Exigen investigar ''a fondo'' a Rosario Robles Berlanga

CIUDAD DE MÉXICO (14/MAY/2013).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por uso indebido de recursos públicos (en este caso con fines electorales) y asociación de funcionarios públicos para mal manejo de programas sociales.

Los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y Alejandro Sánchez Camacho, presentaron la denuncia en las instalaciones de la PGR en contra de Rosario Robles y “quienes resulten responsables”.

Zambrano exigió a las autoridades investigar a fondo el desvío de recursos de programas sociales para favorecer a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Veracruz en los comicios del próximo 7 de julio.

El objetivo principal es que las autoridades le den seguimiento y se finquen responsabilidades a las “cabezas” de la dependencia que se vieron involucradas en este hecho. “Que no quede esto como algo que se consigne en el anecdotario de la picaresca política mexicana, sino que tenga un verdadero seguimiento y se finquen las responsabilidades”.

Esta denuncia se suma a los casos presentados por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de 57 funcionarios y a las peticiones de juicio político contra Robles y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la Cámara de Diputados.

Según los líderes del PRD, los funcionarios podrían enfrentar cargos por delitos electorales, peculado, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos.

El próximo 7 de julio se desarrollarán procesos electorales en 14 de los 32 estados del país, en la mayoría de los cuales se renovará a los congresos estatales y ayuntamientos, mientras que en Baja California también se elegirá nuevo gobernador.

A finales de abril pasado, una denuncia sobre el desvío de fondos de los programas sociales con fines electorales puso en crisis el Pacto por México, un acuerdo del Gobierno con los principales partidos para impulsar importantes reformas estructurales.

No obstante, la crisis fue superada al firmarse la semana pasada se firmó un anexo al Pacto por México para blindar los procesos electorales y crear un sistema de supervisión de los programas sociales con el fin de evitar el desvío de recursos en busca de votos.

Ataque y contraataque

Jhonatan Jardines y Alberto Martínez Urincho, diputados federal y local del PRD, respectivamente, informaron que hoy se presentará una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto manejo partidista de programas sociales federales en diversas zonas del Distrito Federal.

Indicaron que se aportarán las evidencias gráficas de que programas sociales federales son utilizados y operados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Jardines explicó que la denuncia es por la presunta malversación de fondos públicos y empleo de fondos públicos con fines electorales.

Martínez Urincho instó a que no se permita que los programas sociales se empleen como una operación electoral de ningún partido político, “pues no estamos en contra de los programas sociales ni de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero sí de la forma en la que se están utilizando”.

En tanto, José Fernando Mercado Guaida, el vocero Rafael Luviano y el coordinador jurídico del PRI, Mario Becerril presentaron ayer en la PGR una denuncia contra Jardines y Martínez Urincho por entorpecer la cruzada contra el hambre en dichas delegaciones. Se les imputa el “secuestro’’ de brigadistas del tricolor de la “Cruzada Nacional contra el Hambre’’ el pasado tres de mayo.

FICHA

Sanciones por el delito de peculado

> El Artículo 223 establece que cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

> Cuando el monto exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Fuente: CAPITULO XII del Código Penal Federal.

> EL CONSEJO RECTOR SE REÚNE CON LA CNTE

El PAN ratifica su adhesión al Pacto

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, señaló que con su adhesión al Pacto por México el partido asumió una posición ética, responsable y social, pero ahora toca a los panistas combatir lo que llamó amenazas a la democracia.

“El PAN está en el Pacto por México por responsabilidad social, porque ahí están los contenidos que benefician a México, a los mexicanos”.

Ante las elecciones que se celebrarán en 14 entidades en julio, convocó a los diputados locales a reflejar la esencia de Acción Nacional de colaborar, competir y denunciar acciones de autoritarismo, clientelismo y corporativismo que, aseguró, son los enemigos históricos del PAN.

Madero Muñoz añadió que en los próximos comicios el PAN tiene una obligación política de avanzar en la transición e impulsar la democracia en la tercera parte del país que, dijo, no conoce la alternancia y en otra tercera parte que la ha conocido parcialmente.

Por otra parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que es posible que hoy se realice la reunión de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El objetivo de esta reunión es escuchar las propuestas del magisterio en relación a la reforma educativa.

Sostuvo que se deben escuchar los planteamientos de los maestros disidentes y recalcarles que con ella se garantiza la gratuidad de la educación, no se ponen en riesgo los derechos constitucionales de los docentes.