Estrictamente personal

Para el 20 de noviembre, el Gobierno federal tiene una sorpresa. Por las calles de la Ciudad de México caminarán un señor y una niña de 12 metros de altura para conmemorar la Revolución Mexicana.

Será el último evento del año para recordar el Bicentenario y el Centenario —cinco conciertos simultáneos gratuitos en diciembre, con las artistas pop y los grupos más importantes hoy en día, fueron cancelados—, que será igualmente, para quien lo vea, inolvidable.

Son las marionetas mecánicas gigantes de la compañía teatral francesa Royal de Luxe que han fascinado al mundo desde 1979.

Pero detrás del espectáculo hay otra historia que no termina de ser narrada. Se trata de un pleito en una Corte de Nantes, Francia, la sede de la compañía fundada por Jean Luc Courcoult, por un asunto de derechos que involucra contratos por varios millones de euros.

En el banquillo de los acusados no está el Gobierno mexicano, pero es a propósito de él por lo que se están llevando a cabo las diligencias entre la empresa y sus representantes en Estados Unidos, que protagonizan la disputa legal.

El caso de Royal de Luxe es uno más de los componentes de los festejos del Bicentenario que han generado polémica dentro del Gobierno federal. Fuentes del Gobierno estiman que el monto de dinero del que no se tiene claridad de su destino asciende a 600 millones de pesos, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda encontró movimientos a cuentas en el exterior que pertenecen a familiares de organizadores de los eventos.

En el caso de la compañía teatral francesa, su encuentro con los organizadores del Bicentenario se dio el año pasado cuando socios mexicanos del representante de Royal de Luxe para Estados Unidos y América Latina propusieron al comisionado Nacional del Deporte, Bernardo de la Garza, incluir a las marionetas gigantes como parte de los espectáculos que se venían planeando para estas fechas.

Convencido de lo mucho que podrían aportar para los festejos, De la Garza llevó la iniciativa a Patricia Flores, en ese entonces jefa de la Oficina de la Presidencia, que tampoco dudó de sus bondades recreativas.

Lo que vieron en la Oficina de la Presidencia fue el montaje del Buzo y la Niña, donde el gigante con escafandra se sumerge en el Río Loire, cerca de Nantes, donde nació Julio Verne, para iniciar la búsqueda por el mundo de su sobrina perdida. Este espectáculo causó sensación cuando fue presentado originalmente en el Festival de Verano de Nantes el año pasado, y en otoño de 2009 iba a ser presentado en el Lincoln Center de Nueva York, lo que finalmente no sucedió. El problema vino después, con los procedimientos de la contratación.

El Gobierno mexicano hizo a un lado a los representantes americanos de Royal de Luxe y realizó la contratación en forma directa. Los representantes americanos se quejan de que hay una violación de derechos y que la compañía incurrió en un delito. Royal de Luxe entró en un hoyo financiero el año pasado cuando cinco espectáculos en Estados Unidos, con un costo superior de cinco millones de euros —alrededor de 100 millones de pesos— fueron cancelados por la crisis económica. La compañía se quedó con las marionetas construidas y con la necesidad de asumir las pérdidas.

Los representantes americanos, que también perdieron con la cancelación de los cinco espectáculos —de hecho, este año, antes del de la Ciudad de México, sólo han podido realizar uno en agosto en Antwerp, Bélgica—, reclaman el pago de comisiones que les debe tocar. Las insinuaciones de que las comisiones que les correspondían terminaron en otros bolsillos no han podido probarse porque los documentos de los contratos se mantienen todavía bajo resguardo del público, aunque es parte de la litis del juicio que se celebra en Nantes.


En la documentación del juicio por parte de los representantes americanos de Royal de Luxe se presume dolo en la contratación, que alegan se hizo a sabiendas del Gobierno mexicano de que existían los derechos y que, por lo tanto, no podían haber firmado el espectáculo en forma directa. Esta presunción es negada por el mismo De la Garza.

Según explicó recientemente, la contratación del Gobierno no violó nada porque su información era que nadie tenía los derechos para poder realizar el espectáculo en México. Ante las imputaciones de que él mismo conocía el contrato de derechos de Royal de Luxe, De la Garza las negó completamente. Más aún, dijo, hubo consultas al respecto con Royal de Luxe, que le informó al Gobierno mexicano que sí podía firmar contratos en forma directa.

De la Garza fue quien introdujo el espectáculo a la Oficina de la Presidencia, pero no continuó con todo el proceso. Por tanto, explicó, todo aquello que tenga que ver con el acuerdo definitivo para el espectáculos de las marionetas gigantes, incluido el tema del costo final y las comisiones, está fuera de su conocimiento.

El tema del contrato con Royal de Luxe es el más controvertido de todos los que se realizaron con motivo de las conmemoraciones de 2010, porque se está dirimiendo en una corte internacional. Su impacto directo en México sólo podrá ser calibrado en el momento en que salgan a la luz pública los documentos de la contratación para los festejos del Bicentenario y las empresas que utilizó el Gobierno mexicano para conseguir a la compañía teatral.

Hasta entonces se podrá determinar si en efecto en Los Pinos sabían que tenían que haber contratado a través de sus representantes americanos o si, como dice De la Garza, Royal de Luxe les informó de otra cosa.

En cualquier caso, siguen incrementándose las dudas y las sospechas sobre el manejo de los dineros destinados al Bicentenario que manejó la señora Flores.