Entrega EU a México a un presunto homicida vinculado a Arellano Félix

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos deportó a Jesús Rubén Moncada Angulo, "El Güero Loco", presunto integrante de la banda de " Los Arellano Félix", a quien se le acusa del homicidio de 19 personas, entre ellas cinco menores, el 17 de septiembre de 1988 en Ensenada, Baja California.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tras su arribo al país fue detenido por la Policía Federal para ser ingresado al penal de Tijuana, Baja California, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que conoce de su causa penal.

Señaló que a Moncada Angulo se le acusa del multihomicidio que se registró en el rancho El Sauzal, en Ensenada, Baja California.

Luego de huir a Estados Unidos fue localizado gracias al trabajo de cooperación binacional y una vez que se constató que su estancia migratoria era ilegal y que en México era buscado por la justicia se allanó a su deportación.

En un comunicado la PGR detalló que en una operación coordinada entre las autoridades policiales y de justicia de ambos países, Moncada Angulo fue deportado por Tijuana y al cruzar la línea fronteriza la Policía Federal cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y lo traslado al centro penal del "Hongo", en Tijuana.

Ahí, agregó la dependencia, quedó a disposición del juez que lleva su causa penal por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro.
Expuso que la captura de este presunto homicida es resultado de la colaboración bilateral con el gobierno de Estados Unidos en materia de justicia y de la localización de prófugos de la ley mexicana en el extranjero.

Apuntó que en este trabajo de localización y captura trabajaron de manera coordinada la Agregaduría de la PGR en Los Angeles y la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y el US Marshals Pacific Southwest Regional Fugitive Task Force.

Comentó que con estos resultados de cooperación legal internacional se contribuye al cierre de los espacios de la impunidad y a la aplicación irrestricta de la ley penal en los casos criminales, demanda ciudadana y compromiso de gobierno plasmado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.