Detectan opacidad en ceses aplicados en el INM

CIUDAD DE MÉXICO.- Señalado y denunciado con frecuencia por cohecho, violencia y, de manera indirecta, trata de personas contra cientos de extranjeros que se internan sin documentos en México, en los últimos seis años el Instituto Nacional de Migración (INM) ha destituido a un funcionario por cohecho y otro por extorsión.

Con base en información solicitada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en total, desde 2003 han sido dados de baja cuatro funcionarios de ese organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, aunque en dos casos no se clarifican las causas.

La respuesta a la solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 0002700297208, destaca que las destituciones se dieron en el sexenio de Vicente Fox, mientras que en el actual sólo se han elevado los años de inhabilitación por estas irregularidades. A cambio, se ha impuesto el criterio de endurecer penas a los funcionarios que hacen mal uso del presupuesto del INM.

Como ejemplo está el delegado regional José Othón Mancera López, quien fue inhabilitado 10 años por violación a las leyes y las normas presupuestales. En contraparte, el 28 de junio de 2005 el agente Julio Francisco Barajas Velázquez fue suspendido 15 días de sus labores por “abuso de autoridad”, como lo muestra la relación de la SFP.

La normatividad de Gobernación ha permitido a algunos servidores públicos de la dependencia ser acusados por abuso de autoridad y regresar para volver a ser sancionados, como ocurrió el 24 de mayo con José Abraham Rivera Flores, coordinador administrativo de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios. Fue inhabilitado un año según el expediente 131/2002.

Rivera Flores regresó al año para ser suspendido ocho meses por violación de leyes y abusos presupuestales, como lo establece el expediente 0006/2004.

Una de las excepciones a este criterio lo tiene el ex inspector de servicios migratorios, José Luis Galicia García, quien el 28 de junio de 2005 fue destituido por abuso de autoridad, como está asentado en su historial ER-005/04.

El caso por cohecho y extorsión, único en su tipo que ha causado baja, es del expediente 74/03, que pertenece al oficial de servicios migratorios Jorge Armando Bustamente Núñez, quien dejó de laborar en el INM el 31 de mayo de 2004. De ahí a la fecha solamente hay inhabilitaciones o suspensiones.

Otro caso de cese de funciones fue el de Héctor Julián Sánchez Ventura, agente de protección al migrante del Grupo Beta, que el 28 de noviembre de 2003, según su expediente 084/00, fue por negligencia administrativa, término que no clarifica el motivo del despido.

En la elaboración, producción y comercialización del pan participan 14 personas, que laboran desde las 6:00 horas hasta las cuatro de la tarde.