Estado de derecho, indispensable en lucha contra crimen: ministro

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2014).- Al presentar el informe anual de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presidente de este órgano, aseguró que ante los eventos recientes la garantía del Estado de derecho es indispensable para enfrentar a la delincuencia organizada y la corrupción.

"Pocas veces en la historia de nuestro país la prevalencia del Estado de derecho se hace indispensable para enfrentar los retos que la delincuencia y la corrupción generan en toda la vida nacional", expresó a sus compañeros ministros.

Aguilar Morales dijo que corresponde a los juzgadores federales, a los miembros de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los magistrados, garantizar el respeto a los derechos humanos y de hacer cumplir la ley para contribuir a un ambiente de paz en México.

Y agregó que los juzgadores tienen un papel clave para erradicar la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción.

"A los juzgadores federales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito, a los Juzgadores de Distrito, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal nos corresponde la gran responsabilidad de hacer valer la preeminencia de los derechos humanos, de exigir y cumplir con la ley sin distención ni temor, para lograr la convivencia armónica y pacífica que merecemos y exigimos todos los mexicanos, desterrando la arbitrariedad, el abuso del poder, el delito y la corrupción", dijo.

El ministro Aguilar, uno de los seis aspirantes registrados para presidir la SCJN, resaltó los valores heredados por el ministro Sergio Valls. A este pésame se sumó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la primera sala.

Entre los datos que Aguilar Morales presentó destacan que la segunda sala tuvo un ingreso de cuatro mil 135 asuntos, de los cuales se resolvieron dos mil 693 en 40 sesiones públicas. La carga de trabajo se traduce en que cada mes cada ministro revisó al menos 50 casos.