Estrictamente personal

Tras la liberación de todos menos uno de los 35 funcionarios y alcaldes de Michoacán, el caso paradigmático del Gobierno de Felipe Calderón en contra de la narcopolítica, queda en fracaso. El procurador general Arturo Chávez sacó la cara manchada de la Administración y culpó a los jueces de haber dejado libres a cuando menos 32 de ellos donde había “suficiente evidencia” de sus vínculos con “La Familia Michoacana”. La burla mediática ha sido tan sonora como generalizada, mientras que en el PRD vitorean que los suyos estén afuera de las rejas y el gobernador de la Entidad, Leonel Godoy, exige seriedad al Gobierno federal.

El ensordecedor ruido esconde, sin embargo, una pequeña historia de acuerdos políticos por encima de la ley, pactos rotos, intrigas dentro del Gobierno y un choque en el gabinete de seguridad cuando se dio el golpe del llamado “Michoacanazo” que el Presidente Felipe Calderón no pudo resolver. El papel del Presidente es toral, pues sus decisiones titubeantes, falta de control dentro del gabinete y secretarios que tomaban decisiones en lugar de él, no sólo contribuyeron a magnificar la politización de la justicia sino colocaron al propio Gobierno en el ridículo.

La historia del “Michoacanazo” no comenzó el 29 de mayo de 2009, sino desde que Calderón era Presidente electo. En sus oficinas recibió al gobernador de Michoacán en ese entonces, Lázaro Cárdenas Batel, quien le pidió la ayuda que el presidente Vicente Fox, en dos ocasiones, le negó. Cárdenas Batel explicó que su Gobierno estaba rebasado por el narcotráfico, que se había apoderado de territorio y que amenazaba la viabilidad institucional. Aquello, que fue el principio de la decisión para irse a la guerra contra el narcotráfico, propició que varias instituciones profundizaran sus investigaciones sobre la narcopolítica. El Cisen produjo el primer documento en junio de 2007: la protección institucional al narcotráfico se extendía a 37 de los 112 municipios michoacanos.

Leonel Godoy, que se convirtió en gobernador de Michoacán en febrero de 2008, recibió el diagnóstico de su antecesor y posteriormente las alertas del Gobierno sobre varios de sus colaboradores involucrados, directa o indirectamente con el narcotráfico. Godoy no lo creyó, y en septiembre, en medio del conflicto de ruptura de “La Familia Michoacana” —partida para entonces en cuatro con “Los Zetas”—, se dio el atentado la noche del Grito en Morelia, donde hubo víctimas civiles al estallar las bombas sobre la plaza antes de llegar a su destino, el balcón donde el gobernador presidía la ceremonia.

Ocho meses después se dio el “Michoacanazo”. En un operativo simultáneo se arrestó a los 37 funcionarios y alcaldes de Michoacán, además de que la Policía Federal detuvo a Julio César Godoy Toscano, candidato a diputado federal. Las versiones periodísticas de su arresto nunca se confirmaron, porque se dio la primera negociación política. Aunque no le anticiparon al gobernador de la operación, le dijeron que varios de sus funcionarios estaban totalmente vinculados con el narco. Godoy habló a la Secretaría de Gobernación y comunicó que Julio César era su medio hermano y que casi no tenía relación con él. Sin embargo, acordó que si lo dejaban en libertad no levantaría la voz ni haría ningún escándalo por el resto.

La investigación sobre Godoy Toscano era muy sólida. Ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, principal puerto de entrada de los precursores de metanfetaminas, bajo control de “La Familia Michoacana” y el cártel de Sinaloa (hoy del Pacífico), tenía una relación con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, que era un mando tercero de “La Familia”. La relación entre ambos era estrecha y Godoy Toscano le decía "tío". El expediente en la PGR en su contra incluye una grabación donde “La Tuta” le dice que no se preocupe de sus adversarios, que ya hablaron con ellos para que le dejen el camino libre hacia la diputación, que finalmente obtuvo.

En Gobernación se aceptó el trato y Godoy Toscano se volvió un prófugo de la justicia. Su medio hermano ya no sintió necesidad por respetar el acuerdo. Al mediodía denunció ante la prensa “El Michoacanzo”. Pero al mismo tiempo buscó al entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien lo recibió esa tarde. El gabinete de seguridad calderonista estaba partido al haber tomado partido. El secretario de Gobernación en ese entonces, Fernando Gómez Mont lo convocó a sus oficinas, y emitió un boletín de prensa informando de quiénes habían estado.

El boletín tenía una mentira. El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, no había estado. Cuando le reclamaron desde la Presidencia porqué no había asistido a esa reunión, respondió que no podía trabajar con quienes protegían delincuentes. La crítica era directa a Medina Mora, con quien arrastraba una fuerte rivalidad dentro del gabinete. Eran los prolegómenos del conflicto en el gabinete de seguridad que nunca pudo resolver el Presidente Calderón.

La plática entre Medina Mora y Godoy en el contexto del conflicto del procurador con García Luna, dio como resultado que la integración de los expedientes del “Michoacanazo” quedara mutilada. La investigación final la había realizado la Policía Federal, y la autorización presidencial para que se procediera se dio después de ver toda la documentación, adicionalmente a testimonios de testigos protegidos, y a las grabaciones donde se escuchaba claramente a varios de los inculpados en sus tratos con miembros de “La Familia Michoacana”. Pero ni las grabaciones ni los documentos llegaron al juez, que determinó su liberación sobre la base de los casos sustentados en testigos protegidos.

Desde febrero pasado, cuando comenzaron las liberaciones, Gómez Mont dijo que no habían sido exonerados. Al lograr la libertad todos menos uno de los inculpados, el procurador Chávez dijo que en 22 de los 32 casos, incluido el de Godoy Toscano, se puede volver a ejecutar acción penal. El Gobierno federal, empero, está tocado en su credibilidad y eficiencia. Su autoridad moral está bastante maltrecha, y se va consolidando la percepción de que sus acciones están inspiradas en coyunturas político-electorales.

Si no es así, así parece. Si sus intenciones son tan prístinas como dice el discurso oficial, no se sustentan en la práctica. Al final, en la historia secreta del “Michoacanazo”, no quedan como sabor de boca los considerandos de seguridad nacional que significa la lucha contra el narcotráfico, sino los sinsabores de la manipulación de la justicia con fines políticos, y el asombro de que ni las cosas turbias las pueden hacer bien.