Esperan informe para decidir cierre de secretarías

CIUDAD DE MÉXICO.- La reestructuración de la administración pública, que supone el cierre de algunas secretarías, despertó la expectativa de los grupos parlamentarios, que esperan durante la próxima semana recibir información precisa sobre estos planes de la Presidencia de la República para analizar las posibles consecuencias de esa medida excepcional del Ejecutivo.

El PRI dijo que hay oportunidad de suprimir gastos que se duplican; el PAN, pese a ser el partido en el gobierno, dijo que “no vamos a dar un cheque en blanco”, aunque colaborarán en el empeño por destinar mayores recursos al gasto social. El PRD indicó que revisará con cuidado las propuestas presidenciales, a fin de que sus acciones no afecten la operación de la administración pública.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín ( PRI) se pronunció por la revisión, secretaría por secretaría, de la estructura del gobierno federal, a fin de modificar la ingeniería de la administración pública conforme a los criterios de gestión sin duplicidad de funciones.

Es importante reducir el tamaño del gobierno federal, consideró el priista Ramírez Marín sin entrar en detalles, toda vez que, dijo, se debe presentar primero cualquier propuesta del Ejecutivo, si se trata de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Nacional, por conducto de su diputada, Gabriela Cuevas, adelantó que reestructurar el gobierno federal constituye un esfuerzo enorme que se justifica, porque tendrá el propósito de que el gasto público se ejerza con eficiencia.

La ex delegada de la Miguel Hidalgo dijo, sin embargo, que las propuestas del Ejecutivo serán revisadas a fondo por su bancada.

La también panista María Antonieta Reyes Reyes llamó a que el gobierno adopte medidas de austeridad, pero que también se ocupen en ganar niveles de productividad, de modo que reduzca sus costos y cumpla con sus funciones básicas.

Armando Ríos Piter (PRD) advirtió que eventuales fusiones de secretarías lleva el riesgo de que se deteriore la función gubernamental.

Mario Di Constanzo, del PT, dijo que los ajustes en dependencias son una salida falsa, ya que ese plan redundará en una economía máxima de 11 mil millones de pesos, lo que representa una oportunidad menor, si se compara con la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores que cuestan 20 mil millones de pesos anuales.

Especialistas opinan

El desaparecer a la Secretaría de la Función Pública ( SFP) no representará un ahorro importante para el gobierno federal, pero sí una oportunidad para reestructurar las instituciones de rendición de cuentas del Estado mexicano, coincidieron especialistas.

Señalaron que la SFP, que dirige el panista Salvador Vega, es una dependencia que ha demostrado su fracaso, por ello plantearon que muchas de sus funciones pudieran ser retomadas por la Auditoria Superior de la Federación ( ASF), órgano que pertenece a la Cámara de Diputados.

Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, indicó que la propuesta de desaparecer la SFP es correcta, en el sentido de que es necesario reforzar las actividades contra la corrupción.

El también investigador de la UNAM John Ackerman aseguró que la crisis económica no puede ser un “pretexto” para detener el combate a la corrupción y coincidió en que hay que transformar la estructura institucional para la rendición de cuentas de manera integral.

“Esto tendrían que ver con una revaloración de la ASF, del mismo IFAI --Instituto Federal de Acceso a la Información Pública-- e incluso redoblar los esfuerzos en materia de combate a la corrupción lo que implicaría mayores recursos económicos”, dijo.

El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ( CIESAS), Alberto Aziz Nacif planteó que es necesario llevar a cabo una evaluación sobre sus rendimientos y facultades, para poder hacer una valoración sobre su desaparición.

Indicó que el desaparecer la SFP, la Secretaría de Turismo y la Reforma Agraria no significaría un ahorro para el gobierno federal pues esto apenas representa 11 mil 374 millones de pesos.