GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- Por irregularidades en el ejercicio fiscal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto 273 denuncias penales contra administraciones estatales en el periodo 1998-2014, de las cuales un total de 132 son contra ex gobernadores que en los últimos meses han sido señalados por actos de corrupción.El caso más notable es contra la administración del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Durante su Gobierno, por los ejercicios 2010 a 2014, el Estado acumuló 55 denuncias penales interpuestas por la ASF, de las cuales dos fueron presentadas en 2012, 15 en 2014, seis en 2015 y 32 más en 2016. Sin embargo, fue hasta hace algunos meses cuando se hicieron públicas las investigaciones por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, por los cuales se le busca y la Procuraduría General de la República (PGR) ha ofrecido 15 millones de pesos para quien proporcione información que ayude a su localización. Además, recientemente le fueron congeladas 112 cuentas bancarias y aseguradas cuatro propiedades relacionadas con su red de amigos y familiares.Después de Veracruz, Jalisco es el Estado con más procesos penales, con 23, específicamente contra la administración de Emilio González Márquez. La mayoría de las anomalías fueron cometidas en la cuenta pública 2012 (21 denuncias penales), pero apenas hace unos días, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República dio a conocer que está promoviendo que la Contraloría de Jalisco dé un informe sobre el avance que llevan estos procesos, por anomalías por más de siete mil 500 millones de pesos.Otra de las figuras que resaltan es el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tiene un total de 17 denuncias penales ante la PGR, ocho por el ejercicio 2010 y nueve por 2009, las cuales fueron interpuestas en 2015.También la administración Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, quien fue acusado del delito de defraudación por tres mil 600 millones de pesos, que supuestamente se destinaron a la compra de terrenos que beneficiarían a una empresa armadora de automóviles. Durante 2015 la Auditoría federal denunció a su gobierno por malos manejos en los presupuestos 2009 y 2010. El ex gobernador está amparado.En Coahuila, la administración de Humberto Moreira acumuló tres denuncias penales (fue detenido en España por los delitos de lavado de dinero, cohecho y crimen organizado, pero ya está en libertad); en Chiapas, la gestión de Juan Sabines sumó 15; mientras que Baja California Sur, con un gobernador que fue detenido y dejado en libertad (Narciso Agúndez), tiene una denuncia.Cabe señalar que destacan los gobiernos de Guillermo Padrés, ex mandatario de Sonora, quien está preso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero su administración sólo tiene una denuncia penal de la Auditoría ante la PGR.Por su parte, Jorge Herrera se amparó tras la detención de la ex directora de Egresos del Gobierno de Durango por mal manejo de recursos públicos; sin embargo, la ASF no ha presentado ninguna denuncia en contra de su administración.Gestión de Emilio, la más investigada en JaliscoEn el recuento de las auditorías federales a las administraciones de Jalisco entre los años 1998 y 2014, la de Emilio González es la única que presenta denuncias penales por presuntas anomalías.Suma un total de 23 denuncias ante la PGR por los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2012, que colocan a Jalisco en el segundo lugar nacional sólo después de Veracruz, pero hoy nadie se encuentra en la cárcel.Es por eso que la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República informó que está preparando una propuesta para que la Contraloría de Jalisco dé un informe pormenorizado sobre el avance que llevan los procesos administrativos y penales.“Nosotros ya tomamos conocimiento de esto, de manera informal, y desde luego esperaremos la solicitud oficial por parte del Gobierno del Estado y procederemos en consecuencia a dar un resumen de toda la información y el seguimiento que hemos venido dando en coordinación con el fiscal”, asegura la contralora de Jalisco, María Teresa Brito Serrano.Aunque la Fiscalía, que preside Eduardo Almaguer, es la encargada de investigar sólo las 11 denuncias presentadas por la Contraloría contra la administración panista (no las 23 de la ASF), señala que su dependencia le ha dado un seguimiento puntual y ninguna investigación ha sido detenida. “Durante las conversaciones que he mantenido con el señor fiscal, me ha dicho que nunca se han detenido en seguir agregando expedientes. No sé en qué etapa estén, pero no están archivadas, se siguen procesando estas denuncias que en su momento se presentaron. Ya el fiscal dará cuenta de la culminación de los procesos y de la responsabilidad de cada servidor público”.Con respecto a los tiempos transcurridos desde que se presentaron las denuncias, ya que varias fueron interpuestas en 2014 y otras en 2015, Jorge Chaires Zaragoza, investigador de Políticas Públicas de la UdeG, explica que, después de iniciado el proceso, la investigación que se hace es muy minuciosa. Sin embargo, no descarta que se estén deteniendo o alargando por presiones políticas. “Claro que se puede dar el caso de que la Fiscalía reciba una orden de un senador, magistrado o gobernador para que detenga la investigación y la presión puede ser tal que lo haga, pero eso sólo son suposiciones, no podría asegurar que por eso se tarden tanto, para eso deberíamos tener un informe”.Brito Serrano explica que su propósito como contralora es estar atenta a las anomalías que refieran las auditorías y que, el caso Duarte en Veracruz, es una oportunidad para “revisar, coordinar y seguir trabajando por el propósito de establecer el Sistema Estatal Anticorrupción”.Sagarpa, la dependencia federal con más anomalíasDesde el ejercicio fiscal de 1998 y hasta 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) acumula 174 denuncias interpuestas en su contra por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siendo la dependencia que más procedimientos suma.Durante años, los productores han hablado de corrupción dentro de la Secretaría, que muchas veces los ha dejado sin apoyos. De hecho, la propia ASF reveló, en 2010, que 220 funcionarios habían sido beneficiados con el programa Procampo sin ser candidatos.Otras de las entidades que manejan el gasto público con más irregularidades son la Secretaría de la Reforma Agraria, que suma 51 denuncias penales: el Fideicomiso de Riesgo Compartido, con 30; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con 25.Ofrecen recompensasLa PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por cualquier información que lleve a la aprehensión del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien se le señala como responsable de la comisión de delitos contra la salud.La información será recibida en las oficinas de la PGR ubicadas en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México o en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mxEn 2012, el ex gobernador fue acusado por un testigo protegido de la DEA de lavar dinero para Los Zetas y el Cártel del Golfo, además de estar involucrado en la muerte del candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, victimado el 28 de junio de 2010.Es la segunda recompensa por datos de un ex gobernador: Javier Duarte fue el primero (15 millones).Sistema Anticorrupción, una esperanzaEn 1982 el ex Presidente Miguel de la Madrid quiso combatir la corrupción con la creación de las contralorías públicas y el sistema de declaración patrimonial, las cuales “se veían muy bien en papel”, pero realmente no funcionaron como deberían, indica Arturo Villarreal Palos, investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Por eso opina que el nuevo Sistema Anticorrupción “no puede quedar en papel”.“El caso de Veracruz es particularmente ilustrativo del nivel de corrupción que hay. Parece que los gobernadores pueden hacer y deshacer sin que nadie los vigile”.Afirma que ve con buenos ojos la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas. La primera, pretende crear un sistema que vigile las cuentas públicas y una Fiscalía Anticorrupción, tanto nacional como estatal, mientras que la segunda plantea que los actos de violación a las responsabilidades sean tratadas por un Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que sería independiente del Ejecutivo.“Estos modelos son positivos, aún cuando son modelos que siguen en papel. Tendríamos, obviamente, que ver durante su desarrollo qué resultados dan en un futuro y ojalá no sea como lo planteado por Miguel de la Madrid. Esperamos que este sistema que está un poco más completo pueda darnos mejores resultados a un mediano plazo”.La prevención que plantea el Sistema Anticorrupción es lo más importante de estas medidas.“De lo que se trata es crear un sistema para prevenir y después para sancionar los actos de corrupción. Lo que se va a hacer mediante un sistema de vigilancia. Una cosa que me parece muy importante es que antes las auditorías se hacían cuando terminaba el ejercicio fiscal y muchas veces el daño ya estaba hecho y las personas prófugas. Ahora habrá la posibilidad de hacer auditorías en tiempo real de la supervisión de los recursos”.Villarreal Palos confía en que el modelo funcionará, “hemos visto casos en donde se ve claramente que los gobernadores no tienen contrapesos en sus entidades... lo que necesitamos es un sistema de supervisión y control de una parte presupuestal y del uso y destino de los recursos, ahí abona el Sistema Anticorrupción”.GUÍA¿Qué proponen las últimas reformas federales?• La Secretaría de la Función Pública será reformada, se encargará del control interno de la administración pública y tendrá la facultad de investigar los presuntos actos de corrupción que detecte e integrar expedientes al caso, que deberán ser turnados al Tribunal de Justicia Administrativa.• La Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones que ya le otorga la Constitución, pero además podrá investigar los casos de corrupción que detecte e integrar expedientes al caso, para después presentarlos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.• Se crea una Fiscalía Anticorrupción que será independiente y especializada en investigar, interrogar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción.• El Consejo de la Judicatura Federal será el encargado de llevar las recomendaciones del Sistema Anticorrupción al Poder Judicial y lo proveerá de información para producir inteligencia institucional con el fin de conjurar el riesgo a la impunidad judicial.• El Instituto Nacional de Transparencia vinculará los trabajos del Sistema Anticorrupción con el Sistema Nacional de Transparencia.• El Tribunal de Justicia Administrativa deberá contar con una sala especializada en materia de corrupción y tendrá facultades para atraer casos graves de corrupción, podrá recibir quejas y denuncias.• Creación de un Comité de Participación Ciudadana en donde cinco personas actuarán como enlace con los ciudadanos para la prevención de la corrupción y el control democrático del sistema.• El modelo nacional deberá ser replicado en cada entidad federativa.Fuente: Auditoría Superior de la FederaciónSigue: #DebateInformador¿Qué opina de la fiscalización a las cuentas públicas que realiza la Auditoría Superior de la Federación?Participa en Twitter en el debate del día @informador
