Estrictamente personal

Casi como mero formalismo, alrededor de las 17:30 del martes llegó a la oficina de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, un sobre con el cassette de la conversación telefónica de dos supuestos ejecutivos de laboratorios químico-farmacéuticos que hablaban sobre comisiones a funcionarios del sector Salud a cambio de privilegios en licitaciones. Karam hizo lo que tenía que hacer: dio aviso al Órgano de Control Interno del IMSS, que depende de la Secretaría de la Función Pública, para que se iniciara la investigación a partir de la denuncia anónima.

Cinco horas después, ante la sorpresa del Gobierno federal, esa misma grabación fue difundida en El Noticiario de Televisa. Lo que inició como una investigación secreta se socializó como un acto de corrupción; lo que comenzó como un procedimiento correcto para evitar el daño moral a los presuntamente involucrados, se transformó en un señalamiento acusatorio público, convirtiéndolos en culpables hasta que demostraran su inocencia.

Quien realizó la operación de la grabación logró sus objetivos aparentes: ventiló un proceso que por ley debía ser secreto, golpeó a los laboratorios y exhibió a dos funcionarios. Incluso se puede argumentar que el envío del cassette a Karam parece más una trampa —de no haber avisado a la contraloría interna, se le habría podido acusar de negligente o encubrimiento—, que de intento para arreglar las cosas por la vía institucional. Tanto así, que El Noticiero difundió el martes una segunda  grabación entre los ejecutivos que eraÊ desconocida por las autoridades.

El responsable del Órgano de Control Interno del IMSS, Héctor Acosta, admitió que la investigación enfrentaba la intencionalidad de quien realizó las grabaciones, y que tenían que corroborar si las voces eran realmente de las personas a las que se señala. El único dato verificable en forma inmediata, que el jueves se abriría la licitación para un contrato de 80 millones de pesos, dijo Acosta que era falso.

El caso se encuentra en un nivel metalegal. El jurado popular sentenció: el responsable de Adquisiciones del IMSS es corrupto, y en la cadena de ilegalidades se incluye al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y a los ejecutivos de los laboratorios. El jurado político se sumó a la condena: ¿Para qué quieren las reformas en el IMSS? Que limpien primero su casa.

Uno puede entender que gente sin responsabilidad pública opine lo que le plazca. Menos comprensible es el trabajo de El Noticiario al difundir las grabaciones sin pasarlas por un proceso de verificación y corroboración, y presentarla como una denuncia de corrupción. Pero en el caso de los políticos, su protagonismo es contradictorio, insultante y contraproducente.

En el caso del PRD, que al aprovechar las grabaciones para denunciar corrupción, mostró su doble rasero político y moral. En términos jurídicos, aún si se comprobara que las voces corresponden a los ejecutivos, el caso del IMSS es más endeble que el del diputado federal Julio César Godoy Toscano, investigado por sus nexos con “La Familia Michoacana”. A diferencia de las grabaciones sobre presunta corrupción en el IMSS plantadas en Televisa, las de Godoy Toscano forman parte de la investigación en su contra.

El caso de las grabaciones recientes, como las hechas a los gobernadores —las de Godoy Toscano están fuera de este marco porque fueron autorizadas por un juez dentro de una investigación criminal—, obligan nuevamente a poner sobreÊla mesa el uso y abuso de materiales ilegalmente obtenidos con fines políticos o empresariales. Éste, es el tema de fondo porque abarca todas las facetas de la vida pública y ha probado su efectividad, al haber medios que se prestan a ello y una sociedad dispuesta a creer sin cuestionar lo que se difunde.

¿Cuál es la consecuencia? Para entenderla habría que utilizar un caso hipotético, el de un candidato poderoso a la Presidencia en 2012, que es exhibido en un medio endeble en sus controles de calidad o con agenda propia, mediante una grabación donde admite un crimen. Su voz es lo de menos. Hoy, un buen programa permite alterar y editar una grabación sin mayor problema, y colocar en boca de unaÊ persona lo que se desee. Si el tema se ventila públicamente está aniquilado, sin importar que sea falso. El golpe es a la credibilidad y el daño moral insalvable.

Si la grabación llegara a la autoridad competente y se investiga con la discrecionalidad que exige la ley, se puede determinar si en verdad cometió un crimen o se trata de una infamia para desacreditarlo. Esto es lo que buscó Karam en el IMSS, pero el procedimiento legal se minó al usar los interesados el conducto de la televisión. El proceso se trastocó, la justicia se manipuló y en la confusión, si los funcionarios señalados son inocentes, perderán credibilidad de cualquier forma y el IMSS será señalado como encubridor. Nadie gana salvo quien tiró la piedra.

Ese sería la vulnerabilidad de ese candidato de no atajarse el uso y abuso de grabaciones ilícitas, o el de cualquier figura pública en el momento que alguien quiera dañarla. Se tiene que acotar este crimen, lo que no significa eliminar las investigaciones a partir de denuncias anónimas, ni avalar la impunidad. El Gobierno debe investigar quiénes han cometido este delito y castigarlos, y el Legislativo debe encarecer el castigo a los infractores.

Se trata de un asunto de Estado y tiene que abordarse bajo esa dimensión. No son nimiedades. No puede haber fuerzas paralelas al Estado que socaven la seguridad del Estado mismo. Claro, tampoco deberían comportarse Gobierno y políticos con esa frivolidad y falta de visión de largo plazo que se vuelven tan letales como las grabaciones ilegales mismas.

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