Farsa insultante

Con la liberación de siete mujeres que purgaban penas de más de 20 años de prisión, terminó en Guanajuato otra de las grandes farsas mediáticas que, de tanto en tanto, debemos tragar los ciudadanos.

Nos referimos al caso de siete mujeres que purgaban penas de más de 20 años de prisión por el supuesto delito de aborto. El escándalo fue tal —y de tal manipulación—, que provocó pánico en un Gobierno mediocre como el de Guanajuato y cuyo Ejecutivo —quien, ingenuo, cree que será candidato presidencial— prefirió lanzar lo más lejos la papa caliente y propuso al Congreso local una reforma “fast track” para dejar libres a las mujeres.

Lo políticamente correcto sería aplaudir “la sensibilidad del benévolo Gobierno de Guanajuato”. Sin embargo, la realidad está muy lejos. Son muchas las evidencias de que —una vez más— la presión mediática fue usada como ariete para romper la ley. ¿Por qué? Porque la historia de las mujeres presas por un supuesto aborto, no es como la pintan.

Resulta que ninguna de las siete mujeres liberadas fue sentenciada y presa por practicar un aborto. Todas, por razones y circunstancias distintas, estuvieron involucradas en la muerte de uno de sus hijos —con horas, días o semanas de nacidos— y, por tanto, fueron sancionadas conforme al nuevo Código Penal del Gobierno de Guanajuato. Más; si las hubiesen procesado por el delito de aborto según el Código Penal, no habrían alcanzado más de tres años de cárcel.

Lo irónico e insultante del caso —más allá de la farsa mediática que las liberó—, es que las siete mujeres fueron conejillos de indias de la estupidez de legisladores y abogados que en agosto de 2000 reformaron el Código Penal de Guanajuato, y que desaparecieron el delito de infanticidio, pero elevaron las penas de cárcel al homicidio por razón de parentesco. Esa reforma hoy castiga a las mujeres involucradas en el homicidio de un hijo, hasta con 35 años de prisión. ¿Y quién creen que aprobó y elogió la reforma?

Sí, la entonces diputada Martha Lucía Micher Camarena, hoy directora del Inmujeres del Gobierno de Marcelo Ebrard, quien el 3 de agosto del año 2000 dijo en la tribuna del Congreso de Guanajuato, que era “una reforma histórica”, que fue “sabia la decisión de castigar con 35 años” a las mujeres que privan de la vida a sus hijos. ¿Y el aborto?

Para fortuna de los guanajuatenses, existe la Procuraduría de Derechos Humanos, institución que con eficacia intercedió por los derechos humanos de las mujeres, salvó la imagen del mediocre Gobierno estatal y enmendó la plana al decimonónico Código Penal. Lo demás fue vulgar escándalo mediático.