El sentido común y las elecciones

Eran el Senado y la Cámara de Diputados como dos cuadriláteros, donde fácilmente se podía olisquear el tufo de la contienda electoral. Pero tampoco ese aire enrarecido pudo evitar que prevaleciera entre los contendientes —oposición contra el Partido Acción Nacional (PAN)— el inobjetable peso del sentido común.

Senado de la República. Habían sesionado las Comisiones Unidas de Hacienda y de Asuntos Legislativos. Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y resto de la oposición en una esquina. El PAN en la otra.

El senador del PRI Fernando Castro Trenti miró a José Isabel Trejo Reyes (el panista que preside la Comisión de Hacienda), después a los invitados que provenían del Ejecutivo y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y les dijo: “Con ustedes o sin ustedes habrá cambios”. Y entonces todos ellos se revolvieron como el burel que ha sido alcanzado por la pica en el segundo tercio. Con la voz en ristre, el priista sentenció que el 18 de marzo a más tardar, de forma unánime o por vía del acuerdo de mayoría, las comisiones de marras van a tener listo ya el dictamen para regular, reducir y poner topes a las diversas tasas de interés.

Era un tema a modo sin duda. Tanto que el PRI —en voz de Castro Trenti— se daba el gusto de soltar un gancho al hígado de panistas y representantes de banqueros: “No queremos pasar la vergüenza de presentar al Pleno del Senado un mero paliativo; una mera aspirina. Porque los mexicanos exigen respuestas serias y profesionales”.

Estaban allí, escuchando, Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Eduardo Pérez Mota, responsable de la Comisión Federal de Competencia, y Gerardo Quijano, funcionario del Banco de México.

José Isabel Trejo Reyes decía a este reportero: “Es peligroso ponerle topes a las tasas”. Y apostillaba: “Estamos viendo la manera de cómo las regulamos”.

Trejo Reyes no se ha movido un ápice de las posiciones que, desde la semana antepasada, dejaron colocadas gente de la dirigencia de su partido y de la banca y de la Secretaría de Hacienda. Como tampoco priistas y perredistas han movido un centímetro sus respectivas posiciones, en esta contienda cuyos resultados finales ya son predecibles.

Preguntas, sin embargo, han comenzado a barbotar. Para cuando la oposición apruebe en el Senado las reformas a esas leyes secundarias (Ley de Instituciones de Crédito; y las leyes que rigen al Banco de México y a la Condusef), y San Lázaro las refrende, también por la vía de la mayoría, no están seguros ahora de que el Presidente Felipe Calderón vaya a querer publicarlas en el Diario Oficial de la Federación. Y es que —se ha escuchado decir todos estos días en el pasillerío de Xicoténcatl— pocos presidentes de la República han sido tan “lamentablemente abyectos” con los dueños del dinero en México, como lo ha sido estos dos años Felipe Calderón.

San Lázaro, ayer, también se había transfigurado en un territorio de contienda. El PAN —en voz del vicecoordinador panista Cristian Castaño— ha afirmado que no respaldará la aprobación de la Ley de Salarios Máximos.

Cristian Castaño ha pretextado que hay servidores públicos que merecen ganar más de los 153 mil pesos que gana el Presidente de la República, porque trabajan bajo presión de su seguridad personal, como también técnicos y científicos que pudiendo ganar mucho dinero en la iniciativa privada han decidido hacerlo en el servicio público.

No ejemplificó. Pero los datos que aportó hicieron relacionar a todo el mundo hacia los magistrados de la Corte, a donde el PAN y el Presidente tienen a sus aliados. Según Javier González Garza, coordinador de los perredistas, es probable que los ministros aquellos linden sus salarios en los 600 mil pesos.

El PRD, en tanto, presentaba ayer otra iniciativa sobre el tema: en voz de Raymundo Cárdenas, planteaba que deberían reducirse los salarios de todos los servidores públicos, exceptuando a los comprendidos en el Servicio Público de Carrera, y que todo ese dinero ahorrado sea proporcionado en ayuda económica a los adultos mayores de todo el país.

En este asunto de los salarios máximos, la novedad este martes fue el hecho de que el PRI haya decidido, finalmente, sumarse a la propuesta del PRD. Un pequeño detalle, sin embargo, ha quedado en el aire: se requiere en este tema de los salarios de reformar a la Constitución General de la República, y para ello el Pleno requeriría de dos tercios de los 500 diputados. Y no serán conseguidos sin los votos del PAN. El resultado final —si de última hora no convencen al panismo— sólo quedará en borrasca electoral, en la que el PAN no podrá evitar que políticamente quede noqueado en los próximos días, al quedar como alcahuete de la avaricia de quienes siendo servidores públicos están allí para servirse con la cuchara grande, en vez de servir.