El Ejército debe aclarar su actuación en el 68: Rodríguez Murguía

CIUDAD DE MÉXICO.-  La apertura de los archivos sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ha casi completado las piezas que revelan el rompecabezas sobre la masacre estudiantil, afirmó Jacinto Rodríguez Murguía.

El autor del libro "1968: todos los culpables", aseguró que a cuatro décadas de los hechos es posible hacer un corte histórico, en el que se presente la forma en que se movieron las piezas que arrastraron hacia la tragedia a un movimiento que sólo daba para ser una gran irrupción social.

"Había todas las condiciones para que no acabara como lo hizo y sin embargo, pareciera que se hizo todo para que ocurriera", dijo a Notimex Rodríguez Murguía.

Con 12 años dedicado al estudio del movimiento político-social, agregó que a partir de la apertura de los expedientes del gobierno que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) ha sido posible reconstruir las piezas que estaban sueltas o dispersas.

Señaló que aún existen dos asuntos pendientes relacionados con esos acontecimientos: que el Estado mexicano, sin importar ideología o partido de origen del titular del Ejecutivo federal en turno, acepte su responsabilidad en los hechos.

El segundo asunto es que el Ejército abra sus archivos y permita develar la historia, aún secreta, sobre su participación en esa jornada, añadió.

"Algunas partes sueltas están en los archivos de la Defensa Nacional; tiene mucha información y ello permitiría confirmar muchos temas internos del Ejército que los investigadores han planteado.

"Le haría bien al Ejército transparentar parte del 68. La historia no se cierra, pero se podría dar una gran respuesta en términos de memoria y tranquilidad social", aseveró.

En su libro, elaborado a partir de documentos desclasificados en poder del AGN, el autor subrayó el papel del Ejército y de los diferentes mandos militares que desembocaron en la masacre estudiantil.

Estableció que en la casa del rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, se gestionaba una negociación para resolver el conflicto que para entonces cumplía 73 días.

Mientras tanto el presidente Gustavo Díaz Ordaz se encontraba en su casa de descanso en Guadalajara, y los mandos militares trazaban otra ruta que desembocó en tragedia.

En noviembre de 2006, la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) presentó su reporte final: "Informe histórico a la sociedad mexicana 2006".

Con ese documento se pretendía dar una explicación definitiva sobre la represión ejercida en el país contra los grupos opositores al gobierno, señaló.

La fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto concluyó su investigación sin señalar a los responsables de la masacre del 2 de octubre del 68; tampoco acreditó el número real de muertos en la Plaza de las Tres Culturas.

El organismo se limitó a establecer que la matanza duró más de dos horas y a señalar que hasta el cierre de la indagatoria resultó incompleta la lista real de los heridos, muertos y desaparecidos.

Como explicación de los hechos señaló la determinación del Estado de reprimir el movimiento estudiantil por demandar mayores libertades.

El libro de Jacinto Rodríguez, en cambio, da una amplia lista de culpables de la tragedia, aunque establece grados de responsabilidad y en otros casos, el señalamiento sirve para presentar el origen de la inconformidad de estudiantes a la que se sumaron otros grupos sociales.

Los capítulos del libro aluden a personajes que han sido señalados como responsables de la masacre: Los entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz; el secretario de Gobernación, Luis Echeverría; el general Marcelino García Barragán; Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, entre otros.

Los personajes citados han librado, sin mayor obstáculo, un proceso formal por los hechos y, en la mayoría de los casos su muerte ha evitado que la justicia los alcance, por lo que todo se reducirá a que la historia los juzgue.

Al respecto opinó que durante su trabajo en la Femospp se cometieron muchos errores, "quizá ni siquiera con intencionalidad. Y no sé si eso es más grave para estos procesos de revisión de la historia que hacerlo con la intención de proteger personajes o interpretaciones".

Rodríguez Murguía destacó como uno de los elementos a favor de la existencia de la fiscalía, que se hayan podido acceder a la información que hasta entonces era secreta. "Dio pie a la apertura de archivos y documentos que de otra forma se hubieran quedado en un cajón o gaveta".

Sin embargo, también advierte que su objetivo tenía carácter legal y sus conclusiones derivarían en alcances de esa índole, a diferencia del trabajo elaborado por investigadores o periodistas, como es su caso.

"Nosotros podemos equivocarnos. Somos generadores de materiales e interpretaciones, es parte del uso la libertad de expresión; la fiscalía en cambio tenía otro carácter", aseveró.

También señaló que luego de que el Estado accedió a conformar una fiscalía para investigar hechos como los del 68, no puede haber marcha atrás.

Por esa razón consideró que el siguiente paso que debe darse es reconocer que las autoridades de un Estado de otra época se equivocaron y aceptar su responsabilidad.