Durango y Chihuahua: gobiernos agusanados

A los ojos de todos, y ante la pasividad del Estado mexicano, los gobiernos de Durango y Chihuahua literalmente se pudren, se los comen los gusanos.

Y es que no se puede entender que, por ejemplo, en Durango el Gobierno estatal haya premiado a Margarita Rojas como “Mujer del Año 2010”, la haya responsabilizado de la dirección de la cárcel estatal número dos y, bajo su gestión, el penal se haya convertido en la guarida de sicarios que de noche salían de la prisión para asesinar a por lo menos 50 personas.

No se puede entender que, por ejemplo, en el Estado de Chihuahua el crimen organizado haya iniciado el exterminio de la familia del gobernador electo, César Duarte —que aún no asume su cargo y ya le mataron a un sobrino y a un primo—, ante la pasividad del Estado mexicano, que con su silencio e ineficacia abona a la complicidad y la impunidad.

Se puede asegurar que los de Durango y Chihuahua son gobiernos agusanados, porque nadie en su sano juicio puede sostener que la crisis de inseguridad que viven resulta de la generación espontánea —desde que Aristóteles sugirió la generación espontánea y hasta que Espallanzini derrotó la teoría, nadie ha regresado al tema—, sino que esas entidades son víctimas de la corrupción, descomposición y podredumbre de gobiernos estatal y municipales, y sectores políticos, económicos y sociales.

Todos saben que el florecimiento criminal sólo se explica por la complicidad delictiva y mafiosa con diversos niveles del Gobierno. Pero lo que no es común es descubrir y comprobar que la corrupción llegue a los niveles más altos de un Gobierno, como el de Durango.

Y es que hasta antes de la masacre de 18 jóvenes en una fiesta en Torreón —hoy se sabe que los sicarios salieron del penal de Gómez Palacio, Durango, cuya directora era Margarita Rojas, identificada como aliada de los criminales—, nadie quiso escuchar las denuncias sobre los elevados niveles de corrupción que prevalecían en aquella Entidad.

En Chihuahua se vive la gestación del mismo problema. Es decir, el gobernador electo, César Duarte —ganador del gobierno estatal por el PRI—, es sometido a la prueba más dura a la que el crimen puede empujar a un gobernante: la amenaza de exterminio de su familia. En dos semanas, el impune crimen organizado que opera en Chihuahua ha ordenado el asesinato de un sobrino y un primo de Duarte. Al mismo tiempo, su familia está en total indefensión. El plomo gana la batalla y, claro, doblega a cualquiera. ¿O no? ¿Y las instituciones del Estado, y los próceres de la democracia? Esos ya adelantan campaña para acceder al poder.