Desaparecidos del Estado

El caso de la desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace casi 22 meses, está resuelto. Su paradero, aún no. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dos de los más importantes jefes de la guerrilla, fueron detenidos en Oaxaca durante un operativo planeado y ejecutado por la Policía Ministerial del Estado, con apoyo de la Policía Judicial y de militares, y desaparecidos forzosamente, lo que no se veía desde los tiempos de la guerra sucia.

Múltiples testimonios permitieron reconstruir lo que sucedió con ellos la tarde del 24 de mayo de 2007, cuando fueron detenidos en un operativo en el Centro Histórico de Oaxaca, cerca del Hotel El Árbol. El Gobierno de Ulises Ruiz siempre dijo que esa acción fue contra un delincuente buscado en Chiapas, no contra los dos cuadros del EPR. La investigación de los hechos, en cambio, revela una planeación y una operación directa contra Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y está integrada en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se espera anuncie la próxima semana.

Cruz Sánchez y Reyes Amaya habían llegado días antes a Oaxaca para adoctrinar a maestros disidentes. El EPR había estado muy activo durante el largo plantón de maestros en Oaxaca, durante el cual realizaron ejercicios de guerrilla urbana in situ. La investigación ratifica algunos detalles que el EPR aportó en comunicados durante 2007 y 2008, donde reveló que sus cuadros se reportaron al aparato de seguridad de la guerrilla la mañana del 24 antes de ir a una reunión de trabajo. Al terminar fueron trasladados cerca del Hotel El Árbol, entre las 17 y las 19 horas, pues tendrían otra sesión por la tarde en esa zona.

La siguiente comunicación de seguridad, la mañana del 25 de mayo, ya no se hizo. Ropa que tenían que recoger en un punto clandestino tampoco fue recolectada. Desde ese mismo día, el EPR comenzó a preguntar a todas sus secciones en el país sobre el paradero de ambos. Durante dos semanas la comunicación interna en el EPR fue intensa, y en todos los casos, infructuosa. Grupos disidentes del EPR también exigieron públicamente la aparición de los eperristas y, de esa manera, se deslindaron de cualquier acusación de ajuste de cuentas, como quiso hacer creer el Gobierno federal en un momento.

La alta frecuencia de los comunicados tenía una razón muy clara. Cruz Sánchez no sólo era hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Francisco Cerezo Quiroz, comandante en jefe del EPR, sino que era una pieza clave dentro de la organización guerrillera: era el enlace personal entre las tres familias que controlan y dirigen al EPR, los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Cirigo Vázquez, y que sin estar enfrentadas, tienen diferencias por el manejo del dinero obtenido de los secuestros de alto impacto en la década pasada —en el caso de las dos primeras—, y por el paulatino abandono de la lucha armada para incursionar en la política por la vía legal —en el caso de la tercera—.

El golpe contra Cruz Sánchez fue al corazón de la Comandancia General del EPR. En el primer comunicado denunciando la detención, el 2 de junio, señaló que la Policía de Oaxaca tenía a sus miembros, y que eran torturados por agentes estatales, federales y militares. Juan José Díaz Bermúdez, director del portal Punto y Aparte de Oaxaca, y uno de los periodistas que más acuciosamente ha seguido el caso, reveló en su momento que en el operativo participaron unos 200 elementos, encabezados por Pedro Hernández, quien iba al frente de la Policía Ministerial; por Alejandro Barrita, quien encabezaba un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y por un coronel que sólo identificó como “Suárez”, al frente de una unidad del Ejército.

La investigación sobre la cual la CNDH emitirá su recomendación, identifica directamente a la Policía Ministerial como la cabeza responsable de la desaparición forzada de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, pero incluye también a otras corporaciones de seguridad del Estado, y a militares de la VIII Región Militar, encabezaba en ese entonces por el general Juan Alfredo Oropeza Garnica. Las pesquisas abren puertas que se pensaban cerradas, porque varios de los directamente implicados, fueron asesinados o exonerados. En este último caso se encuentra Hernández, detenido y arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR) durante la investigación federal, pero puesto en libertad, “por falta de pruebas”, en julio de 2008. Barrita fue asesinado en enero del año pasado, e igual pasó el mes pasado con otra pieza clave del rompecabezas, Aristeo López Martínez, ex jefe de la Policía Judicial estatal y ex coordinador de Seguridad Pública municipal. De acuerdo con Bermúdez, López Martínez era “testigo protegido” de la PGR en el caso de los eperristas desaparecidos, y quien presuntamente reveló que los vio con vida en la base “Los Pinos” de la Policía Judicial estatal.

No se saben los detalles de la recomendación de la CNDH, que reabrirá un expediente casi cerrado. Pero si la recomendación va directamente al gobernador, tendría que haber consecuencias para Jorge Franco, secretario de Gobierno en ese momento —hoy presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, al que le adjudican el control sobre grupos paramilitares en esa época, y señalado en un informe confidencial de la VIII Región Militar como autor intelectual de la desaparición. Estos detalles no van a salir a la luz pública, pues la Secretaría de la Defensa lo mantiene en secreto. La única posibilidad de aclarar el destino de los eperristas, sería que tras la recomendación el Presidente Felipe Calderón ordenara al general secretario Guillermo Galván que abra esos archivos. Y esto, aún en tiempos electorales, se ve altamente improbable.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com