Estado corrupto, aunque duela

Una frase pronunciada por Pablo Gómez Álvarez se clavó en los alerones añosos del Senado de la República tanto como los ecos de los más de 500 tractocamiones que tomaron ayer las calles de la Ciudad de México. “No se puede combatir un fenómeno delincuencial con un Estado corrupto”, el senador perredista afirmó.

Hacía unos minutos, en aquella otra Cámara, la de Diputados, el sitio de una fracción de los traileros había comenzado, como hubo comenzado también la sesión. Diputados panistas y priistas —en el arranque de la asamblea— aprobaban con celeridad una reforma que quita al Ejército las responsabilidades sobre el cuidado y transportación de productos químicos susceptibles de ser utilizados para construir armas químicas. Y se las daban al Cisen.

Martes 24. Febrero de 2009. Era además el Día de la Bandera Nacional. En Xicoténcatl, sede del Senado, el presunto atentado contra el gobernador de Chihuahua había sido objeto de la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que han exhortado a la PGR a redoblar las ganas por investigar. En San Lázaro, sede de los diputados federales, el fast track retumbó al unísono con otra frase dedicada a panistas y priistas: “Es tiempo de que se acaben las canalladas en nuestro país, como son los negocios de los amigos de Calderón”.

Xicoténcatl. Pablo Gómez continuó: “Lo que hay que hacer es reformar al Estado, independizar al ministerio público, crear una policía de investigación, tener una Policía formada en la carrera policial”.

Hacía un instante, Pablo había restregado a los panistas que lo criticaron cuando, hace dos años, dijo que la militarización de Chihuahua no iba a ser la solución: “Lo que dije se cumplió. Pero no pensé que fuera a acrecentarse tanto (el fenómeno)”.
Hacía medio minuto también había dicho que “el mayor problema es la crisis del Estado corrupto mexicano, que no tiene policía ni fiscalía, y en donde predomina la corrupción desde el primero hasta el último gendarme; desde el más modesto ministerio público hasta el procurador”.

Es un Estado corrupto, había insistido, desde hace muchos años, “obra del PRI; ahora el PAN no lo desmontó, no lo combatió, y lo empeoró”. Y apostilló: “El primer acto más importante de gobierno del señor Fox vean cuál fue: dejar en libertad al ‘Chapo’ Guzmán”.

Entonces, este legislador de mente brillante y aguda jaló de la estrategia legislativa de Felipe Calderón, y lo encueró: “¿Por qué el Ejecutivo nos envía al Congreso por retazos la reforma (judicial)? Yo les digo, sin duda, sin miedo a equivocarme, que son pedazos de un rompecabezas llamado ‘Estado de Policía”. Un Estado cuya definición —decía el mismo Gómez— no es más que “el Estado que está en guerra, que no respeta los derechos humanos ni las libertades, que hace leyes no sólo permisivas, sino leyes que a la luz de los derechos humanos violan garantías fundamentales, derechos fundamentales”.

Otro elemento del Estado corrupto, insistía, “es que el Congreso apoyará todo lo que hagan las fuerzas federales y locales”. Y preguntaba: “¿O es que ustedes apoyarán que la Policía y el Ejército maten en retenes a familias, se metan a las casas de cualquiera como lo hicieron en Atenco?”

Entonces selló, diciendo: “Hagamos una reforma del Estado partiendo del hecho comprobable de que el Estado mexicano es corrupto, aunque le duela a quien le duela. Los hechos de la realidad suelen ser dolorosos, pero es peor tratar de ignorarlos”.

En San Lázaro, esos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) demostraban que sí están camiones… Ocuparon en minutos avenida Congreso de la Unión, desquiciando en instantes todo ese sector de la ciudad. El Zócalo había sido ocupado ya. Con un altoparlante, una voz anunciaba movilizaciones similares por todo el país.

En el recinto grande, la asamblea plenaria acababa de comenzar. Con César Duarte en punta, el PRI y el PAN impelían a la asamblea a aprobar la ley secundaria aquella que había quedado pendiente desde el jueves: La Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Valentina Batres, diputada perredista, pedía a César Duarte que regresase a comisiones los dos dictámenes, en atención a una solicitud que, hacía unos minutos, habían aprobado unánimemente los 30 diputados que integran la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio detallado.

Duarte fingió demencia y se negó. Replicó que no había recibido solicitud alguna por escrito de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, como tampoco la Comisión que había dictaminado las dos reformas, refiriéndose a la Comisión de Gobernación.

Terció Cuauhtémoc Sandoval: “Acaba de terminar la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y por unanimidad acordamos solicitar que esta iniciativa, esta minuta, se traslade a la Junta de Coordinación Política, a fin de que ahí se procese un conjunto de modificaciones necesarias a esta minuta”.

Entonces Sandoval denunció: “En la Comisión de Defensa Nacional no fuimos consultados sobre esta iniciativa, cuestión que es altamente reprobable toda vez que se refiere a facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El presidente César Duarte se sostuvo en el macho: “La Comisión dictaminadora es la de Gobernación y no hemos recibido ninguna notificación de esta Comisión”. Y se votó. 258 diputados priistas y panistas decidieron que el Cisen vigile, transporte y autorice todo lo relacionado a aquellos productos químicos susceptibles de ser convertidos en armas químicas.

¿Por qué tanta necedad en que sea el Cisen?”, preguntó Valentina. Y nadie le respondió, como tampoco le respondieron cuando dijo que “es tiempo de que se acaben las canalladas en nuestro país, como son los negocios de los amigos de Calderón”. Hacía un minuto había hecho mención de un nombre: el de Mao Cervantes, “un rufián buscado por la Interpol, que trabajó al lado de Joaquín Arenal en Aduanas —cuando pasaba anfetaminas por allí Zhenli Ye Gon—, y ahora, con él, en el Cisen”.