En penales se genera 99% de las extorsiones telefónicas del país

TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.- El 99% de las llamadas de extorsión telefónica se realizan desde penales, principalmente del de Santa Martha, en el Distrito Federal, aseguró Alberto Bazbaz Sacal, procurador de Justicia del Estado de México.

Agregó que la gran mayoría de los casos se trata de tentativas de extorsión, pues la ciudadanía no entrega el dinero exigido debido a la difusión de las modalidades en que se comete este delito.

Bazbaz Sacal detalló que 91% de las llamadas de extorsión telefónica denunciadas en el Estado de México salieron de la cárcel de Santa Martha, en el Distrito Federal, en tanto que 8% restante tiene su origen en otros penales capitalinos y del interior del país.

Dijo que los bloqueadores de telefonía celular instalados en penales mexiquenses evitan que desde estos sitios salgan llamadas de extorsión telefónica.

Durante 2008 el sistema de denuncia anónima del Estado de México registró cinco mil 101 denuncias por fraude y extorsión telefónica, con pago de dos millones 720 mil pesos, aunque los extorsionadores exigieron 244 millones 46 mil pesos.

De enero a octubre de 2008 se reportaron seis mil 629 denuncias anónimas, lo que ubicó al Estado de México en segundo lugar a nivel nacional en la comisión de este delito, sólo superado por el Distrito Federal.

La Procuraduría mexiquense emitió este fin de año recomendaciones a la ciudadanía para no ser presa de extorsión telefónica, y advirtió que los casos más comunes son los relacionados con supuestos premios por consumo de tarjeta de crédito o débito, principalmente en los valles de México y Toluca.

Igualmente la institución pide dudar de llamadas que informan sobre premios ganados, principalmente si no existe notificación previa por correo.

Familiares de enfermos, víctimas de extorsión

Bertha y Margarita están enfermas de cansancio y angustia. Ya no lloran, las lágrimas se les acabaron en esos más de siete meses cuando los médicos sugirieron despedirse de sus hijos porque el cáncer o la desnutrición pusieron sentencia a su vida.

Por si fuera poco, están expuestas al “mercado negro, al abuso y a la extorsión” de gente que se acerca a la zona de hospitales a lucrar con su sufrimiento: les ofrecen en cientos y hasta en miles de pesos cada litro de sangre que les piden para la atención de sus pequeños.

Por temor a alejarse de sus hijos han vivido todo ese tiempo en las salas del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Enfrentan a personas que se alquilan para cuidar a sus enfermos por las noches; han sido engañados en el precio de la comida y el transporte; les rentan regaderas y pagan altos precios sólo por ir al baño. No tienen un solo peso. Su único patrimonio son las penas y la ropa que llevan puesta.

Hasta la colonia Doctores, en el Distrito Federal, llegan desde las comunidades más apartadas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México, principalmente, entre 400 mil y 700 mil personas al año.

Son pobres, sus recursos les impiden hacerse de un seguro médico, por lo que recurren a hospitales de atención especializada donde sus familiares son tratados de diversos cánceres, lupus, afecciones en riñones, hígado e intestino.

Madres, padres, hermanos e hijos son quienes enfrentan a esa “gente que les vende sangre, les renta baños; taxistas que abusan al cobrarles hasta 100 pesos por cada pasajero cuando viajan hacia las terminales”, relata Eduardo Carballido, coordinador general del Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral (CARDI), que pertenece a la congregación católica de Agustinos Recoletos.

Desde 1987 se prohibió en México la donación remunerada de sangre, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero a pesar de eso, asegura Carballido, en las inmediaciones de los hospitales General, Infantil y Centro Médico Siglo XXI “hay un sinnúmero de abusos contra estas personas. Además, se sabe que hay un ‘mercado negro’ para la venta de sangre. Por cada operación, los familiares del paciente tienen que presentar a ciertos donadores, y hay gente que abusa de su necesidad”.

Violentan la ley: autoridades

Margarita llegó procedente de Cintalapa, Chiapas, en marzo de este año. Sin familiares en la Ciudad de México, gastó los pocos recursos que traía en el alquiler de una habitación en un hotel cercano al Hospital Infantil, y en el pago de los análisis médicos que permitieron diagnosticar que Dulce, de cinco años, tiene un tumor cancerígeno en la pierna izquierda, en fase avanzada.

A la niña le tienen que hacer de forma recurrente transfusiones sanguíneas. Por el tratamiento recibido, su madre asegura que “adeuda” 13 donaciones: “Yo no puedo donar y no he encontrado quién lo quiera hacer. Me dijeron —en pláticas entre pacientes de Urgencias— que se puede comprar la sangre, pero es caro para mí”.

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, afirma que “en ocasiones, para tratar de tener suficiente reserva de sangre (en los hospitales), se les pide a los familiares una donación voluntaria entre comillas, porque si se necesita sangre para una operación y no la hay, no se puede hacer esa operación”.

El funcionario federal afirma que la Ley General de Salud prohíbe la compra-venta de sangre y de sus componentes, como plaquetas y plasma: “Cuando se pide dinero, hay que denunciarlo”.

También asegura que “de ninguna manera puede haber una coerción (hacia los padres de los pacientes), pues está prohibido; también hay que denunciarlo”.

Con angustia y “deudas”

La señora Rosa es otra de las madres que encontró en el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral la ayuda para poder alimentarse y tener momentos de descanso ante las prolongadas horas que pasa al cuidado de su hija Lizeth, ahora cuadrapléjica.

Se le corta la voz, y sus ojos negros se llenan de lágrimas al recordar el accidente de aquella noche de hace cinco meses, ocurrido en San Pedro Xalostoc, en el Estado de México.

Aquel día, una joven de 16 años perdió el control de su automóvil y arrolló el puesto de tacos en el que cenaban cinco personas, entre ellas la pequeña Lizeth, quien terminó debajo del automóvil con un severo traumatismo craneoencefálico.

Desde entonces la vida de la niña y la de su madre se desarrollan entre las salas de Terapia Intensiva y Terapia Quirúrgica, ante el diagnóstico de que la posibilidad de sobrevivencia de Lizeth es de uno por ciento. Su condición es “grave, pero estable”, cuenta con melancolía la madre.

Por si eso fuera poco, Rosa comenta que le “debe” al hospital la sangre de dos donadores, pero cansada del recuento de sus necesidades recurre a los gestos e ilumina que no tiene dinero para cumplir con ese requisito, y agrega: “Siento feo pedírselo a mis vecinos, no quiero molestarlos”.

La ley prohíbe esas prácticas

De acuerdo con la Ley General de Salud, la venta de sangre y, también, de órganos está prohibida hace 22 años en el país. Por esa razón existen los bancos, que es en donde las personas altruistas pueden acudir a donar para salvar la vida de un pariente o amigo.

El 25 de agosto de 1987 se prohibió la comercialización en México. Además de las consideraciones éticas, tal negocio implica una práctica de alto riesgo.

Una de las razones por las cuales se hicieron más estrictos los controles y se crearon nuevos marcos jurídicos, fue la aparición de una elevada prevalencia de marcadores serológicos al VIH en esta población

Por esa razón, al año siguiente, el 21 de enero de 1988, el Legislativo aprobó la creación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), con el propósito de ofrecer asistencia médica de calidad, y desarrollar programas de investigación y educación relacionados con medicina transfusional en el ámbito nacional.