Especulaciones invaden el caso Royale

MONTERREY, NUEVO LEÓN (25/SEP/2011).- A un mes del incendio en el Casino Royale, que mató a 52 personas, hay más cabos sueltos que certezas. En el aspecto de la justicia, sólo han sido retenidos nueve personas de las 23 que presuntamente habrían participado en el siniestro, cuyo móvil fue la extorsión.

De estos detenidos, uno era policía estatal y otro más ex funcionario del Ayuntamiento de Monterrey. A ninguno de ellos se les ha dictado condena.

El otro tema, que fue el que abarcó el caso, es el de la corrupción en los casinos. A pocos días de la tragedia, un diario de circulación nacional dio a conocer unos videos en los que se observaba Jonás Larrazabal, hermano de Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey, cobrando dinero en casas de apuestas. El hermano del edil está arraigado.

Al poco tiempo, el mismo medio mostró al secretario de Desarrollo Humano de la administración regia, Miguel Ángel García, en una situación que aumentó las especulaciones sobre actos de extorsión. Esto le costó ser retirado durante un mes de su cargo.

Al que no pudieron retirar fue al alcalde Fernando Larrazabal. Por más que el Partido Acción Nacional (PAN) lo invitó a que pidiera licencia al cargo para dejar paso libre a las investigaciones, lo que fue tomado por algunos analistas como mera estrategia para “amortiguar” el impacto, el edil se negó a dejar la alcaldía, por lo que el partido blanquiazul busca la manera de castigarlo por desacato.

Como ingrediente extra al caso, van dos manifestaciones en las que parte de la ciudadanía pide las renuncias de Fernando Larrazabal, y la del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Proponen analizar casinos con la Segob

A fin de evitar especulaciones en torno a la operación y establecimientos de casinos, el Gobierno de Nuevo León propone la implementación de una mesa conjunta con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Esto luego de la denuncia presentada por la Segob ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción en la expedición de permisos a casas de apuestas en México y en la que se incluye la otorgada al Casino Royale. Un grupo legislativo del PRI también hizo una denuncia, que reveló que el ex director de Juegos y Sorteos, Roberto Correa, extendió 41 permisos de operación a casinos y 24 horas después dejó el cargo.

Ante esta situación, el secretario General de Gobierno, Javier Treviño Cantú, dijo que es necesario mantener una coordinación entre ambos niveles de Gobierno en esta materia, a fin de transparentar la información que surja al respecto.

Asimismo, Treviño aseguró que el director de Protección Civil del estado, Jorge Camacho Rincón, se mantiene en el puesto hasta que la PGR deslinde responsabilidades en la entrega de los peritajes finales de Casino Royale.

Esto luego de que legisladores del PAN aseguran que la falta de aspersores de aire motivaron que 45 de las 52 víctimas mortales del atentado a Casino Royale murieran por intoxicación por monóxido de carbono.

NUMERALIA
Inician comparecencias

24 de las 27 empresas que operan con casas de juego en el país, fueron llamadas a comparecer por la Secretaría de Gobernación (Segob); tres ya lo hicieron.

59 órdenes de inspección se han girado para igual número de negocios desde el incendio; 24 ya se concretaron y seis fueron clausurados.

24 horas tardará la Subsecretaría de Gobierno de la Segob en cerrar los negocios que no estén bajo regla.

Piden suspensión por tres años
Pendiente, caso Larrazabal: Molinar Horcasitas

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Acción de Gobierno del PAN, Juan Molinar Horcasitas, aclaró que el caso del alcalde por Monterrey, Fernando Larrazabal, sigue pendiente.

El panista se vio envuelto en un escándalo luego de la tragedia en el Casino Royale, donde murieron 52 personas. Su hermano, Jonás Larrazabal, fue exhibido en videos relacionándolo con supuesta extorsión contra dueños de estos establecimientos.

“Larrazabal ya fue notificado en el procedimiento de su sanción, para suspenderle sus derechos. Corresponde ahora a él si acude a la Comisión de Disciplina de su Comité o puede acudir a la Comisión Nacional porque es consejero nacional. No nos corresponde a nosotros (como Comité Ejecutivo Nacional) dar la orden de qué es lo más conveniente. En muy breve plazo deberá decirnos Larrazabal cuál de los dos organismos es el mejor para ver su caso”.

El panista precisó que el partido pidió la suspensión de sus derechos por tres años.

“La decisión de cuál de las dos comisiones atienda su caso le corresponde al propio Larrazabal. Cualquiera de las dos puede conocer de ello”.