Detectan delitos en expedición de incapacidades médicas para policías

Segunda de tres partes

MÉXICO (28/DIC/2010).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asegura que en el país no hay investigaciones ni despidos de funcionarios relacionados con la entrega ilegal de incapacidades médicas, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) exhiben anomalías. En Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara también contradice al Instituto: revela cuatro destituciones de médicos de la Delegación del IMSS por el tráfico de estas licencias.

Las policías de la Zona Metropolitana de Guadalajara destacan en la presentación ilegal de estos certificados. Ignacio Salazar Mariscal, de la Dirección Operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, reconoce la existencia de una “Policía enferma”, pero investiga la legitimidad de las incapacidades que interponen agentes. Por su parte, el director de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Héctor Córdova Bermúdez, revela que “sólo 30% de las incapacidades se expide legalmente”.

En la Policía de Guadalajara, entre 2007 y 2009 se autorizó un promedio anual de ocho mil 029 incapacidades por parte de mil 633 elementos (54% del estado de fuerza), equivalentes a 49 mil 372 días fuera de sus labores. El pago a policías enfermos ascendió a 49 millones 372 mil 332 pesos en el trienio.

Los números alertaron a la dependencia, por lo que comenzó una investigación. Los primeros resultados indican que 15 policías se incapacitaron entre 143 y 177 días en el primer semestre de 2010 (periodo que abarca 180 días); otros 40 oficiales se ausentaban constantemente gracias a las licencias expedidas por médicos del IMSS, pero en su tiempo de convalecencia trabajaban en los ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá, así como en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las ausencias de policías de Guadalajara afectan la operación de la corporación, que cuenta con dos turnos (diurno y nocturno), con mil 269 elementos en cada uno. ¿Cuál es el impacto a la fuerza pública? Al día, las licencias provocan el ausentismo de 100 elementos, que se suma a otra cantidad similar por los agentes en vacaciones, otros 10 a los que se les otorga el descanso por sus cumpleaños, así como 150 que, hasta junio pasado, se apostaban en sucursales bancarias. En resumen, solamente 810 policías patrullan las calles de un municipio con más de 1.5 millones de habitantes. En sus respectivas dimensiones, esta problemática se replica en las corporaciones del país.

Tras solicitar apoyo a la Delegación Jalisco del IMSS y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para combatir las irregularidades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara comprobó el tráfico de incapacidades entre policías y médicos (en las clínicas 93, 110 y 14, por ejemplo), con un costo de entre 300 y mil pesos (depende del número de días). Los contactos de policías con secretarias, asistentes o los propios doctores, forman parte de este delito.

Un policía de Guadalajara, que pide el anonimato, afirma que hasta 90% de las incapacidades de sus compañeros no tiene sustento; es decir, se ausentan sin estar enfermos. Cuando los médicos son detenidos por alguna falta administrativa, ejemplifica, acuerdan un intercambio de favores con gendarmes, entre los que está de por medio la entrega ilegal de incapacidades: “A veces a los doctores del IMSS los agarras cometiendo una falta y luego te dicen: ‘Aquí está mi tarjeta, recurre a mí y yo te pago el favor, pero no me lleves porque mi familia…’, entonces es una forma de que te maiceen y los compañeros lo aceptan”.

Red de defraudación

Aunque la Policía de Guadalajara solicitó la conformación de un comité integrado por el Ayuntamiento y la Delegación del IMSS Jalisco para controlar la expedición de licencias médicas, la petición no ha sido respondida. De no ser por el interés de Guadalajara, la emisión de incapacidades continuaría sin control. Y es que las acciones de la dependencia demuestran que la presentación de licencias disminuyó 36% entre mayo y junio pasados (de 814 en el primer mes se redujeron a 520 en el segundo). Los policías están en la mira y cuatro oficiales ya presentaron su renuncia —están bajo investigación 639 agentes y tres mil 723 justificantes médicos—.

La Dirección Jurídica de la Policía tapatía sospecha de una red de defraudación en la corporación y el IMSS, por lo que analizan la presentación de denuncias penales por la simulación de enfermedades, alteración de documentos, soborno (pagos a médicos para la expedición de incapacidades) y extorsión (en caso que el galeno solicite una prebenda a cambio del justificante sin fundamentación médica).

Presume destituciones

Mientras Miguel Castro Reynoso, alcalde de Tlaquepaque, presume el cese de 19 policías en 2010 por el presunto uso ilegal de incapacidades médicas, el director de la Policía Municipal, Héctor Córdova Bermúdez, admite que sólo 30% de las licencias presentadas por elementos son legítimas. El resto, afirma, registra vicios como un origen apócrifo o fue obtenido a través del tráfico de estos certificados (con un costo que alcanza hasta mil pesos).

“Es un asunto muy grave en todas las instituciones del país, que repercute operativamente. Hablo de muchas horas de trabajo, pero también se está evadiendo mucho dinero (con el pago de salarios a enfermos)”.

En Tlaquepaque, la corporación cuenta con 780 elementos que registraron 49 mil 411 días de ausencia por enfermedad entre enero de 2007 y agosto de 2010 (135.3 años acumulados), con una erogación de 14 millones 796 mil 618 pesos en salarios sin beneficio para la sociedad.

Al igual que Guadalajara, el municipio cuenta con una estrategia jurídica contra esta problemática, pero la Sindicatura ya presentó el 15 de junio una denuncia penal contra 11 policías (averiguación previa 3160/2010-C), que se ausentaron 238 días con 17 incapacidades confirmadas como apócrifas por la propia Delegación Jalisco del IMSS. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsificación de documentos, fraude y asociación delictuosa contra el Ayuntamiento.

Tlaquepaque identificó que los sellos que presentan las incapacidades bajo sospecha pertenecían a un doctor jubilado; además, los formatos de loxs justificantes fueron obtenidos de un bloc reportado como extraviado en la Clínica 14 (en Guadalajara se registró un caso similar: en una revisión a un médico que adquirió los servicios de una prostituta, policías le robaron un bloc; después comenzaron a presentar esas licencias para ausentarse).

“Si no hay una comunicación entre el área administrativa de las corporaciones y los centros de control de confianza (que deben implementarse por ley en el país), la aplicación de la Ley General de Seguridad Pública será un sistema fragmentado —advierte Luz del Carmen Díaz Galindo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Sistema Nacional de Seguridad Pública—. Pero las incapacidades médicas no son un tema del control de confianza, el área sólo evalúa cómo están médicamente (los policías), o si hay algún problema físico. En ese tema se debe poner mayor atención al momento de registrar las faltas, se debe hacer un trabajo administrativo para ver qué está pasando porque desde luego que nos impacta (este ausentismo). Es indispensable que se establezca un mecanismo de comunicación entre el área administrativa y el área de control de confianza para llegar a un análisis detallado y evaluar médicamente a cada uno de los policías. El diagnóstico debe marcar líneas de acción contundentes contra esta problemática”.

Ante las anomalías detectadas en Guadalajara y Tlaquepaque, al IMSS se le solicitó “el número de investigaciones por irregularidades en la entrega de certificados médicos para servidores públicos en México, en el presente sexenio”. La respuesta emitida en el sistema electrónico Infomex fue la siguiente: “(A noviembre de 2010), no existen antecedentes de investigación laboral a trabajadores del Instituto que hayan incurrido en irregularidades en la expedición de certificados médicos a servidores públicos”.

También se le requirió “el total de médicos o trabajadores que han sido despedidos o que están en ese proceso administrativo en el presente sexenio federal, por la entrega ilegal de certificados médicos a funcionarios”. La respuesta: “…no existen antecedentes”.

Al IMSS se le insistió con otra solicitud de información: “Requiero el total de funcionarios despedidos por vender o presentar facturas o certificados médicos falsos, en las anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010…”. En esta ocasión la respuesta fue diferente, pero sólo están involucrados funcionarios que presentaron incapacidades falsas:

Delegación Sonora: en 2008 les fue rescindida la relación laboral que tenían con el IMSS a dos funcionarios por presentar certificados médicos apócrifos, adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ciudad Obregón.

Delegación Sur del Distrito Federal: en 2007 se dieron dos casos; en 2008, otros dos asuntos.

Delegación Veracruz Sur: únicamente se cuenta con un trabajador rescindido en 2010, con motivo de haber exhibido facturas apócrifas.

Delegación Quintana Roo: en 2009 fueron rescindidos tres trabajadores por presentar facturas falsas de consumo.

Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI (Distrito Federal): En 2008 se localizaron dos casos (sanción: rescisión de contrato).

En una cuarta solicitud, el Instituto respondió que, tras solicitar información a las Jefaturas de Servicios Jurídicos Delegacionales, sólo “se tiene una denuncia presentada en el año que transcurre (2010), con motivo de la expedición de incapacidades improcedentes a personal de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco".

Contradicciones

La información que emite el IMSS desde sus oficinas centrales vía Infomex se contradice con la ofrecida por la Delegación Jalisco del Instituto. Ante las anomalías detectadas en Guadalajara, la Delegación, a través de la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación, realiza una investigación en las corporaciones de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan (la Policía de este municipio generó 11 mil 475 incapacidades entre enero de 2007 y junio de 2010; sin embargo, no elabora una base de datos sobre los días de ausentismo ni de la erogación desencadenada). El Instituto aplica un comparativo entre el listado de los miles de certificados obtenidos por los policías con las bases de datos y registros informáticos internos del IMSS para verificar su autenticidad. Los números de folio de las incapacidades son contrastados, además, con las notificaciones emitidas en las clínicas sobre los blocs de estos formatos extraviados o sustraídos de sus instalaciones, los cuales son utilizados por oficiales para la falsificación de justificantes.
Lo que no se investiga es la veracidad de las enfermedades que reportan los policías.