GUADALAJARA, JALISCO (03/ABR/2017).- Una muestra del sistema de justicia penal en toda la República, es lo que se pretendió mostrar este lunes con el análisis aplicado en el estado de Morelos --uno de los primeros en implementarlo--, el cual fue titulado "Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: evidencias para entender la crisis de impunidad".El estudio fue presentado en la Ciudad de México por parte de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde participó su director General, Juan Pardinas, y el director Jurídico, Ricardo Corona. La revisión duró alrededor de un año y sólo fue sobre Morelos porque fue el único estado que permitió el análisis, pero para los presentadores lo que ocurre ahí es una muestra de la situación en general del país."Este estudio toma una biopsia del cuerpo de la República, una célula, pero lo que estamos reflejando aquí es un problema nacional", describió Pardinas.La dinámica del análisis fue revisar expedientes de los delitos de homicidio y robo en el nuevo sistema y en el antiguo, para establecer si hubo mayor o menor impunidad. A su vez entrevistaron a 236 policías, peritos, ministerios públicos y defensores públicos; y 283 entrevistas a ciudadanos víctimas, presuntos responsables y testigos.Ministerios públicos, pocos y corruptiblesEntre los resultados más relevantes estaba el que 76% de los defensores públicos encuestados cree que el Ministerio Público vende sus resoluciones, pues incluso 43% mencionó haberles hecho un pago. El 21% dijo pagar al policía investigador y en menor porcentaje también dieron dinero a peritos, abogados, auxiliares y secretarios.Dos de cada diez señalaron que el servidor público solicita el pago o lo insinúa. "Es decir, tenemos un nivel de aceptación y de exigencia significativo", dijo Corona.Según las respuestas de los litigantes, 76% cree que la mayor causa en el rezago de las investigaciones es la insuficiencia de agentes.Sin embargo, los defensores públicos también carecen de muchos conocimientos básicos para actuar en el nuevo sistema. Por ejemplo, al cuestionarlos sobre el método para manejar una escena del crimen 78% no mencionó que las autoridades deben acordonar el lugar.Falta de comunicación entre autoridadesDebido a que las policías de primer contacto son las que fungen generalmente como primeros respondientes, es decir, los encargados en iniciar las carpetas de investigación, los empleados de la Fiscalía han dejado de acudir a las escenas del crimen. En los casos de homicidio, en el antiguo sistema iban al lugar de los hechos en 92% de los casos; mientras que con el nuevo sistema bajó a 30%.Y más, entre las encuestas a los policías de primer contacto, 29% dijo que nunca se ha reunido con ministerios públicos o servicios periciales.Lo que ha mejorado a comparación del antiguo sistema es una mejor conservación de la evidencia en los casos de homicidios; y explicar dónde, cómo y cuándo ocurrió un homicidio. Pero lo más importante es que ahora, cuando un expediente tiene detenido, "no hay evidencia de violación a la presunción de inocencia", uno de los fines del nuevo sistema, de acuerdo a Corona.En el caso de los robos no ha habido gran mejora con el nuevo sistema. Incluso, se llegó a la conclusión que en los dos sistemas los expedientes "tienen alta posibilidad de ser archivados indefinidamente", lo que demuestra que la impunidad prevalece, lo mismo que con los homicidios, pues aunque parecen mejores procesos los resultados son iguales. "En ambos sistemas la mayoría de casos de homicidio queda sin concluir".La principal conclusión que deja el análisis, expuso Corona, es que el nuevo sistema de justicia se ha ido improvisando, por lo que se requieren mecanismos para "sistematizar información que permitan la toma de decisiones para las estrategias de procuración de justicia".El IMCO envió a Morelos una serie de recomendaciones a partir de las circunstancias del nuevo sistema en ese estado. Y aunque se dijo que esta entidad es un reflejo de lo que ocurre en el país, se instó al resto del país a permitirles analizar sus propios sistemas, de los que hasta la fecha sólo ha respondido Jalisco, cuyo modelo será el siguiente en ser analizado."Ojalá otros estados de la República estuvieran dispuestos a abrir sus puertas, permitir este diagnóstico por más crudos que resulten los datos", invitó Corona.EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO
