Estrictamente personal

La lengua locuaz, florida y provocadora del presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, es la de un político irresponsable, mentiroso y charlatán. Su bravata de “limpiar” de criminales su municipio va rumbo al fracaso, a menos que contrate una guardia pretoriana privada para esos fines, violando todas las leyes. La derrota anticipada no es culpa de él. Muchos más municipios que San Pedro Garza García, con muchos menos recursos y atención, están a merced de los criminales. El Estado Mexicano está derrotado por su propia ineficiencia frente a los delincuentes, pues lo que asoma en la crisis de seguridad pública nacional es la bancarrota moral, operativa y económica de las policías mexicanas.

Son 30 años, de acuerdo con los estudios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los que resumen el rezago de las policías municipales en México y sintetizan el alegato del secretario Genaro García Luna para que se cree una policía nacional. García Luna ha encontrado fuerte oposición en los estados y los municipios. Cuando hace unos dos años propuso que fuera su dependencia quien designara un secretario de Seguridad Pública local porque los alcaldes no podrían solos contra los criminales y necesitaban ayuda federal, decenas de presidentes municipales se negaron. Sin mayor discusión, ese intento parecía más, que otra cosa, crear la policía nacional de facto y por la puerta de atrás. No avanzó nada.

La idea que prevaleció en el Gobierno ante el rechazo, fue que había alcaldes involucrados con la delincuencia, lo cual también puede ser una visión corta. Muchos municipios que no aceptaron el ojo de las policías federales le pidieron al secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que nombrara a un militar en ese cargo. Es decir, lo que mostraron no fue temor a los ojos externos, sino desconfianza hacia la Policía Federal. Lo que existe hoy es un círculo vicioso permeado por desconfianzas recíprocas, que debilitan al Estado y fortalece a los delincuentes.

El alegato del rezago se sustenta en las transformaciones sociales y culturales que se dieron en el país, que mientras la delincuencia organizada se adecuó a ellas, el esquema de las policías municipales se mantuvo sin modificación. La sociedad mexicana ha evolucionado a un ritmo superior a la capacidad de sus gobernantes, incapaces de formular políticas que estimulen crecimiento y empleo o desarrollar un sistema educativo que eleve los niveles del país, y sin talento y creatividad para construir una nación con orgullo de pertenencia. Ha contribuido, en cambio, al encono, al odio y la polarización. Las élites gobernantes no están al margen: No hay acuerdos políticos sino estancamiento; los capitanes de la industria cuidan sus márgenes de ganancia sin importar sobre quiénes avanzan las utilidades. La delincuencia, más estratégica, se ha aprovechado de la torpeza de todo el aparato conductor del Estado.

En el caso de las policías municipales, ha sido un día de campo para los jefes criminales. La inseguridad es el fenómeno más lacerante en la sociedad. De los delitos, 92% son del fuero común --78.8% de ese total son robos, 0.5% secuestros, el resto delitos como homicidios, extorsiones o delitos sexuales--, cuya responsabilidad recae en las policías locales. Pero poco más de 400 municipios de los dos mil 500 en el país, carecen de un cuerpo de seguridad propio. O sea, no tienen policía; se las prestan. Esto sucede en más de la mitad del país, pues sólo 12 de los 31 estados tienen una cobertura policial en cada municipio. De las policías que sí existen, 88.5% tienen menos de 100 elementos cada una. Si la policía tiene que trabajar 24 horas al día y se dividen en tres turnos, esto significa que en operación activa se encuentran un promedio de 33 policías por turno, el número de miembros que puede tener una pandilla de segundo nivel que se dedique al robo y al secuestro exprés.

La delincuencia es más fuerte que las policías y, además, mejor armada. Pueden matarlos sin problema, pero los policías no pueden tener la mano suelta porque pagan con su libertad los excesos. No está mal, pero sólo demuestra la asimetría de lucha. Por ejemplo, a policías locales y federales les cuentan las balas que utilizaron en un enfrentamiento y tienen que dar cuenta exacta de cómo y porqué las emplearon. Si ponen en la línea su vida y los jefes criminales les ofrecen más dinero de lo que ganan, ¿no es mejor, bajo cualquier supuesto, trabajar para el lado del mal? De los policías municipales, 70% no llegó a la preparatoria y más de 50% superan los 35 años –por encima de la medida nacional--. ¿Quién los va a emplear en el mercado laboral? Tres de cada cinco policías municipales reciben menos de cuatro mil pesos mensuales. ¿Cómo pueden vivir?

Las deficiencias estructurales proveen los mejores incentivos para que trabajen para criminales. Si en el lado del bien no ha habido transformaciones en las tres últimas décadas, el lado del mal si ha tenido capacidad para evolucionar, como la sociedad. El fenómeno más grave es que la delincuencia organizada ha incorporado a su estructura a delincuentes del fuero común, creando dos externalidades: extienden sus brazos operativos –los atentados contra jefes policiales han sido ejecutado por ese tipo de delincuentes--, y transfieren capacidad de fuego y respaldo a gavilleros que previamente tenían que vérselas solos con la autoridad. Para la delincuencia organizada, este enjambre les permite también insertarse en el lumpen de los cinturones de miseria de las ciudades, para reclutar sicarios, como lo han hecho sicarios en Ciudad Victoria, el cártel de Sinaloa en Los Mochis, y los hermanos Beltrán Leyva y otros en Tepito.

La frustración de gobernantes como Fernández no se resuelve con sus amenazas de escuadrones de muerte o con gritos y majaderías. Es un problema estructural que tiene discapacitado al Estado Mexicano. Pero la sociedad va corriendo sin esperarlo. Los criminales, también. Ya lo estamos viendo.

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