Estrictamente personal

Estamos en el dilema de Babel. No funcionó el Ejército en Ciudad Juárez, dicen en Washington; es falso, lo que no ha funcionado es el control de la venta de armas en Estados Unidos para narcotraficantes mexicanos. Vamos a cooperar para que México derrote al narcotráfico en un plazo máximo de 10 años, insisten en Washington; mejor que se dé una responsabilidad compartida, alegan en México. Las palabras chocan constantemente, pero con la pérdida de valor en la del Presidente Felipe Calderón, la opinión pública toma partido y refugio de lo que se diga y haga en Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad posible?

Sí bien es cierto lo que dijo la canciller Patricia Espinosa que la violencia del narcotráfico es incentivada por el consumo de drogas en Estados Unidos, también lo es que mientras las rutas de distribución y comercialización hacia Estados Unidos están en disputa –como el corredor Gómez Palacio/Torreón-Ciudad Juárez--, los cárteles de las drogas seguirán matándose. También es cierto que si la violencia es muy sangrienta, es porque los cárteles disponen de armas cada vez mejores y más potentes, que en su mayoría son adquiridas en la armerías estadounidenses. Es verdad que el Gobierno de Estados Unidos grita mucho y hace poco, porque este problema no es nuevo.

En enero de 1977, el director interino de la DEA, Peter Bensinger, declaró en el Capitolio que tenía una lista de más de 700 mexicanos, políticos, empresarios, policías y artistas, que intercambiaban drogas por armas a lo largo de la frontera entre los dos países. La lista la solicitó el entonces senador Lloyd Bentsen, quien ni en ese entonces ni cuando fue secretario del Tesoro con el presidente Bill Clinton, cuando estuvo en condiciones de hacer algo, actuó para frenar el trueque maldito. No podían. Drogas por armas fue por años un recurso que empleó Washington para financiar operaciones clandestinas en el mundo.

En los ochentas se utilizaron pipas de Pemex para enviar drogas a Estados Unidos a través de Texas, y regresaban camiones con armas que entraban por Tamaulipas, seguían a Guadalajara, y de ahí eran trasladadas a Honduras, donde el entonces embajador, John D. Negroponte, hoy alarmado por lo que sucede en México, organizaba un ejército clandestino para combatir a los sandinistas. La ruta tamaulipeca se mantuvo, y años después, un policía federal que trabajó con el cártel del Golfo, declaró cuando fue arrestado que cada vez que entraban las pipas con droga, “las aduanas (estadounidenses) se abrían de par en par”.

Las autoridades estadounidenses tampoco hicieron nada para detener el flujo de armas a la guerrilla mexicana en 1993 y 1994, que de acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la época, eran compradas en San Francisco por religiosas. ¿Por qué habrían de hacerlo? Los mexicanos han resultado grandes clientes para el negocio de venta de armas. Hasta 2008, la mitad de las armerías en Estados Unidos, estaban ubicadas a lo largo de la frontera con México, y todavía a principios de esta década, había más distribuidores de armas en ese país que gasolineras.

Es cierto lo que dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al afirmar que en Estados Unidos han fallado en controlar la venta de armas, como el haber levantado desde 2004 la prohibición para la venta de fusiles de asalto, que son los que emplean los cárteles mexicanos. Para los criminales en México, aquello facilitó y abarató las cosas. En el mercado estadounidense hoy pueden adquirir diferentes modelos de AK-47, los famosos “cuernos de chivo”, desde 500 dólares a poco menos de mil, o también los AR-15, arma de uso restringido del Ejército Mexicano, por alrededor de 700 dólares. Aquella medida les permitió también comprar armas tácticas, como las Barrett –que sólo tienen los cuerpos de élite militares en México-- por unos dos mil 500 dólares, con los cuales anulan tanquetas y hacer volar vehículos con alto blindaje.

El muro al cual se enfrenta el Gobierno mexicano es que el estadounidense no puede garantizar a México un mayor control sobre la venta de armas. Peor aún, está fuera de su alcance. Por ejemplo, la semana pasada se presentaron los argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia del caso McDonald vs. Chicago, que trata de una demanda a la ciudad de Chicago por no permitir que sus habitantes puedan tener y poseer un arma, como lo prevé la Segunda Enmienda de la Constitución. El caso fue presentado en nombre de cuatro ciudadanos de Chicago y la Asociación Estatal del Rifle de Illinois, y el fallo, que podría revertir un precedente que data del Siglo XIX, se espera para este verano.

El caso comenzó cuando Otis McDonald, un veterano de guerra de 76 años, que vive en una de las zonas de mayor criminalidad en Chicago, demandó a la ciudad por violar su derecho constitucional a usar armas para protegerse, proteger a su esposa y a su país. Para su infortunio, Chicago y su suburbio Oak Park, son las únicas ciudades en Estados Unidos donde existe esa prohibición, y según un sondeo que hizo el respetado Rasmussen Report la semana pasada, 69% de los estadounidenses sostiene que los gobiernos locales no pueden prevenir a sus ciudadanos de poseer armas.

Si el Gobierno de Estados Unidos está incapacitado para controlar la venta de armas, si carece de apoyo en el Congreso y no tiene respaldo ciudadano, por lo que el grado de la violencia que está directamente asociado con las armas que venden en ese país a los narcotraficantes, no va a tener un punto final, ¿de qué habla Washington realmente? Si también cierra los ojos cuando 12 estados legalizan la mariguana, y contiene pero no ataca el narcomenudeo para evitar que estalle la violencia en sus calles, ¿qué busca realmente? Estados Unidos lo tiene muy claro: administra el fenómeno, no lo resuelve. El Presidente Calderón, actúa al revés, y aunque le asiste la razón platónica, podría empezar a reconsiderar esa ruta de acción si lo que pretende ahora, claro, es que disminuya la violencia urbana.

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