Estrictamente personal

A muy pocos convencen las explicaciones públicas del secretario de Gobernación y del líder nacional del PAN, que han escogido destruirse mutuamente para salvar al Presidente, al insistir que sobre el pacto con tres priistas para intercambiar votos a favor del IVA por la cancelación de alianzas electorales, Felipe Calderón no estaba enterado. Nueva información sobre esas negociaciones revelan que Calderón sí sabía que los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont y en ese entonces Agustín Carstens de Hacienda, se lo consultaron, y que la razón por la cual accedió a un acuerdo que le incomodaba, fue por lo “barato” en que se ofrecían los priistas.

La iniciativa del pacto, de acuerdo con priistas que conocen los dos lados de esa negociación, partió de la dirigente nacional, Beatriz Paredes, y de los gobernadores del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, quienes además de tener bancadas importantes en el Congreso, tenían la capacidad, por haber inyectado dinero a varias campañas de legisladores, de presionar diputados de otros estados para que apoyaran sus intereses. La primera ventanilla fue la de Carstens, quien al hablar con sus representantes sobre la necesidad de sacar adelante el incremento al IVA, sugirió que se podía ayudar a los gobernadores con recursos presupuestales adicionales para el cierre de su año.

El tema económico no era suficiente. Peña Nieto y Paredes, por un lado, y Ruiz por el otro, hablaron con Gómez Mont para sugerir una negociación integral sobre el presupuesto de Egresos. El secretario de Gobernación, según estos dirigentes priistas, se lo comunicó a Calderón, quien respondió con un “negocien” en general. El proceso arrancó en octubre sobre la discusión de los “cómos” de esa negociación, y fue cuando Gómez Mont se enteró lo que querían: un trueque de votos por la negativa a las alianzas electorales.

Calderón, según esta información, no estaba de acuerdo. “No me gusta eso”, dijo a Gómez Mont, según lo que ha trascendido. El secretario de Gobernación le respondió: “Nos sale barato, pues pensamos que iban a querer otra cosa”. Calderón insistía en que “no iba a estar negociando esas cosas”, pero Gómez Mont, quien está en contra de las alianzas, respondía el poco costo político que eso significaba.

La negociación política seguía un curso incierto cuando los priistas acudieron a una cita con Carstens, Paredes y Luis Miranda, secretario de Gobierno del Estado de México, en representación de Peña Nieto. La reunión no fue tersa, según recuerdan priistas, y en un momento amenazaron: “O es eso —el trueque—, o no habrá negociación”. Amagaron con retirarse de la oficina, por lo que el secretario de Hacienda habló por el teléfono rojo de la red presidencial con Calderón.

Carstens le expuso todo el drama que vivía en ese momento, por lo que Calderón, sin estar todavía convencido, aceptó que se siguiera con la negociación. Las reuniones se trasladaron a Bucareli, donde Peña Nieto pidió un convenio por escrito. Se le ofreció lo mismo a Ruiz, pero el gobernador de Oaxaca dijo que él “confiaba en la palabra” de los políticos. Con los acuerdos suscritos, los diputados votaron en octubre a favor de la Ley de Egresos. Paredes utilizó al coordinador de la bancada priista, Francisco Rojas, para impulsar la iniciativa en el Senado, manipulándolo para enfrentarse a su par en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Rojas, a quien Paredes y sus cercanos le alimentaban la percepción de que lo ignoraban los senadores y siempre lo hacían de lado, se montó en el pleito contra los priistas en el Senado sin saber, hasta muy recientemente, que Paredes le había tomado el pelo. Públicamente, los senadores priistas dijeron que rechazarían la minuta en los términos como llegaba, lo que generó una crisis con los gobernadores, quienes habían sido persuadidos por Paredes, Peña Nieto y Ruiz, de que al respaldarla tendrían, había ofrecido Carstens, dinero para pagar aguinaldos.

La presión de los gobernadores sobre el Senado llevó a Beltrones a una negociación interna. No al IVA, aceptarían un incremento de 1% a impuestos en general, y no tendría el respaldo de toda la bancada, sino de únicamente el suficiente número de priistas necesarios para que se aprobara, con lo cual demostrarían el rechazo de la bancada al aumento de impuestos. Paredes, Peña Nieto y Ruiz sabían que ese no era el acuerdo. Inclusive, en el convenio firmado por la dirigente y Miranda, en representación de Peña Nieto, con el líder del PAN, César Nava, el compromiso es que los senadores votarían a favor de la Ley de Egresos, en los términos como llegaba a la Cámara alta.

Al no suceder eso en noviembre, porque 33 senadores priistas se salieron del pleno en el momento del voto Nava, quien ya denunció el hecho, dio por concluido el acuerdo. Gómez Mont afirmó que nunca le informó que el acuerdo se había roto, lo que quedó claro cuando Nava comenzó a negociar la alianza en Oaxaca. Según información de altas fuentes panistas, Gómez Mont habló con el Presidente para que se mantuvieran los acuerdos en enero, y Calderón instruyó a Nava que propusiera al Comité Ejecutivo Nacional opciones alternas a las alianzas, inclusive candidaturas débiles o testimoniales.

Nava nunca lo hizo, y al ir avanzando la alianza en Oaxaca, el Presidente reclamó al secretario de Gobernación por qué “no había operado” bien con los panistas. Gómez Mont se defendió, y enfrente del mismo Nava utilizó palabras altisonantes ante Calderón para subrayar que el embrollo final dentro del PAN y el Gobierno, era responsabilidad de su dirigente. La crisis no quedó sólo en el PAN. Dentro del PRI, un buen número de gobernadores se sienten engañados por Peña Nieto y Ruiz, y traicionados por Paredes. El dinero llegó a cuenta gotas, y Hacienda les ha venido retrasando las participaciones federales. Los reclamos contra Paredes son de molestia creciente, y su admisión que los “engañaron”, no es suficiente.

Esta historia de mentiras, trampas y simulaciones, no ha terminado. Sigue en curso con actores centrales que faltan por dar su versión, al final de lo cual se podrá hacer el verdadero recuento de daños y entender la magnitud de las consecuencias de un acto que, visto bajo la óptica de la ética política, es absolutamente indigno.

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