Estrictamente personal

La discrecionalidad se mantiene como una constante en la guerra nacional contra las drogas. El turno de la desconfianza se encuentra ahora en el Distrito Federal, señalado por autoridades federales como el crisol donde se mueven todos los cárteles de las drogas, y donde de manera creciente unidades militares realizan operativos que tienen una ominosa peculiaridad: se han ejecutado a espaldas de la autoridad local, en violación a la Constitución y al Federalismo.

Dos operaciones recientes muestran la excepcionalidad con la que se mueven las Fuerzas Armadas en la capital. Una la viene realizando el Ejército en la zona conurbada al oriente de la Ciudad de México, donde los comandos militares están a la caza de miembros de “La Familia Michoacana”, que se han extendido por la meseta. Otra la realiza la Marina, que en busca de los desechos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva han realizado cateos en casas de personas vinculadas con Héctor, el sucesor de Arturo, en zonas residenciales de clase media.

Funcionarios judiciales en el Distrito Federal se quejan por la forma como quieren actuar las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México, a diferencia, subrayan, de la coordinación y colaboración que existe con la Policía Federal. Por ejemplo, apuntó uno de ellos, “la Marina avisa que están en operativo prácticamente en el mismo momento en que lo están haciendo”. El riesgo es que militares y agentes del Distrito Federal puedan tener un enfrentamiento armado originado en la confusión. Pero en el campo político y legal están incurriendo en una ilegalidad.

El Artículo 119 de la Constitución establece que en dado caso de “trastorno interior” –como podría catalogarse el problema con el narcotráfico-, el Gobierno federal no puede intervenir si no lo solicita la autoridad capitalina o la Asamblea de Representantes. Para ello, los artículos 25, 65 y 67 de la Ley de Seguridad Nacional obligan al Gobierno federal, con fundamento en el 119 constitucional, a celebrar convenios de colaboración con la autoridad local, con lo cual se impide que actúe de manera unilateral.

Esto exactamente es lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas en el Distrito Federal. El Ejército y la Marina deben modificar el procedimiento en operaciones que han sido planificadas, o que son parte de un seguimiento sistemático, como las realizadas en las zonas conturbadas con el Estado de México y en las áreas residenciales de la capital. De otra manera, como ha venido sucediendo, están actuando como si la capital se encontrara regida bajo un estado de excepción, donde la ley está subordinada al orden militar.

La restitución del estado de Derecho obliga al Gobierno federal a establecer el marco jurídico para los militares en esta guerra contra las drogas, en el momento en que se va expandiendo su participación. Recientemente el Presidente Felipe Calderón anunció el envío de nuevos batallones para la Frontera Norte, y el de San Luis Potosí solicitó el apoyo de más militares por la violencia que les estalló este año por la confrontación de Los Zetas con la nueva Federación de cárteles.

El Gobierno de Nuevo León está totalmente entregado a las Fuerzas Armadas para que sea la responsable de restaurar el orden en la Entidad, y el nuevo gobierno de Veracruz no lo pensó dos veces para fortalecer la relación con el Ejército y la Marina ante el choque entre el cártel del Golfo y los Zetas.

La militarización de México toma una forma cada vez más acelerada con la justificación de la lucha contra las drogas, al cada vez recurrir más gobiernos locales a su ayuda frente a la desconfianza que manifiestan con la Policía Federal.

No es el caso del Distrito Federal, donde las características de la capital federal en materia de seguridad, no la hacen fácil reflejo de lo que sucede en otras capitales estatales.

Más de 70 mil policías locales y federales, zonas militares, cuarteles generales de los batallones de asalto impiden los vacíos de autoridad que se dan en otras entidades. No hay forma de que circulen convoyes por la capital sin ser detectados y detenidos rápidamente, ni fuerza criminal superior a la concentrada por las instituciones en la Ciudad de México.

Pero esto ha sido irrelevante para el Ejército y la Marina, que se siguen manejando en los límites o por fuera de la ley en la lucha contra el narcotráfico, sin entender que sus excesos y abusos jurídicos tendrán consecuencias. No durante el Gobierno actual, sino una vez que termine y concluya el carnet de impunidad que se les entregó durante este sexenio, y descubran que el apoyo popular impulsado por temores y frustraciones, no tendrá validez alguna ante los tribunales.

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