El general no tiene quien le apoye

Sometidos a dos fuegos, por un lado el de una guerra contra el crimen organizado, en la que son primera línea de combate y, por el otro, el de organismos nacionales y extranjeros de derechos humanos, que los señalan y culpan de asesinatos por abuso de fuerza y de violaciones a garantías fundamentales de la población, los militares mexicanos no encuentran asideros ni apoyos para su complicada y polémica labor de ser un Ejército patrullando las calles y enfrentando a los delincuentes cual si fuera una Policía civil.

En diciembre pasado el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, se propuso lograr un incremento presupuestal para las Fuerzas Armadas que se destinaría, entre otras cosas, al mantenimiento de la flota aérea y a la compra de nuevas aeronaves, además de crear 18 nuevos batallones que se ubicarían sobre todo en los estados del norte de la República, donde es totalmente insuficiente la presencia militar, lo que obliga al Ejército a movilizar tropas desde el Centro y Sur del país con altos costos económicos y con el riesgo de dejar sin efectivos militares esas regiones.

Ante la nula respuesta que obtuvo de Hacienda, a quien habían enviado su solicitud de 13 mil millones de pesos en el presupuesto 2011, los altos mandos castrenses decidieron iniciar sus propios cabildeos con el Congreso para lograr la ampliación de recursos, como hacen muchas otras dependencias federales y sectores.

Pero cuando se estaba a punto ya de terminar el presupuesto definitivo, que incluía los 13 mil millones de pesos para la Defensa, unas horas antes de enviar el dictamen final al pleno de la Cámara de Diputados, en una reunión de la Comisión de Hacienda llegó la contraorden: “El Ejecutivo retira la petición de incremento a la Sedena”, informaron los legisladores del PAN, ante la sorpresa del PRI y el PRD que no entendían el cambio repentino cuando los acuerdos ya estaban hechos y los recursos repartidos.

Ante el desconcierto que provocó el cambio de última hora, desde la bancada del PAN comenzaron a filtrar la especie de que había sido la misma Sedena la que se había desistido ante la Cámara de su petición de incremento presupuestal.

Desde la Defensa negaban esa versión y respondían también con filtraciones a columnas periodísticas asegurando que no había tal desistimiento y que no era facultad de la Defensa desistirse en materia presupuestal.

La pregunta es cuánto más aguantarán las fuerzas castrenses esa falta de apoyo, sobre todo cuando en el Congreso avanzan proyectos de iniciativas que buscan enjuiciar la actuación de los militares en esta guerra contra el narcotráfico en la que soldados, oficiales y generales sólo acataron órdenes del comandante que los sacó a la calle cuando sintió que necesitaba de la fuerza y el respaldo de la institución militar para lograr la legitimidad que quedó en duda en las urnas.