Elevarán rango a derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, negocia con PRI, PAN y PRD en el Senado una reforma a los artículos 1, 3, 21, 33, 102 B y 103 de la Constitución, para elevar los derechos humanos a rango constitucional, lo que permitiría a una persona defenderse con base en leyes nacionales o tratados internacionales según le convenga, además de garantizar el derecho de audiencia a un extranjero antes de ser expulsado con base en el artículo 33 de la Carta Magna.

Hará obligatorio en todo el sistema educativo que la concepción de derechos humanos sea fundamental en los programas educativos del país.

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado; Javier González Garza, líder de la bancada del PRD en San Lázaro, así como los senadores Santiago Creel Miranda (PAN), Ricardo Fidel Pacheco (PRI) y Pedro Joaquín Coldwell (PRI), establecieron esta semana una mesa de negociación con Gómez Mont para construir esta reforma al regreso de la Semana Santa y pueda ser aprobada en el Congreso en el actual periodo ordinario de sesiones.

Fuentes consultadas revelaron que Gómez Mont volvió de Ginebra, Suiza, donde México compareció el mes pasado, con la preocupación en torno a la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y el cúmulo de observaciones realizadas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De inmediato, Gómez Mont se puso en contacto con senadores, porque ya existe una iniciativa de Creel Miranda al respecto, que presentó el 28 de noviembre de 2007.

“Hay intercambio de puntos de vista entre legisladores de las dos cámaras y el Gobierno, en la búsqueda de que el tema de derechos humanos no quede en un segundo plano en los compromisos del Congreso en abril. Estamos buscando los puntos de coincidencia”, explicó Navarrete. Hay “un interés especial del Gobierno”, añadió.

El eje central de la reforma “es constitucionalizar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy nuestra Constitución establece como derechos fundamentales las garantías que otorga el Estado, concepción del siglo XIX, en la que el Estado graciosamente otorga garantías al ciudadano y las hace valer, como libre tránsito y libertad de expresión”, explicó Creel Miranda.
La reforma en ciernes parte del principio de que los derechos humanos el Estado “no los otorga graciosamente y desde el artículo primero vamos a cambiar esa concepción por ‘reconocimiento’. El Estado va a reconocer los derechos humanos de cualquier persona en tanto esté en nuestro territorio”, sostuvo Creel.

En segundo lugar, los derechos humanos no solamente son los que están en la Constitución sino los que se incluyen en los tratados internacionales, aseveró Creel.

Un tercer aspecto nodal es el hecho de que el derecho que proteja de mejor manera al ciudadano —derecho de propersona—, ése será el derecho que se usará para llevar a cabo la interpretación; es decir, que una persona pueda defenderse con base en leyes nacionales o con base en tratados internacionales, “lo que le convenga más y siempre y cuando no vaya en contra de la Constitución”, dijo el legislador del PAN.

Se busca que el cambio al artículo tercero constitucional garantice que “en todo el sistema educativo la concepción de derechos humanos va a ser una concepción fundamental en los programas educativos del país”, dijo Santiago Creel.

Una novedad más es que, independientemente de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones de derechos humanos estatales, el ciudadano podrá recurrir ante los tribunales mediante el recurso de amparo, porque hoy “la violación de derechos humanos no necesariamente deriva en una acción judicial. Ahora sí se podrá. El ciudadano que se sienta afectado en sus derechos humanos podrá ampararse para que se le restituya el derecho perdido”.