Exigen al Senado evaluar al ombudsman

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de derechos humanos demandaron al Senado de la República cumplir con su obligación de evaluar el desempeño del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considerar la posibilidad de someterlo a juicio político para removerlo del cargo.

En conferencia de prensa, representantes de más de un centenar de organizaciones cuestionaron la intervención de Soberanes en la salida de Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), calificándola de vergonzosa.

Recordaron que el pasado 24 de marzo, Soberanes envió una carta a la alta comisionada para manifestar su inconformidad con la postura del representante de OACNUDH sobre un informe de Human Rights Watch que evalúa a la CNDH y le pide “tomar nota de la situación referida”; misiva que, sumada a presiones de otras instancias gubernamentales, habría motivado la salida de Incalcaterra.

Los activistas desmintieron la versión de que el funcionario removido pretendía supuestamente hacer un uso discrecional de un millón de dólares que entregaría el Gobierno de Estados Unidos a la OACNUDH como parte de los fondos de la Iniciativa Mérida, difundida por Soberanes, y aseguraron que, por el contrario, es el ombudsman quien no rinde cuentas de los recursos que recibe.

Jorge Romero destacó que la CNDH es el organismo de su tipo más caro del mundo, con un presupuesto más alto que el de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues su gasto en 2008 es de 866 millones de pesos; en 2007 ejerció 812.4 millones, 11 millones más que el monto autorizado por el Congreso. En contraste, la CIDH cuenta con 32.7 millones de pesos.

“La mayor parte de este gasto se ejerce en funciones administrativas y servicios personales (67.5%) en 2007. En 2008, la CNDH ejercerá sólo para estímulos y bonos de su personal 105.5 millones de pesos, 10 veces más que el supuesto millón de dólares del que habla Soberanes, y sin rendir cuentas”.

Édgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos todos los Derechos para Todos, reconoció que las presiones de Soberanes para la salida de Incalcaterra “tienen un punto de coincidencia con el Gobierno federal”, y que además de la presión que el ombudsman hizo con su carta, “hay otra vía, la del Gobierno ”.

“Son dos actores que tienen un punto de coincidencia: el presidente de la CNDH que quiere erigirse como propietario del tema y el Gobierno, que pretende mantener un modelo de apertura y firma de acuerdos internacionales hacia el exterior, sin que éstos generen al interior una transformación jurídica y en la práctica de derechos humanos”.