El presidente Juan Silva Meza

En la Suprema Corte existe una disputa sobre la importancia que tiene su presidencia. El diferendo surgió cuando el ministro Cossío se descartó como candidato a esa responsabilidad aduciendo, básicamente, que dadas las tareas protocolarias y administrativas propias de la tarea, “la incidencia jurisdiccional del presidente es limitada”. Para él, según expresó en una carta dirigida a sus pares que se hizo pública, ante los graves problemas que vive el país, es más poderosa la posición de ministro —porque posibilita “un más amplio y comprometido desempeño jurisdiccional”— que la de presidente.

En respuesta, en una sesión solemne dedicada a la presentación de informes de labores, el ministro Aguirre Anguiano, fuera de contexto y de manera gratuita, aprovechó su discurso como presidente de la Segunda Sala para advertir que: “A diferencia de algunas opiniones, es mi convicción que la función del presidente no es la de un mero administrador con desventaja jurisdiccional respecto de sus pares (…), ese cargo (…) jamás acorta la visión jurídica de su titular, ni mutila el saber o la capacidad de escudriñar en el Derecho para la impartición de justicia”.

Una pequeña disputa palaciega —técnicamente una grilla cortesana— que hoy traigo a cuenta para calibrar el significado del nombramiento de Juan Silva Meza como presidente de la Corte. Lo primero que hay que decir es que el nombramiento, al menos desde que Cossío se descartó, era esperado y, por lo mismo, ha sido pacífico, situación que empata bien con la personalidad mesurada y conciliadora que, al menos hasta ahora, ha demostrado el nuevo presidente. Quienes lo conocen aseguran que don Juan, además de un buen penalista, es un hombre sensato, lo cual es una buena noticia para la Corte y, sobre todo, para este país, urgido de cordura. Y la personalidad es un factor fundamental en un cargo en el que, más allá de las tareas administrativas, se debe lidiar con enconos personales, con diferendos legítimos y con intereses encontrados. Un buen presidente debe saber encauzar los esfuerzos institucionales y, en el caso concreto de la Corte, además, conducir las discusiones —públicas y privadas— en clave constructiva. Ésa no es una tarea fácil y tampoco intrascendente: quien encabeza un debate, en alguna medida, lo configura y, en gran medida, lo orienta.

Finalmente, las convicciones personales pesan cuando se trata de ostentar la representación de una institución. Y, en ello, a la luz de sus decisiones, el nuevo presidente encarna un mensaje alentador. Como ministro, Silva Meza mostró talante liberal, convicciones laicas y compromiso con la garantía de los derechos fundamentales. Ahora tiene la oportunidad de confirmar esas directrices desde una posición de liderazgo institucional y en un contexto de profunda transformación normativa a partir de las reformas constitucionales (en materia de amparo y derechos fundamentales) de inminente aprobación. Esperemos que así sea.