El no regreso

Días después del 29 de agosto de 2008, fecha en que Carlos Briseño Torres fue destituido del cargo de rector general por el Consejo General de la Universidad de Guadalajara, han aparecido bardas pintadas, inserciones en periódicos, y entrevistas, en las que el destituido asegura que regresará a ocupar el cargo del que fue separado por el máximo órgano de gobierno universitario en pleno ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.

El clima de polaridad que se había generado al interior de la comunidad universitaria durante el breve lapso que Briseño Torres fungió como rector general, provocó la dilapidación de su legitimidad. Desde su arribo a esa responsabilidad, Briseño Torres incurrió en una serie de conductas que socavaron la confianza que le había brindado la comunidad universitaria para ejercer el cargo.

Utilizar a la institución como plataforma para postularse como candidato a gobernador del Estado; desdeñar e ignorar a los órganos de gobierno; utilizar el discurso de la transparencia para fines personales de promoción de imagen; amenazar y perseguir a universitarios no afines a su proyecto personal; instigar a la confrontación al interior de la Universidad, y utilizar estructura informática de la Universidad para realizar espionaje en contra de sus opositores; son algunas de las razones por las que Briseño Torres perdió la confianza de los universitarios para estar al frente de la casa de estudios.

Las causas de su separación del cargo se dieron en la sesión del Consejo General del mismo 29 de agosto de 2008, sesión que Briseño Torres comenzó presidiendo y en la que acabó siendo destituido por faltas graves en contra del propio Consejo General Universitario. Su estilo vertical y autoritario, su limitada calidad académica y la ceguera que le provocó el relativo poder de la silla principal en la Universidad, lo hicieron ignorar los dictados de la normatividad universitaria y a ningunear la autoridad del Consejo General Universitario, órgano en el que está representada la comunidad universitaria y que de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica de la casa de estudios es, simple y llanamente, el máximo órgano de gobierno de la institución.

Briseño Torres ha emprendido una campaña para regresar al cargo de rector general, pintando bardas, pagando desplegados costosísimos en periódicos locales y nacionales y esgrimiendo la legalidad a su conveniencia. La procedencia de los recursos utilizados para este fin debería ser aclarada, ya que atrás de tan caritativo apoyo están los verdaderos intereses de que Briseño regrese al frente de la casa de estudios. Por otra parte, si como el propio Briseño Torres lo ha manifestado en diferentes medios de comunicación, el dinero para tan costosa campaña provine de sus ahorros, tendría que verse si el ostensible enriquecimiento es lícito.
El caso Briseño no envuelve sólo un problema de legalidad, sino de legitimidad, y las autoridades judiciales tendrán que ponderar cuidadosamente entre el supuesto bien particular que ostenta el quejoso y el bien común que representa el trabajo en armonía de la segunda casa de estudios del país.

NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR / Doctor en Derecho y profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.
Correo electrónico: nauhcatzin@gmail.com