Exigen cifras de muertos por el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2013).- El Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad (MPJD), así como un contingente de Organizaciones Civiles, instaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto a generar datos y cifras oficiales respecto a los muertos que ha generado la guerra en contra del narcotráfico en estos dos meses de gestión.

Estas asociaciones civiles solicitaron al Gobierno información detallada respecto a los fallecidos durante una reunión consenadores del PRI, PRD, PT y PVEM, a quienes les entregaron una iniciativa de reformas para la Ley General de Víctimas.

La directora del Centro de Estudios Ecuménicos, Sara San Martín Romero, manifestó que al no tener datos oficiales, las familias de las víctimas no tienen forma de localizarlos. “Lo hacemos para que el Gobierno actual rinda cuentas”.

La activista señaló que se requiere ir de fondo a las causas que generan la violencia y dar más opciones a los jóvenes.

Lo senadores turnaron la iniciativa a las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos.

Javier Sicilia, líder del MPJD, pidió un minuto de silencio para recordar a las personas que perdieron la vida por la violencia del país.

Rechazó que esta ley sea producto de la improvisación y mencionó que quien diga eso sufre un gran “Alzheimer social” porque la ley y las reformas son fruto de las marchas y del dolor de muchas familias por el accionar de la delincuencia organizada y por la negligencia del estado mexicano.

María Elena Morera, de México Unido Contra la Delincuencia, pidió a los legisladores avanzar en esta reforma para ser viable y resarcir el daño a las víctimas y con ello cerrar el círculo de dolor de miles de mexicanos.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, coincidió en que “no hay colores” partidistas en esta iniciativa y refrendó el respaldo de su partido para firmar de inmediato la misma como un acto de justicia.

A nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la senadora Angélica de la Peña dijo que se está dando un primer paso para avanzar en la reforma que permita enmendar la ley y que pueda ser una realidad su cumplimiento y aplicación en el país.

En diciembre de 2012, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el resultado de la guerra contra el crimen organizado que inició durante el ex presidente Felipe Calderón dejó más de 70 mil muertos y alrededor de nueve mil personas desaparecidas; también mencionó que surgieron entre 60 y 80 nuevos cárteles.

El procurador mencionó que el sistema de justicia y las instituciones no estaban preparadas para enfrentar a la delincuencia organizada en el sexenio pasado, debido a que el sistema de justicia del país estaba hecho para una nación en paz.

SINEMBARGO.MX

> "ANTES HABÍA CRISIS SOCIAL"

Calderón defiende su estrategia

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa volvió a referir su artículo publicado en una revista estudiantil de la Universidad de Harvard, y en un mensaje difundido por Twitter dijo que antes de la actual violencia, había una crisis de seguridad.

“Años antes del pico de violencia reciente, ya se vivía una crisis social grave, reflejada en los feminicidios de finales de los 90”, dijo en un mensaje publicado después de ofrecer otra vez la lectura al artículo en el que defiende la estrategia de su Gobierno en Ciudad Juárez.

No es la primera vez que el ex Presidente Calderón se dirige a través de las redes sociales para defender su política social.

El pasado 17 de febrero, Calderón compartió el artículo “Todos Somos Juárez: una estrategia innovadora para abordar la violencia y la delincuencia”.

RECURSOS, LA CUESTIÓN DE FONDO

> La propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas, plantea precisar el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos.

> Define el “hecho victimizante” como los actos y omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos.

> Al Artículo 4 se agrega la definición de “víctimas potenciales”, con el objetivo de establecer con precisión que se les debe dar protección a las y los defensores de los afectados por violaciones a sus garantías.

> En el nuevo Artículo 31, plantea incluir a la Federación en el apoyo para gastos funerarios y especifica que este apoyo es para las víctimas indirectas.

> También plantea que la desaparición forzada sea reconocida.

> Estipula el resarcimiento de los perjuicios, incluyendo pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio.

> Propone el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud síquica y física de la víctima.

> Plantea el pago de gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento.

> Todas las víctimas de violaciones a sus garantías individuales serán compensadas en los montos y términos que determine un órgano jurisdiccional nacional, uno internacional o reconocido por los tratados internacionales ratificados por México.