Estrictamente personal

La violencia en Monterrey es diferente a la de Ciudad Juárez, la Comarca Lagunera, Michoacán, Tamaulipas o Guerrero. No porque la calidad de la violencia sea inferior o superior a la de otras plazas, o porque el desafío a la autoridad sea menor, sino porque la capital de Nuevo León es el  centro financiero en donde se cruzan las venas del capital de Estados Unidos y lo que suceda ahí es como si pasara en las oficinas de sus cuarteles generales corporativos.

El Gobierno estatal sostiene que los índices de violencia se han reducido en Nuevo León como resultado de la eficacia de operativos realizados por el Ejército, en quien el gobernador Rodrigo Medina ha depositado su destino. Pero Medina no comprende que ellos apenas le resolverán, en todo caso, una parte menor de su problema, y no se da cuenta que la percepción de viabilidad de México ante el mundo pasa por Monterrey, considerada la capital financiera de la nación.

La violencia en Monterrey marca un antes y un después en la forma como se le percibe en el extranjero. Monterrey y su zona metropolitana, donde hay una batalla entre cárteles por el control de la plaza y por la sobrevivencia criminal, es el estudio de caso a partir del cual las empresas multinacionales y futuros inversionistas extranjeros determinarán sus estrategias y sus decisiones de largo plazo. De su estabilidad en materia de seguridad depende si se profundiza el éxodo de los capitales y sellan el futuro mediato de México, o si ante los ojos del mundo, el gobierno de Medina y el de Felipe Calderón tiene la capacidad para darle la vuelta a la página.

La inseguridad no es todavía un impedimento para la llegada de capitales e inversiones, que siguen viendo a México como una de las economías emergentes con mayor potencial por lo amplio de su mercado y su interdependencia con la economía de Estados Unidos. Pero, como reveló un importante operador mexicano de inversiones, por primera vez los empresarios e inversionistas extranjeros tienen como primer pregunta el estado de la seguridad en este país. Es decir, ya comenzó la inquietud y los temores, reforzados negativamente por lo que ha sucedido en Monterrey en los dos últimos meses.

El sentir de vulnerabilidad e incertidumbre empresarial comenzó a finales de agosto, cuando un comando intentó el secuestro de los hijos de un ejecutivo de FEMSA, la empresa líder de bebidas en América Latina, al salir del Colegio Americano, en donde estudiaban. El fallido intento despertó un sentir de incertidumbre y desasosiego entre las clases más altas de la sociedad regiomontana, y envió un mensaje claro a las capitales del mundo, particularmente a Washington.

Como resultado de ese incidente, el gobierno del presidente Barack Obama ordenó el retiro de todos los familiares del personal consular estadounidense en Monterrey, con lo cual ubicó esa capital estatal en el mismo rango de Bagdad, Kabul o Khartoum, donde Estados Unidos está enfrentando al terrorismo. En un segundo golpe consecutivo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que México se estaba “colombianizando” y que había una insurgencia en el narcotráfico. Los mensajes estaban enviados.

Carterpillar, el gigante estadounidense en fabricación de maquinaria agrícola, decidió en forma intempestiva un ultimátum de siete días para que los familiares de todo su personal de origen estadounidense en México fuera repatriado, y dio un mes como límite a sus trabajadores no mexicanos para abandonar el país. A partir de ese momento, informaron a sus representantes mexicanos, no habría estadounidenses en su planta. La decisión de Carterpillar motivó que otra de las grandes multinacionales que operan desde Monterrey, convocara una reunión de urgencia para evaluar si continuaban con el ejemplo. Se acordó que por el momento, no lo harían.

Lo que sucedió en Monterrey trasladó el problema de la seguridad directamente al salón de decisiones estratégicas  en las oficinas corporativas estadounidenses. Un gran ejemplo de la profundidad de la preocupación en los centros de decisión empresariales en ese país la dieron tres reportajes consecutivos en la primera plana del periódico de mayor circulación en Estados Unidos, y la Biblia de los mercados, The Wall Street Journal, dedicados al clima de inseguridad y éxodo en Monterrey.

Medina afronta un problema de fondo en vísperas de cumplir su primer año al frente del gobierno, y es probable que no alcance a apreciar en toda su dimensión el túnel en el que se encuentra. Por un lado, la secuela de eventos en los dos últimos meses quebró el consenso en torno al gobernador, quien ya traía rendimientos decrecientes. Por el otro, la percepción de incapacidad para mantener márgenes aceptables de seguridad para los empresarios, ha provocado una sangría cotidiana y creciente de capital humano, pese a los llamados de Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex -cuyo ex asesor de comunicación, Javier Treviño, es el secretario de Gobierno neoleonés-, para frenar la huída de empresarios.

Una encuesta publicada por el Grupo Reforma este lunes pasado a propósito del primer año de gobierno de Medina, muestra que está relativamente bien evaluado por los ciudadanos (6.6%), pero que su aceptación entre la clase empresarial y los líderes regiomontanos es un desastre (2.6%). La pérdida de consenso de Medina entre los tomadores de decisiones llevó a que comenzaran a hacer sentir en la prensa que están estudiando la manera legal para que el gobernador sea destituido. Estas alertas públicas las tiene que considerar seriamente.

Un gobernante puede tener aprobación de los ciudadanos, pero si perdió la de las élites, que son quienes sostienen a los gobiernos, perdió el poder. Medina parece pensar, por la estructura de sus respuestas públicas, que el tema de seguridad se reduce a un diferendo entre buenos y malos, por lo que al entregarse al Ejército será cuestión de tiempo para que los buenos ganen. La receta, en términos de fuerza, puede ser la correcta, pero nadie garantiza que el paciente sobreviva el tratamiento. O peor aún, en las condiciones actuales, nadie en sano juicio puede afirmar hoy que Medina tiene la gubernatura garantizada por seis años. O por un año más.