El IFE determina devolver proyecto de multas

CIUDAD DE MÉXICO (06/FEB/2013).- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió rechazar el dictamen de la Unidad de Fiscalización que proponía multar a la coalición Movimiento Progresista porque, argumentaba, su candidato, Andrés Manuel López Obrador, fue el único en excederse en los topes de campaña.

La decisión fue respaldada por los consejeros: Macarita Elizondo, María Marván, Benito Nacif, Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa. El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, así como Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero votaron en contra de la misma.

El Consejo General devolvió la propuesta de multa, tras una discusión en la que los partidos de oposición recordaron el “dispendio” en la campaña de Enrique Peña Nieto.

Se trata del mismo Consejo General que previamente absolvió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su candidato Presidencial por el uso de las tarjetas Monex, a pesar de que sí comprobó que se usaron por millones de pesos y fueron negadas durante la campaña de 2012.

Los consejeros argumentaron aspectos legales y de contabilidad que deben ser revisados por la Unidad de Fiscalización antes de aplicar esta multa a la izquierda o rechazarla. Pero también se refirieronal impacto político que tendría un fallo tanto al interior del IFE como al exterior. Un tema de discusión fue la propia aplicación de la ley. Entre los consejeros y los representantes de los partidos se ha puesto en duda que se estén aplicando las mismas reglas para todos los partidos políticos.

El PRI, sin embargo, dijo que la izquierda debería reconocer que no hizo su trabajo de contabilidad, y que ahora pretende armar un “escándalo mediático”.

Sergio García Ramírez estuvo entre los que propusieron devolver el dictamen a la Unidad de Fiscalización. Se trata del mismo consejero que renunció la semana pasada, después de haber permitido con su voto, que el Consejo General absolviera al PRI por el manejo de recursos a través de Monex.

García Ramírez se declaró en conflicto de interés para participar previamente en la discusión sobre el presunto financiamiento ilegal del PRI, pero ejerció su derecho al voto, previa consulta al pleno, para cargar la balanza a favor de la coalición que propuso a Peña Nieto. El otro que votó en ese momento para absolver al PRI fue el propio consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

La consejera María Marván se pronunció por rechazar el dictamen. No encuentro parcialidad ni mucho menos dolo en la Unidad de Fiscalización, destacó.

Ni el dictamen ni el proyecto de resolución dejan claro los criterios que se usaron para determinar si hubo o no un rebase en gastos de campaña, tampoco queda clara la forma para acreditar el beneficio de dos o más campañas.

Al iniciar la discusión sobre el tema, Valdés Zurita, afirmó que ningún partido político puede llamarse a sorpresa, sobre los cuestionamientos y montos de las auditorías de la Unidad de Fiscalización, “a todos se les explicó y se les dio audiencia”.

El proyecto de dictamen que se analizó planteaba multar a los partidos que participaron en la elección presidencial de 2012 de la siguiente manera:

• Partido Acción Nacional, por 11 faltas de forma y siete de fondo, con 2.2 millones de pesos.

• Coalición Compromiso por México, por 30 faltas de forma y 25 de fondo, con 54.6 millones de pesos.

• Movimiento Progresista, por 92 faltas de forma y 38 de fondo, con 129.8 millones de pesos.

• Nueva Alianza, por una falta de forma y cinco de fondo, con 283 mil 975 pesos.

En su intervención, el consejero electoral Lorenzo Córdova dijo que respetaba el trabajo de la Unidad de Fiscalización. Sin embargo, destacó, hubo deficiencias en el documento del dictamen consolidado.

Por ello, expuso, “orientaré mi voto para que los documentos… sean devueltos a la Unidad de Fiscalización”, para que la unidad defina claramente el concepto de “beneficio” en los gastos de campaña.

Debe aclararse, añadió, cómo se determina y quién se beneficia con un gasto específico. “Esto no está debidamente contenido en el dictamen”, afirmó.

El consejero Alfredo Figueroa, quien participó en la sesión después de Córdova, también pidió regresar el documento: “Después de un análisis puntual del proceso de fiscalización… he tomado la determinación de votar en contra”, dijo.

Por su parte, el consejero Francisco Guerrero se definió en contra de rechazar el documento de la Unidad de Fiscalización, pues el IFE daría una “mala señal” si revierte la decisión de adelantar la fiscalización.

En su oportunidad, el consejero Benito Nacif afirmó que “el hecho de que la Unidad de Fiscalización haya cumplido (…) no nos obliga a aprobar”.

“Hay aspectos del dictamen y del proyecto de resolución con los que estoy en desacuerdo”, expuso, y también se pronunció por regresar el dictamen.


EL POLÉMICO IFE

El 23 de enero, El Instituto Federal Electoral (IFE) perdonó al PRI. Tras un empate en una primera votación, el Consejo General de IFE exoneró a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) por el financiamiento a través de los monederos Monex.

Aprobó notificar a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Servicio de Administración Tributaria a fin de que inicien una investigación por presuntos actos que pudieran constituir alguna irregularidad.

En una segunda ronda de votación, Sergio García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto. Antes se excusó por su cercanía con los dueños de la empresa Efra, ligada a Monex y al reparto de dinero del PRI. García Ramírez fue quien inclinó la balanza salva a Enrique Peña Nieto y al PRI de una sanción económica.

Rechazaron la sanción los consejeros Marco Baños, Francisco Guerrero, y el presidente del IFE Leonardo Valdés.

La propuesta que apoyaron los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván, planteaba multar al PRI con 75 millones de pesos.

El 30 de enero, con siete votos a favor y dos en contra, el Consejo General del IFE aprobó posponer una semana la discusión de un proyecto que plantea sancionar a los partidos que conformaron la coalición Movimiento Progresista para la campaña presidencial de 2012.

Durante la sesión extraordinaria y a propuesta del consejero Alfredo Figueroa Fernández, se aprobó la propuesta elaborada por la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del IFE.

En ella se sugirió aplicar una multa por más de 129 millones de pesos a dicha coalición, como sanción al presunto rebase de los topes a los gastos para la campaña del candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República.

Solamente votaron contra esa propuesta el consejero presidente del instituto electoral, Leonardo Valdés Zurita, y el consejero Marco Antonio Baños Martínez.

Al argumentar su voto, Valdés Zurita mencionó que todos los partidos tuvieron por tiempo suficiente dicha información para aportar elementos, por lo que no existe ausencia de certeza en el proyecto de sanción que elaboró la Unidad de Fiscalización del IFE.

El 31 de enero, Jesús Zambrano Grijalva y Gustavo Madero Muñoz, presidentes nacionales del PRD y PAN, plantearon que el riesgo para México no es que el PRI regresara a la Presidencia de la República, sino que comience a coptar a las instituciones del Estado como, desde su punto de vista, ha sucedido con el IFE y el IFAI.

En una mesa de debate transmitida por MVS, en el noticiero Primera Emisión de Carmen Aristegui, César Camacho Quiroz, dirigente del Revolucionario Institucional (PRI), defendió la “transparencia” de la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando sus dos contrincantes le reclamaron sobre uso excesivo de recursos.

Los dirigentes nacionales de las principales fuerzas políticas del país reiteraron su apoyo del Pacto por México, pero aclararon que no van a permitir que el PRI use este mecanismo para justificar abusos.

El dirigente perredista dijo que actualmente el tema de las resoluciones ha “enrarecido el ambiente político”. Señaló que el IFE, con el dictamen que elaboró la Unidad de Fiscalización, exonera al PRI. “Nos aplicaron criterios diferenciados”, se quejó.

Madero lo secundó. Dijo que el ambiente es muy “adverso”. También señaló la imparcialidad con la que el IFE resolvió el caso Monex: “Me preocupa cómo se manejan las cosas, como el caso Monex, donde se triangular tantas empresas”.

El dirigente del blanquiazul, señaló que denunciará “las arbitrariedades, las irregularidades que a nuestro juicio atentan con la democracia”.