“Escuelas del crimen”

Sería porque en la inauguración de la obra de modernización de la carretera Tuxcueca-Mazamitla se suscitó un percance en el que estuvieron involucrados algunos periodistas, o simplemente porque no se le prestó la atención debida, pero el 30 de noviembre de 2009 —hace apenas cinco meses y medio—, el gobernador Emilio González Márquez pronunció un discurso que bien vale la pena recordar, a la luz de los acontecimientos de hace una semana en Puente Grande.

El mandatario habló en la presentación del informe anual del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y entre los temas que tocó se refirió a la rehabilitación y la readaptación social de los internos de los penales, y llamó a trabajar desde el Estado y la sociedad para contar con “un modelo de readaptación que evite que nuestros centros de reclusión sean escuelas del crimen”. Hay un obstáculo casi infranqueable hasta ahora para alcanzar tal meta: la sobrepoblación penitenciaria.

Para atenuar este problema se trabajaba ya en el nuevo reclusorio metropolitano y en los de Ocotlán y Colotlán, que deberían entrar en operación este mismo año “para poder disminuir un poco el hacinamiento que se tiene en nuestros centros de reclusión”, dijo entonces González Márquez, quien aprovechó para calificar como “muy intensa y muy adecuada” la labor desarrollada por el secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, y el director de Prevención y Readaptación Social, José González.

En aquellas fechas, el diputado panista Carlos Rodríguez Burgara (quien ya había perdido la elección por la alcaldía de Tonalá), orientado por quién sabe qué asesores y como presidente de la Comisión Legislativa respectiva, seguía alentando la propuesta de crear una Subsecretaría especializada en “Ejecución de Penas” que quedaría adscrita a la Secretaría General de Gobierno.

González Márquez mandó una señal muy clara en su mensaje: “Yo considero que todo el proceso de readaptación debe seguir de la mano de todo el ciclo que empieza en la prevención comunitaria y en la prevención policíaca, y que por lo tanto la readaptación social debe seguir vinculada y bajo la supervisión directa del secretario de Seguridad. Ésta es mi posición, entiendo que ahora este tema será debatido en el Congreso del Estado”.

El proyecto quedó en la “congeladora” del Congreso del Estado. La operación de la Secretaría de Seguridad Pública en Puente Grande, que desnudó el autogobierno ejercido por algunos internos con privilegios, que manejaban armas, drogas y equipos de comunicación, con capacidad para detonar en cualquier momento un motín, deja en claro que no hay que andar descubriendo el hilo negro, sino actuar con apego a le ley, sin margen de tolerancia y poniendo diques a la corrupción. Porque, si no, cada día habrá más egresados de esas “escuelas del crimen”.