El desafío del crimen

El crimen ha dislocado a las instituciones mexicanas. El crecimiento de las actividades de la delincuencia evidencia la falta de calidad de la gestión pública: la corrupción crece con el incentivo de la impunidad y toca la administración para convertir las arcas en botín.

La actividad partidista está contaminada por el oportunismo que propicia más a personas con perfil de asaltantes que de políticos.

En las corporaciones de policía, como en muchas oficinas públicas, se simula con servir para realmente aprovecharse del puesto para beneficio propio. Esta realidad ha producido la inoperancia del sistema de acusación delictiva, una enorme simulación en la actividad carcelaria y la ineficiencia del Poder Judicial a nivel local y federal. Nuestras instituciones judiciales, penitenciarias y policiales no funcionan adecuadamente, hay que aceptarlo en sus términos para plantear una solución.

La crisis de instituciones ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para hacerse del control de cárceles, ministerios públicos, procuradurías, cuerpos policiales y juzgados a los que someten con la fuerza de los recursos capaces de comprar voluntades.

Con ello ha crecido la impunidad para estos grupos que han pasado a controlar el tráfico y distribución de drogas, armas y personas en tránsito ilícito.

Mediante bandas organizadas de forma celular administran territorios, imponen cuotas y someten a la delincuencia común.

Al reconocer su dimensión, estos grupos han sido capaces de escalar sus operaciones para hacerlas cada vez más sofisticadas y ampliar sus redes hacia otros países.

Sus propósitos pasan de controlar una actividad a controlar territorios neutralizando de hecho a las autoridades. Convierten a policías y autoridades en miembros activos de sus organizaciones generando espacios de influencia que ya no amenazan al orden, sino que imponen uno nuevo.

Por eso, aunque estos grupos no tienen fines políticos particulares, son una fuerza insurgente del Estado. Son un desafío explícito a las instituciones que imponen una autoridad de facto: la de un grupo que controla una “plaza”.

Por eso algunos funcionarios de los Estados Unidos se han referido a esta realidad como una amenaza que va más allá de un hecho policial para darle grado de amenaza insurgente estratégica, capaz de aliarse o ser aprovechada por el terrorismo antinorteamericano. Negar esta realidad equivale a esconder la cabeza en un agujero.

La delincuencia controla estructuras públicas y algunas zonas de México, lo que supone que debemos detenernos para plantear un cambio profundo en los sistemas de aplicación de la ley. El Estado de derecho en México es precario o por lo menos muy ineficiente.

Urge replantearnos el Ministerio Público para hacerlo independiente, probo y eficiente; cambiar la forma como se operan los juicios que solapan corrupción a cada paso procesal, renovar el sistema carcelario y blindar las actividades electorales a la acción de las organizaciones criminales.

Pero sobre todo nos urge que el hartazgo ciudadano respecto de estas cosas se exprese de forma consistente, en foros, calles y propuestas. La realidad ya ha rebasado a los políticos, ahora la sociedad los va a rebasar a ellos.