Jueves, 10 de Octubre 2024
México | Analizan 30 amparos

Fuero militar, a discusión en la Corte

Familiares de víctimas acudirán a la sesión de la SCJN

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO (02/AGO/2012).- En pro de los derechos humanos. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá, a partir de este jueves 2 de agosto, si se acota o no el fuero militar, al analizar cerca de 30 amparos de revisión, entre ellos los relacionados con los casos del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado en un retén en Huamuxtitlán, Guerrero, el 20 de junio de 2009, y el de Jethro Ramsés, quien el 1 de mayo de 2011 fue arrestado por policías de Cuernavaca, entregado a soldados del 21 Batallón de Infantería, y dos meses después su cuerpo fue hallado en un paraje de Puebla.

A la sesión acudirán familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, quienes buscan que estos casos sean juzgados en el fuero civil y no en una instancia militar. Además, exigen que el Código de Justicia Militar sea reformado conforme sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido contra el Estado Mexicano.

La resolución “será decisiva para que la Corte siente jurisprudencia vinculante con las obligaciones que surgen de las sentencias dictadas por la CoIDH en materia de la justicia militar”, señalan abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Miguel Agustín Pro Juárez.

Entre los cerca de 30 casos que se discutirán hay amparos presentados por militares acusados de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que los ministros deberán resolver si estas acciones son consideradas faltas contra la disciplina castrense o si deben ser procesados en tribunales federales.

“Con estas resoluciones, los ministros dejarán un precedente vinculatorio sobre el alcance del fuero”, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lleva el caso de Bonfilio Rubio Villegas. En sus sentencias contra México, en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Campesinos Ecologistas, la CoIDH ordenó al Estado  acotar el fuero militar.

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