Funcionarios y senadores concuerdan en revisar figura del arraigo

CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2013).- Funcionarios de la ONU, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), así como especialistas de la UNAM y senadores priistas y perredistas coincidieron en que la figura del arraigo en México debe revisarse, pues su uso ha derivado en la violación de derechos humanos.

El representante del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, subrayó que diversas instancias internacionales ya han solicitado a México eliminar esta figura.

Al participar en el foro "Retos y acciones del Estado frente al arraigo", que se realiza en el Senado, se manifestó en favor de que esta instancia legislativa revise y elimine la figura.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, dijo a su vez que se deben establecer requisitos más estrictos para su otorgamiento, aunque consideró que ninguna figura procesal podrá aplicarse de manera correcta si no mejora el sistema de procuración de justicia.

En tanto, la subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, coincidió en que la figura debe ser reformada y clarificada para que sólo se utilice en casos excepcionales, "pues ha demostrado ser ineficiente en la procuración de justicia".

Al respecto, la funcionaria mencionó que en los últimos dos años de la administración federal pasada se solicitaron cuatro mil arraigos y de estos sólo se procesaron y consignaron 129 presuntos delincuentes, "es decir 3.3 por ciento, pues en 96.7 (de los casos) no se encontraron pruebas de culpabilidad".

En entrevista por separado, el vicecoordinador del PRI, Arturo Zamora Jiménez, recordó que presentó una iniciativa para acotar el arraigo de 80 días a sólo ocho, y eliminarlo del texto constitucional.

Expuso que con esta propuesta ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, aunque éste podría ampliarse hasta por ocho días en aquellos casos que la ley prevea delincuencia organizada.

Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, también se pronunció por la eliminación del arraigo, y señaló que lejos de fortalecer a las instituciones de procuración de justicia del país, las ha debilitado, al ser utilizado para cometer abusos.

El abogado general de la UNAM, Raúl González, dijo que especialistas de esa casa de estudios han analizado la figura del arraigo y coinciden en que sólo ha servido para cometer abusos, por lo que, junto con otras medidas cautelares, deben revisarse, pues estas deberían tener un plazo de entre 20 y ocho días.