Estrictamente personal

La muerte entró por la puerta de Nuevo León en 2007. Un informe confidencial del CISEN alertaba que el Estado se había convertido en uno de los principales escenarios de violencia entre los cárteles del Golfo y Sinaloa que luchaban por territorios. El Gobierno federal presionó al gobernador, Natividad González Parás, para que revisara la corrupción institucional en su administración, pero ninguno hicieron mucho. Lo que vive hoy Nuevo León y su gobernador de 10 meses, Rodrigo Medina, es consecuencia de la negligencia de su antecesor, de la pasividad federal con González Parás, y de la espiral criminal derivada de una renovada lucha entre cárteles que saltaron del método quirúrgico de la violencia y comenzaron a socializarla con el propósito de desestabilizar.

Bloqueos en las calles y lanzamiento granadas contra medios de comunicación son los nuevos recursos empleados por la delincuencia, que a través del efectismo —no del enfrentamiento armado— inyectaron de pánico a los neoleoneses, que respondieron con presiones a las autoridades. En el colofón de una semana de desafíos —y búsqueda que se modifique la cacería contra los narcojefes—, renovaron el asesinato de funcionarios públicos. Esta semana, la víctima fue el alcalde panista de Santiago, a 30 kilómetros al sur de Monterrey, Edelmiro Cavazos Leal, secuestrado en su casa el lunes por un comando de 15 hombres y asesinado tres días después.

Sobre de él no había ninguna sospecha de estar vinculado al narcotráfico, y tampoco pertenecía al grupo de ediles bajo investigación por presunta vinculación a bandas criminales.

El crimen de Cavazos es una escalada más en la lucha que se libra en el campo de batalla llamado Nuevo León, por lo cual los grupos empresariales y la sociedad en general, han pedido la renuncia de Medina y se han volcado en su mala gestión como si fuera élla el detonante de la violencia. El gobernador es ingenuo, muy desconocedor del tema de la violencia y, sobretodo, ignorante de qué Estado le habían dejado.

El alto nivel de degradación institucional y los factores exógenos de los realineamientos de cárteles que hasta hace unos meses eran aliados y hoy enemigos —literalmente— a muerte, han elevado significativamente el número de muertos —que habla de la calidad de la violencia— entre 2007 y 2010, cuando subió de 107 en todo el año, a 279 en el primer semestre de 2010.

Medina asumió la gubernatura sin saber que la PGR había advertido en 2007 al entonces gobernador de Nuevo León, González Parás, de la descomposición en su estado, al haber permitido que la corrupción institucional abriera la puerta a cárteles de las drogas que iban a disputar la plaza. Nuevo León, y en particular Monterrey y los suburbios conurbados más afluentes, habían sido escogidos como páramos por las familias de los narcotraficantes, y estaban dominadas en ese momento por el Cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, su lugarteniente Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, y su pariente, Jaime Gamaliel Valdés, detenido en 2006.

El informe confidencial del CISEN, en lo que se sustentó la advertencia de la PGR a González Parás, establecía actividad criminal relevante en 12 de los 51 municipios que tiene el Estado: Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Cadereyta, Linares, Santiago, Salinas Hidalgo, Vallecillo, Cerralvo y Parás, que son cruzados por las principales rutas de transporte de droga o son áreas residenciales de las familias de narcotraficantes. La sociedad neoleonesa, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, no protestó por la llegada de personas sin pasado con recursos abundantes en líquido, y les permitió incorporarse a sus escuelas y clubes, sin importar que sus hijos departieran socialmente con los suyos. Los niveles de violencia  en 2007 aún no les quitaban el sueño.

Para 2008, la cifra de 107 muertos bajó aún más (78 en todo el año), pero no como resultado de los esfuerzos gubernamentales, sino porque hubo un realineamiento de los cárteles. Los Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa y forjaron una alianza con “Los Zetas” y el Cártel del Golfo, con quienes previamente habían estado disputando varios de los municipios en conflicto. Esa relación contuvo el número de muertos en 99 el año pasado, pero la cifra se disparó en 2010. La razón principal también es exógena: la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado llevó a su hermano Héctor de regreso al Cártel de Sinaloa, al tiempo que el Cártel del Golfo rompió con “Los Zetas”. Los jefes del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla, “El Cos”, y el hermano de Osiel Cárdenas, Ezequiel, “Tony Tormenta”, que eran los responsables en Nuevo León, comenzaron a pelear con “Los Zetas” y con los remanentes de Arturo Beltrán Leyva, que entre otros municipios, controlaba el de Santiago

Medina no tenía mucho espacio para moverse. Se entregó al Ejército para que fueran los militares quienes desarrollaran los planes. Sus defensores dicen que las estrategias puestas en práctica tardarán tiempo en mostrar resultados, mientras sus detractores presionan al gobernador de diversas maneras, inclusive exigiendo su renuncia.

Ni los grupos más poderosos ni la sociedad hicieron lo mismo con González Parás, y cuando sintieron que la violencia podía tocarlos, en 2008, le pidieron en cambio al Presidente Felipe Calderón que les autorizara permisos de portación de armas para las que habían  contratado. El ajuste de la nueva realidad, por las dinámicas de la propia delincuencia organizada, rebasó sus propias iniciativas de seguridad y se pusieron en manos del Gobierno federal.

Con la creciente violencia en las zonas urbanas de la zona metropolitana de Monterrey y el asesinato del alcalde Cavazos, los empresarios publicaron este miércoles en varios periódicos de distribución nacional un desplegado donde le piden al Presidente el envío de tropas al Estado. El propio secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño, explicó en una entrevista con “The Wall Street Journal”, que la presencia de los militares es necesaria por el alto nivel de penetración criminal en las policías locales.

Llegaron a su límite en Nuevo León y no pueden más. El costo político lo está pagando  Medina, quien aparece como incompetente e incapaz de restaurar la tranquilidad en el Estado que le heredaron podrido.
Habría que pedirle cuentas de ello a González Parás. Hacerlo no resuelve el problema actual de la violencia, pero sería una advertencia que la era de la impunidad de políticos negligentes e irresponsables, tocó a su fin.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twiiter: @rivapa