Estricto proceso de depuración en PGR: Marisela Morales

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2011).- Al comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad Pública, Justicia y Función Pública de la Cámara de Diputados, la procuradora general de la República, Marisela Morales, aseguró que la institución se encuentra bajo un estricto proceso de depuración y que durante su administración no permitirá espacios para la corrupción de sus subordinados.

Luego de tomar juramento, bajo protesta de decir la verdad, para responder a los cuestionamientos de esas comisiones al abordar la glosa del V Informe de Gobierno, Morales dijo que está consciente de la problemática que enfrenta la PGR.

Para ello, señaló, se desarrolló el Proyecto Diamante que maximiza las capacidades de la Policía Ministerial y de los Ministerio Públicos con criterios homogéneos.

Dijo que uno de los temas que preocupan a la población es el tráfico de armas de fuego y explosivos, por ello, el compromiso es disminuir el trasiego ilegal armas a través de tecnología del programa E-trace y el intercambio de información con Estados Unidos.
Informó que seis ciudadanos o residentes estadounidenses han sido llevados ante autoridades judiciales por los delitos de compra de armas que se las venden al crimen organizado que opera en nuestras fronteras.

"Actualmente hay seis casos de asistencia jurídica, se han solicitado dos procedimientos de extradición contra ciudadanos o residentes estadounidenses. Los primeros tres están ubicados en Madera California, Estados Unidos, el segundo están Texas".
Aseguró que por este delito en nuestro país se ha investigado a dos personas quienes ya fueron internados en un centro federal por la comisión de los delitos previstos de la Ley Federal de armas explosivos, así como en Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

En el caso del Casino Royal de Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas, la PGR ha ejercido acción penal contra diversos involucrados con 28 órdenes de aprehensión por los delitos delincuencia organizada, 12 por privación ilegal de la libertad, tres más por uso exclusivo de armas de las Fuerzas Armadas y una más por posesión de una granada, dijo.

De las cinco personas identificadas como miembros de los Zetas, que comandaron el ataque, dijo que tres ya fueron ingresados al centro federal de readaptación de Tamaulipas, y están en espera.