El PRI se deslinda de despensas halladas en Cozumel

CANCÚN, QUINTANA ROO (28/MAY/2013).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo, Pedro Flota, adelantó que documentará al menos cinco casos en los que se presume la comisión de delitos electorales en los municipios de Benito Juárez, con cabecera en Cancún y en Lázaro Cárdenas, en donde gobiernan los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

El anuncio hecho por el dirigente estatal del tricolor se da luego de la denuncia hecha por militantes del PRD de Cozumel, quienes hallaron en el centro de espectáculos "Moby Dick", un promedio de 10 mil despensas, fardos de láminas y cemento, que -acusan- reparte el PRI en colonias populares de aquella isla.

"No existe ninguna prueba, ni hay certeza de que esas despensas sean propiedad del PRI, ni de ninguno de nuestros candidatos''.

"Nos deslindamos por completo de estos hechos y consideramos que la acusación que se nos imputa, además de ser una nueva fantasía, producto de una interpretación suspicaz, rebasa la decencia y forma parte de la campaña de ataques del PAN y el PRD, porque les dolió que su alianza se cayera", expresó.

Advirtió que si bien los candidatos y el propio partido, están enfocados en hacer su trabajo en este periodo de campañas, no se cruzarán de brazos ante lo que asumen como un ataque de la oposición, a través de los Comités Ejecutivos nacionales de la coalición de facto PAN-PRD.

Denunciarán a alcaldes de oposición

De entrada, anticipó que una vez con todas las pruebas recabadas, denunciarán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a autoridades municipales de Cancún y de Lázaro Cárdenas.

En el primer caso, precisó que desde el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, presuntamente se financió la llegada de habitantes de Tizimín, Yucatán, a quienes se expiden cartas de residencia, con la intención de registrarlos como ciudadanos de esa cabecera municipal y sumar votos a favor de Elbert Camay May, candidato de la alianza de facto, a la presidencia municipal.

"Es una especie de ‘ratón loco peninsular'. La operadora es Bertha Rojas, quien fue candidata a la alcaldía de Tizimín y cobra como asesora del actual alcalde (José Arnulfo Bacelis)... y tenemos las copias de recibos de nómina que acreditan el uso de recursos públicos para estos fines", detalló.

El segundo caso es por la presunta utilización de vehículos oficiales de Lázaro Cárdenas, para transportar y colocar propaganda electoral a favor de la ex alcaldesa y candidata a diputada, Trinidad García Arguelles.

También será denunciada la presunta presencia "en día hábil y horario de trabajo", del alcalde de José María Morelos, Domingo Flota, en la apertura de campaña de su hermano Andrés, candidato a un cargo de elección popular.

La cuarta denuncia será en contra del alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña, por el uso de Cancún Radio, estación oficial del gobierno municipal, para denostar a los candidatos del PRI, a quienes -agregó- no se les abre espacio.

Una semana atrás, durante la firma del adéndum del Pacto Por México en Cancún, Flota Alcocer, junto con el gobernador del estado, Roberto Borge, escucharon del dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), a través de su noticiario principal, ataca constantemente a los candidatos de la coalición de facto.

Martínez Arcila pidió ahí el freno a la campaña de agresiones en contra de candidatos de oposición y que se les otorgue el derecho de réplica, como prueba de voluntad política para cumplir el adéndum.

La quinta denuncia será para investigar el proceso lanzado por el gobierno de Ricalde Magaña, que involucra de 59 a 60 predios, que serán rematados, con descuentos de 30 por ciento de predial y "creemos que el otro 70 por ciento del valor del predial se irá a las campañas de candidatos del PAN-PRD".

En todos los casos, existen ya supuestos documentos para respaldar las denuncias y hay un sexto caso que está aún en averiguación, pues sólo se tienen testimonios de dueños de bares de giro negro, que se dicen "chantajeados" por directivos de Fiscalización, para aportar recursos que financien las campañas de candidatos de la coalición de facto.