Entregas-recepciones desastrosas

Luego de las numerosas ilegalidades encontradas por las nuevas administraciones municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿interpondrán denuncias penales? Y, de ser así, ¿sabremos de ex funcionarios que deban rendir cuentas ante un Ministerio Público? ¿Algún caso, alguno, llegará ante un juzgado de lo penal? En resumidas cuentas: ¿Habrá justicia y se resarcirán daños?

Ante el cúmulo de irregularidades hasta ahora encontradas y verbalmente denunciadas, ¿qué harán los diputados de la legislatura que está a dos semanas de entrar en funciones? ¿Aprobarán más tarde las cuentas públicas anuales plagadas de posibles corruptelas? ¿Las negociarán en lo oscurito como suelen acostumbrar las fracciones parlamentarias? ¿Persistirá ante los ojos ciudadanos la opacidad en el manejo de los recursos públicos? ¿Continuarán sin cuentas claras, como cada trienio, los procesos de entrega y recepción de las administraciones municipales?

Además de los casos donde sea aplicable el Código Penal del Estado, ¿se aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco? ¿Por lo menos habrá responsabilidades administrativas? ¿Y las responsabilidades políticas y civiles?

Son muchas las preguntas que surgen conforme se sabe el estado en que se encontraban los ayuntamientos. Por ejemplo, ¿qué hicieron las contralorías municipales que supuestamente auditaban los recursos? ¿Son dependencias inútiles? ¿Hay que reforzarlas?

Es larga la lista de perjuicios a lo que cada ciudadano aporta con sus impuestos a los gobiernos municipales: millonarios donativos cuyo destino se ignora y que fueron ingresados a un DIF, bienes muebles no hallados, posibles “aviadores”, nóminas infladas, juicios que por omisiones perdieron los ayuntamientos, administraciones endeudadas sin ton ni son, fraccionamientos aprobados con numerosas irregularidades, documentación perdida, obras pagadas que no se realizaron, etcétera. Más lo que se acumule luego de estas dos primeras semanas en que las nuevas administraciones están revisando o practicando auditorías a lo que se les entregó.

A raíz de esta lamentable y reiterada experiencia en la entrega de las administraciones públicas municipales, se impone también reformar la Ley de Transparencia para que los ayuntamientos, como sujetos obligados, den a conocer en sus web más información sobre lo que administran y deciden. Al mismo tiempo, prever que realmente se pueda sancionar a quienes no cumplan con esa obligación. Los ciudadanos y las agrupaciones podrían así vigilar más el desempeño de sus autoridades.

Mientras tanto, habrá que seguir hasta dónde las nuevas administraciones y luego el Ministerio Público hacen creíble que en Jalisco sí se aplica el Título Séptimo del Código Penal del Estado, que aborda los delitos cometidos por servidores públicos.