razones de fuerza mayor que impiden que algunos de los proyectos fructifiquen". Escobar Prieto destacó que es permanente la supervisión que realiza la SRA a los proyectos productivos, por lo que en 2006 se hizo la primera verificación de ellos, acción que incluyó una fiscalización a los grupos beneficiados por los programas. Abundó que ese proceso se lleva a cabo para llegar a la Cámara de Diputados y dar un informe del resultado de los recursos, "cada día estamos supervisando más proyectos que se aprobaron y el año pasado se alcanzó a supervisar más de 95 por ciento de ellos". Además, como se ha ido fortaleciendo el proceso "ahora estamos revisando todos, los técnicos de la SRA que están en las delegaciones están visitando los lugares donde están los proyectos y hacen un levantamiento". En ese caso, dijo que a los grupos que no cumplen con los proyectos que fueron aprobados se les califica negativamente por no cumplir con la correcta aplicación del recurso o del subsidio que se les otorga por parte de los programas. El titular de la SRA mencionó que se analiza cambiar el tipo de apoyo a petición de algunas organizaciones para que el recurso no se entregue a los grupos beneficiados, sino que se coloque como garantía líquida en Financiera Rural o alguna institución bancaria para que se les preste dinero. Ese procedimiento tiene varias ventajas: que el dinero no se agota porque quedará en garantía líquida y se podría replicar el siguiente año para otro grupo, además de que se genera la cultura del pago y los beneficiados se convierten en sujetos de crédito.En caso de mal uso de los recursos de los grupos beneficiados, en las reglas de operación de los programas se establece que ello se hará del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que se presenten las denuncias correspondientes. De acuerdo con la SRA a la fecha existen 14 denuncias penales por irregularidades en la comprobación de los proyectos, 12 respecto al Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (Formar), una al Fappa y otra al Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004 a 2008. Finalmente, señaló que se preparan otras 16 denuncias penales que se presentarán en breve ante las autoridades correspondientes.
