El INEE teme que acuerdos en estados afecten evaluaciones

CIUDAD DE MÉXICO (16/FEB/2014).- Para la administración de Enrique Peña Nieto no será sencillo aplicar la reforma educativa. Ayer, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) alertó sobre riesgos en pruebas para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección en media superior, y propone formas de mitigación.

Los riesgos se prevén en diversas áreas entre las cuales se encuentran las plazas a consulta, las convocatorias y su aplicación, el procesamiento de datos y la adjudicación de plazas, además de la formación continua y el desarrollo profesional.

El instituto advirtió que gobiernos estatales o autoridades educativas locales pueden hacer arreglos fuera de la ley con los sindicatos ( SNTE y CNTE), con lo que se continuarían las prácticas de adjudicación tradicionales de las vacantes, consideradas por los sindicatos como propias.

Una más existe la posibilidad de que en algunas entidades federativas no realicen el concurso y sigan con las prácticas de adjudicación tradicionales o que se den huelgas o juicios laborales por las plazas vacantes o el retiro de horas en demasía.

Otro riesgo es, por ejemplo, el hecho de que las plazas vacantes consideradas por los sindicatos como propias pueden no someterse a concurso junto con las nuevas plazas, entre otras cosas por considerar plaza automática a egresados de normales en algunos estados.

SinEmbargo.mx

TELÓN DE FONDO

La presión de los maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es la principal oposición a la implementación de la evaluación magisterial, estrategia toral en el nuevo modelo que pretenden implementar las autoridades educativas federales.

Desde que se aprobó la reforma educativa y meses después las leyes secundarias en 2013, la CNTE no ha dejado de manifestarse en contra del nuevo modelo educativo, que por ley debe aplicarse en breve.

La CNTE no ha dejado de desafiar al Gobierno federal y en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán imponen su ley, ante la pasividad de los mandatarios estatales.