Estrictamente personal

Desde las infanterías, las que más expuestas están a todo, ha venido creciendo en los últimos días un movimiento para unirse y enfrentar la violencia del narcotráfico en contra de periodistas. Llamado “Los Queremos Vivos” y emanado en el Distrito Federal, fue detonado por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, tres de ellos de Televisa y Milenio TV, que hizo sentir a muchos en la capital federal que el peligro tocaba a la puerta. Como en todas las guerras, la capital es el último campo de batalla, y el haber afectado a medios de cobertura nacional, generó esa fina línea helada que recorre el cuerpo cuando le entra el miedo.

La violencia del narcotráfico contra periodistas es vieja, pero en el Distrito Federal nunca pasó de ser, para muchos, una anécdota de la larga batalla contra los cárteles de la droga. Inclusive, un director de medio prominente afirmaba desde hace años que los periodistas víctimas de la delincuencia organizada estaban ligados a ella. Y cuando se buscaban blindajes al trabajo cotidiano, decía que no porque los periodistas eran igual que todos. Esa postura, muy socorrida por las mentes más reaccionarias e incultas, contribuyó a la desunión del gremio.

La actual coyuntura ha derrumbado esa mezquindad y estrechez de miras, y se empieza a construir dentro del gremio el consenso que si bien el periodista tiene todos los derechos y obligaciones de un ciudadano, la definición de su trabajo obliga a extender protección a su labor. La naturaleza del periodismo es informar, explicar y aportar elementos que le permitan a un ciudadano a tomar mejor sus decisiones. Por ello se afirma que sin prensa libre no hay democracia, y que todo proceso de transición democrática pasa necesariamente por la prensa.

Hay casos documentados de abusos y, cierto, han faltado castigos gremiales y sociales contra quienes los cometen. Pero las excepciones no pueden ser regla. El silencio al que se ha llegado en los medios de la Frontera Norte por las amenazas del narcotráfico se extienden por más de un lucro, y la ciudadanía ha dejado de recibir la información sobre lo que sucede en su comunidad. El despegue de las redes sociales en los últimos meses les ha empezado a llenar los vacíos, con la salvedad que esos vehículos no disponen, por su propia naturaleza, de los mecanismos de control y verificación de información que tienen los medios.

Decenas de periodistas han muerto en los últimos años víctimas de narcotraficantes. Decenas de medios, no sólo en la Frontera Norte, sino cada vez extendiéndose más hacia el Sur, han sido silenciados por el miedo ante el hecho que las instituciones que deberían proveer seguridad no sólo a la prensa sino a la sociedad toda, son tan débiles, están tan minadas y totalmente rebasadas, que son incapaces de proveer los mínimos de seguridad necesarios. “Los Queremos Vivos” galvaniza esa frustración y miedo. Pero viniendo de las bases su alcance será corto. Tienen mucho voluntarismo, pero con todo lo encomiable que es, no basta.

El cambio, puesto que la autoridad no se fortalecerá en el corto plazo ni siempre serán periodistas de Televisa y Milenio los afectados para que responda con prontitud el Gobierno federal, no puede ser solamente de las infanterías. Es absolutamente injusto dejar en ellas la solución final porque no está finalmente ni en sus manos ni dentro de sus posibilidades. Está en los dueños, para que modifiquen sus políticas laborales y de seguridad, y en los editores, para que establezcan códigos de prácticas dentro de cada empresa y se pongan de acuerdo sobre cómo informar sobre el narcotráfico.

No es con desplegados de prensa manufacturados por las élites y llenos de enunciados como se hacen las cosas, sino con acciones a partir de la pregunta básica: ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Si no se establece ese primer criterio de definición no hay avance, y esto es importante para establecer si existe consenso entre los medios sobre de qué lado están, y quiénes ven como los buenos y a quiénes como los malos. En Colombia, los narcotraficantes, no el Gobierno, eran lo malos; en España, ETA era terrorista. En México, a veces no se sabe si el malo es el Gobierno y los cárteles de la droga los buenos.

Otro criterio debe ser la forma de cobertura. Los medios están inundados del lenguaje criminal, desde las malas palabras hasta utilizar “levantón” en lugar de secuestro y “ejecución” en lugar de muerte”, por decir las más ordinarias. La confusión semántica —ha llevado a barrabasadas, como decir que el Ejército “levantó” a un criminal. Habría que eliminarlas del lenguaje cotidiano, como también replantear qué imagen se difunde y cómo se hace—. Las de muertos tendrían que ser en tomas abiertas y lejanas, no en detalle y primeros planos, y los civiles clasificados como “daños colaterales” no deberían de mostrarse. También deberían priorizarse las imágenes de los criminales sobre la de policías y militares muertos, y de los mensajes en las narcomantas, que hoy se difunden como boletines de prensa de la delincuencia organizada en forma acrítica y sin contexto, tendrían que desaparecer, no en su registro, sino como propaganda.

Con ello habría un gran avance, pero no suficiente. Los dueños tienen la palabra. La cobertura cada vez más sofisticada que se necesita significa mayor gasto. Una parte es para capacitación y entrenamiento. Pagas extraordinarias a quienes realizan su trabajo en las zonas de violencia es otra. Seguros de vida para proteger a los suyos, es una obligación. Este gasto no se recupera monetariamente, pero ganan calidad de información. ¿Están dispuestos los dueños a trabajar en esa nueva ecuación?

Muy pocos han mostrado esa intención. En cambio, quieren protagonismo y asumir bajos costos. Modificar el status quo sería la demostración de entender que la actividad periodística tiene que madurar y que ellos, como batuta real del cambio, están listos para hacerlo. De otra manera, si las cosas siguen como hasta ahora, cuando se baje la angustia y el miedo se empiece a procesar racionalmente, nos despertaremos con que nada cambió, se seguirán transfiriendo las obligaciones y costos al Gobierno federal, y “Los Queremos Vivos” pasará a ser otra iniciativa al calor de los acontecimientos y sin impacto en el largo plazo. Las infanterías, que son las que ponen su vida en riesgo, no se merecen ese destino. Lamentablemente, mucho de ello está fuera de sus manos, salvo gritar.