El Senado da entrada a iniciativa sobre trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO (28/MAR/2012).- Tras recibir el proyecto de decreto avalado por la Cámara de Diputados, el Senado de la República inició el proceso legislativo para eventualmente aprobar la ley contra la trata de personas.

El pleno legislativo turnó a las comisiones de Justicia y de Estudio Legislativos el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Este paquete legislativo también incluye modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de la Policía Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El nuevo ordenamiento prevé penalizar la explotación de personas con prisión de 5 a 40 años y establece mecanismos para el resarcimiento y reparación del daño, un programa para la protección de víctimas y testigos, así como un fondo federal para su atención.

Además, faculta al Ministerio Público y a los policías a que inicien de oficio la indagatoria por los delitos tipificados como trata de personas y junto con los poderes judiciales de los tres niveles de gobierno brinden a los ofendidos asistencia, seguridad y acceso a la justicia.

Entre otras sanciones, se aplicará -de ser aprobado por el Senado- una pena de 20 a 40 años de cárcel y de dos mil a 30 mil días de multa, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato y en todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.

Para el padre, madre, tutor o persona que entregue o reciba de forma ilegal, irregular, o incluso mediante la adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotarla propone un castigo de 20 a 40 años de prisión y de dos mil a 20 mil días de multa.

El proyecto de Ley también plantea prisión de 15 a 25 y de mil a 20 mil días multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados.

Del mismo modo, establece de diez a 20 años de cárcel y de mil a 20 mil días multa para quien "enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue, para sí o para un tercero a una o varias personas con fines de explotación".

También tipifica los delitos de trata de personas como explotación laboral, trabajos o servicios forzados, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, matrimonios forzados o serviles, esclavitud o prácticas afines o similares a la esclavitud, servidumbre, adopciones ilegales, corrupción de personas menores de 18 años.

A ello -lo aprobado por la Cámara de Diputados- se agrega el turismo sexual infantil, pornografía infantil, explotación de la mendicidad ajena y alquiler de personas con el mismo fin, venta de personas, o tráfico de órganos, tejidos o sus componentes.