Estrictamente personal

No hay duda alguna. Los políticos demuestran su talla en momentos de crisis. Por eso, tras la muerte de dos estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey el fin de semana pasado en la capital de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina mostró lo enorme que le queda el cargo. La joven promesa que a tantos sorprendió —incluido a quien esto escribe— cuando asumió el poder hace casi seis meses, se desvaneció como agua entre las manos en unos cuantos días, escondido como avestruz, desconcertado en medio de la crisis, en contradicción con sus subalternos sobre los detalles de la tragedia y sin poder articular mejor iniciativa que encabezar una manifestación contra la inseguridad pública; es decir, protestar contra él mismo.

Medina no está pudiendo con el paquete de gobernador. Está totalmente desencajado y su equipo sumido en la crisis. Está a la deriva en el tema de la seguridad, y prisionero del pasado. Heredó el problema del Gobierno de Natividad González Parás, quien dejó que le creciera el fenómeno del narcotráfico en la Entidad y, como colofón, también tuvo que nombrar en su gabinete de seguridad a quienes administraron el desastre en la administración anterior. Es decir, González Parás, no Medina, sigue gobernando en Nuevo León en la parte más crítica de la administración, a través de sus ex colaboradores, y manipulando el destino de Medina, quien aparece frágil y vulnerable.

El gobernador no es dueño de su equipo. Su procurador, Arturo Garza y Garza, con quien no se pone de acuerdo para saber quién informó incorrectamente dentro del Gobierno federal de que no había estudiantes muertos durante la operación militar del fin de semana, era el subprocurador de González Parás. El titular de esa dependencia en la anterior administración, Luis Carlos Treviño Berchelman, acaba de ser nombrado secretario de Seguridad Pública, porque la apuesta original de Medina, resultó un fiasco. Los brazos operativos de Medina en el campo de seguridad le son ajenos; le pertenecen a González Parás.

El joven mandatario está en una trampa, y tiene que someterse a las decisiones de un gabinete que formó parte del equipo que desde 2006 le abrió la puerta, por omisión o comisión, a los cárteles de la droga, construyendo un campo de batalla entre narcotraficantes del cual hoy en día se están viendo algunas de sus secuelas. Desde aquél año, altos funcionarios de la PGR le advirtieron al gobernador González Parás que no negociara con ningún cártel de las drogas, pero que si llegaba a hacerlo, lo hiciera con uno sólo, para no vender la plaza a varios y detonar la violencia. Sin embargo, lo alertaron que si lo descubrían, irían con toda la fuerza del Gobierno en su contra.

Esto era retórico, pues no iban a perseguirlo porque el Presidente Felipe Calderón le debía un favor: durante la elección presidencial, González Parás, en coordinación con la maestra Elba Esther Gordillo, operó a favor del candidato del PAN a la Presidencia. El blindaje político que quedó de manifiesto en diversas ocasiones, debe haber emitido todo tipo de señales hacia los agentes de poder en el Estado, y en particular hacia el interior de las áreas de seguridad estatales, que comenzaron a trabajar para dos diferentes cárteles: el del Golfo y el de Sinaloa.

Por eso, cuando irrumpió la lucha de cárteles en Nuevo León, fue de manera estruendosa. En 2006, al salir de un restaurante en el municipio de San Pedro —años después afamado por ser ahí donde sentaron sus reales los hermanos Beltrán Leyva, y es el que hoy gobierna el controvertido alcalde Mauricio Fernández—, fue asesinado a sangre fría el comandante de la Agencia Federal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, hermano del actual procurador, con lo que se comenzó a mostrar la descomposición sociopolítica en el Estado que vivía en paz.

Al año siguiente, en el centro de Monterrey, fue ejecutado el diputado local Mario Ríos, a quien en 2003 habían detenido en posesión de drogas. Ríos era muy cercano a Carlos González, ligado a personas sobre las cuales las autoridades tenían sospecha de pertenecer al cártel del Golfo. El hermano de González, Pablo César, era el secretario particular del gobernador. Los dos tenían vínculos estrechos con el hermano del gobernador Luis González Parás, a través de quien habían impulsado a Ríos como diputado local, y a Pablo César como senador suplente de Eloy Cantú.

Los indicios sobre cómo los cárteles de la droga se encontraban demasiado cerca del Gobierno de González Parás, abarcaban diversos frentes. Los nombres de Rogelio Cerda, quien era el número dos en su Gobierno, y de su hijo, comenzaron a aparecer en narcomensajes dejados sobre los cuerpos de ejecutados, con acusaciones de haber traicionado a los cárteles. Cerda siempre negó cualquier vinculación con la delincuencia organizada, pero la presión fue tanta que González Parás tuvo que relevarlo. Sin embargo, en la parte final de su Gobierno lo rescató, negoció que fuera candidato a diputado, y hoy goza de fuero en San Lázaro.

Durante la gestión de González Parás la zona metropolitana de Monterrey se dividió en territorios. La parte aledaña al aeropuerto, que conecta con las carreteras hacia Tamaulipas, estuvo controlada mayoritariamente por el cártel del Golfo. En las zonas más prósperas, como San Pedro Garza García y la Colonia del Valle, permitieron que convivieran las familias de los líderes de la banda criminal junto con las familias del cártel de Sinaloa, en particular de los hermanos Beltrán Leyva.

Un cuerpo político y policial infectado fue el que recibió Medina al asumir la gubernatura. Pero en lugar de comenzar el proceso de sanación, permitió que aquellos que lejos de resolver el problema lo alentaron o dejaron crecer por sus omisiones, le fueran impuestos para mantener el status quo. Medina es prisionero de su sombra y rehén de una política de seguridad que le endilgó su antecesor sin que protestara. La administración del conflicto, como se venía haciendo desde la administración anterior, entró en crisis en la semana donde la guerra de los cárteles regresó a la zona metropolitana de Monterrey. Pero en esta ocasión, González Parás no será quien pague las consecuencias políticas. Será Medina, quien al no romper el cordón umbilical con su antecesor, se está ahorcando con él.