El fantasma insepulto de la brigada blanca

Hasta ahora el Congreso de la Unión había pospuesto la discusión frontal sobre la reforma judicial. Diputados y senadores ya no podrán evadir el debate, sin embargo, porque se han topado con los ineludibles ritmos y tiempos de las campañas federales electorales de 2009, que como nunca antes estarán amenazadas de su infiltración por el crimen organizado.

No será una negociación legislativa cómoda para nadie, pues da la casualidad de que en los proyectos que envió el Ejecutivo federal sobre reforma judicial, no está incluida propuesta alguna de reforma a la ley facultativa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Incluso cuando es de tirios y troyanos sabido que la Fepade requiere del reforzamiento jurídico de sus facultades.

Y no sólo esto. En las propuestas de reformas judiciales que envió Felipe Calderón al Senado de la República, la oposición jura también que ha visto, agazapado a aquel mismo espíritu maligno que convirtió a México, durante las décadas de los setenta y ochenta recientes, en un “Estado policíaco y fascistoide”.

Sí, el México aquél de la “brigada blanca”, aquel grupo especial de criminales integrado por soldados de civil que se dedicaban a secuestrar a disidentes, y a robarles sus pertenencias del modo más despreciable e impune, y a desaparecerlos y asesinarlos; aquel mismo México de zozobra de los tiempos de Arturo Durazo —el amigo de infancia del entonces presidente José López Portillo—, y de carniceros almas de cántaro como Francisco Sahagún Baca.

Las declaraciones de ayer en San Lázaro, a propósito de la confrontación entre el Estado y la delincuencia organizada, se bifurcaron en dos temas:

1.- El de las campañas electorales, a través de las cuales se teme hoy que el narcotráfico comience a ocupar curules y escaños. Máxime cuando la Fepade, el órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) encargado de atender delitos electorales, carece de poderes jurídicos para actuar durante campañas y precampañas. Sólo puede intervenir a toro pasado, cuando los procesos electorales han concluido y los mañosos pueden borrar huellas.

2.- El del misterioso caso de Genaro García Luna, ése muy cuestionado hombre del gabinete presidencial encargado de la Seguridad Pública federal, que en el hipotético caso de que la reforma judicial fuese aprobada como lo desea Felipe Calderón, se convertiría en el primer jefe de todas las policías —su unificación es una de las propuestas presidenciales de la reforma judicial— del país.

Cuando este lunes 24 el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dijo que las instituciones están realmente amenazadas por la posibilidad de que el narcotráfico infiltre al Congreso de la Unión este 2009, ejemplificó, diciendo lo siguiente: “He sido responsable de muchas elecciones en varios lugares por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y nos enfrentamos con situaciones muy complejas, en donde el dinero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por ejemplo, en Tepic, Nayarit, como en otros lugares, obviamente rebasa por mucho los topes de campaña. Entonces, uno dice de dónde salen esos recursos. No acuso que los hayan sacado del narcotráfico, pero ¿de dónde salen? Alguien tiene que investigar eso”.

Fue como si les acercara a los priistas un tizón allá abajito. Respingó el líder priista de San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, diciendo: “Lamentamos esa declaración. Lo que está en evidencia son las elecciones y las encuestas en las elecciones; nuestro partido en todos los estados donde compitió quedó en primer lugar. (Y) las encuestas de cara a las elecciones de 2009 nos dan un triunfo, sin duda alguna, y eso es lo que trae al PRD y al Partido Acción Nacional (PAN) en contra de nuestro partido. Si tienen alguna prueba, que la presenten; hay autoridades correspondientes para que las investiguen”.

La reforma judicial es una verdadera manzana de la discordia. Un trabuco; una maraña de estambre. El Frente Amplio Progresista, a través del Partido del Trabajo (PT) y Convergencia (PC), ha mirado a la reforma judicial como un paso al Estado policíaco, donde se volverían a conculcar, del modo más infame y cruel, los derechos humanos de disidentes.

Un día antes, el Gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de Hacienda, había dicho que serán investigados todos los políticos y militares que, por sus saltos inesperados en ciertos ingresos, den pie a la sospecha. No incluyen a los empresarios, y esto les reclamó ayer el senador Ricardo Monreal en conferencia, que a la medida tildó de “desesperada, tardía y mediática”.

Este accionar político del Gobierno de Calderón fue visto ayer en San Lázaro como un movimiento de ajedrez que no tiene otro motivo que amagar al PRI, en lo que es el comienzo de su estrategia de ablandamiento para que ahora se alíe al partido en el Gobierno a la hora de la reforma judicial, en la que PRD, PT y PC no ven más que la instauración de un Estado represor, con dedicatoria a las organizaciones y movimientos sociales de la izquierda del país.