Envían recomendación al DF sobre aborto

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Secretaría de Salud capitalina por negligencia médica y deficiencias en relación con ocho casos de interrupción del embarazo, que derivaron en el fallecimiento de una joven.

En ocho quejas acumuladas se acreditó la violación al derecho humano a la vida, a la salud, a la salud sexual y reproductiva, por negligencia y deficiencias en la disponibilidad de personal, en la atención médica y en la información proporcionada a las pacientes.

También violación al derecho humano a la intimidad, por la publicación de datos personales de la víctima y su familia en la página de Internet de la dependencia local, destacó el organismo en un comunicado.

Detalló que tras recibir quejas de seis peticionarias inició dos quejas de oficio, una por la muerte de una joven de 15 años en el Hospital General de Balbuena, debido a una hemorragia que se complicó cuando el doctor le practicaba la interrupción legal del embarazo.

Por lo anterior, la comisión recomendó a la Secretaría de Salud del Distrito Federal reparar el daño material y moral ocasionados a los familiares de la joven fallecida, así como por la violación al derecho a la confidencialidad de sus datos personales.

Sugirió también garantizar personal médico suficiente para atender la demanda de las mujeres que soliciten esta práctica que permita cubrir las ausencias, sin tener que interrumpir el servicio.

La CDHDF demandó también capacitar a todo el personal de esa secretaría que tenga como responsabilidad proporcionar consejería, información respecto de los lineamientos y la normatividad emitida sobre la interrupción legal del embarazo.

De igual manera exigió garantizar por todos los medios la atención temprana, evitando dilaciones y requisitos no esenciales que retrasen dicha práctica, así como elaborar un paquete informativo sobre este y otros servicios que ofrece la Secretaría de Salud.

Asimismo, elaborar e instrumentar un sistema de evaluación que permita supervisar los procedimientos y conocer la opinión de las usuarias en torno al trato y atención.

Subrayó que no basta con eliminar la penalización, pues la obligación del Estado con quienes deciden interrumpir el embarazo implica garantizar que cuenten con toda la información necesaria para decidir lo que más les convenga y que la atención sea de calidad.