Estrictamente personal

La carretera que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo está convertida en un teatro de operaciones de las Fuerzas federales. Hay retenes militares y vigilancia permanente de dos helicópteros policiales. Esa carretera, por donde circula casi 70% de los productos exportados a Estados Unidos, se había vuelto muy insegura porque forma parte del campo de batalla entre el cártel del Golfo y “Los Zetas”, pero la presencia federal los ahuyentó al recuperarse un territorio perdido.

Las carreteras que unen a Nuevo León con Tamaulipas carecen de esa protección. La ruta que va del municipio neoleonés de China a San Fernando, donde se han encontrado decenas de cuerpos en cementerios clandestinos, no es patrullada de manera regular. Tampoco la famosa Carretera 101, que va de Ciudad Victoria a Matamoros y cruza San Fernando, convertida en una ruta de terror. Ni la que enlaza Cerralvo con Ciudad Mier, en el Norte del Estado, o la que conecta a Ciudad Mante, al sur de la capital, con la Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí.

Las carreteras siempre son rutas estratégicas —las autopistas interestatales en Estados Unidos tienen una función central militar, y la excelencia de las carreteras en todo el Medio Oriente se debe a que son utilizadas frecuentemente por los ejércitos en sus desplazamientos de guerra—. En el caso mexicano son usadas por quien controla el territorio. Si en Nuevo León bajó notablemente la inseguridad en su principal vía de ingreso a Estados Unidos, ¿por qué en Tamaulipas se han convertido en un terreno de nadie?

Desde principios del año pasado, poco después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, jefe del cártel que lleva el nombre de su familia, que se había asociado con “Los Zetas”, sus anteriores aliados del cártel del Golfo rompieron con ellos. Como “Los Zetas” eran el brazo armado del Golfo, éstos se aliaron tácticamente con sus viejos archienemigos del cártel del Pacífico (antes Sinaloa) para combatirlos. La implosión de las organizaciones criminales en Tamaulipas interrumpió la paz de más de cinco años en el Estado y su guerra se extendió y contaminó a Nuevo León.

Las dos entidades se convirtieron en zonas de guerra en donde confluyeron sicarios de varias partes del país —notablemente michoacanos— para hacer frente a “Los Zetas”. El origen de la violencia en ambos estados fue exactamente el mismo, pero el tratamiento federal para combatir el fenómeno ha sido diferente.
En Nuevo León, donde se encuentran varios de los capitales más importantes de México, el refuerzo de protección federal ha ido escalando de manera significativa. En Tamaulipas no.

La asimetría en la ayuda federal provoca que en la medida en que aprietan al narcotráfico en Nuevo León y le cierran las rutas por donde transportan sus cargamentos, encuentren vías de acceso libre por las carreteras tamaulipecas. La droga va protegida y los cárteles buscan dominar las rutas de acceso. Al no existir una vigilancia permanente en las vías federales tamaulipecas, sus carreteras se han convertido en espacios estratégicos para el negocio ilegal y su control se ha vuelto prioritario para las organizaciones criminales.

La presión federal en Nuevo León y las válvulas de escape que deliberada o inopinadamente han dejado en Tamaulipas, han producido como subproducto macabro de la larga lucha entre los cárteles, los cementerios clandestinos y la hegemonía de los criminales sobre las carreteras federales tamaulipecas. Por omisión y comisión, la ausencia o insuficiente presencia federal en el Estado ha contribuido a la elevación de la violencia y a la inseguridad ciudadana.

La Secretaría de la Defensa tiene congelado un proyecto de desplazamiento de batallones a San Fernando, Ciudad Mier y Ciudad Mante, que son los tres puntos más conflictivos que tiene actualmente el Estado por ser la tierra de nadie que disputan los cárteles, como consecuencia del trato a Tamaulipas de segunda categoría, que no ha sido el mismo que a Nuevo León, al que el Gobierno federal trata como Estado de primera categoría.

La salida debe ser, como es el caso en muchas otras partes del país, casuística. Las características de la violencia en Tamaulipas y Nuevo León sugieren una estrategia donde no se vea a los dos estados en forma autónoma, sino como un todo.

Si la violencia se incrementa y decrece en función de cómo presionan las Fuerzas federales en un Estado sí y en el otro no, una lógica operativa exige una solución integral. No puede verse el fenómeno en la región del Noreste del país como unidades independientes.

Lo que han hecho las Fuerzas federales en Nuevo León es el equivalente al efecto gelatina, donde al golpear en el centro la desparraman por todos lados. Es lo que sucedió en la Entidad, donde al sellar carreteras empujaron a cárteles rivales a combatir por su sobrevivencia en territorios tamaulipecos poco vigilados. Nuevo León y Tamaulipas no son entes aislados, pues su conflicto, en origen y consecuencia es el mismo. No puede el Gobierno tener un trato diferenciado con ellos, porque no sólo es condenar a los tamaulipecos a su suerte, sino sentenciar la estrategia de combate al narcotráfico en la región, a una derrota anunciada.
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