Desafío a los medios

Inconforme por la cobertura informativa que le daban al motín de los presos y a la protesta de sus familiares en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, Durango, un grupo delictivo secuestró a cuatro periodistas. Ocurrido este lunes, el “levantón” muestra cómo los narcotraficantes no sólo agreden a reporteros o atacan instalaciones de medios informativos, sino que además presionan a las empresas para que modifiquen su línea editorial; es decir, la información que transmiten. La feroz disputa no es sólo por el mercado de las drogas; también, por la opinión pública nacional.

Los desaparecidos son Alejandro Hernández, de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México; Héctor “N”, de El Vespertino, de La Laguna, y Jaime Canales, de Multimedios Laguna, del Grupo Milenio. Los cuatro cubrían los sucesos del Cereso cuando de regreso a Torreón fueron “levantados”. Horas después sus secuestradores los obligaron a que hablaran a las redacciones de sus medios. El diario Milenio reveló ayer que su camarógrafo señaló que la condición de sus captores para liberarlo era que se transmitieran tres videos de un narcoblog en el noticiario del canal local del grupo, lo cual cumplió la empresa.

Como se recordará, las autoridades federales tienen en la mira al Cereso luego de que sicarios ahí detenidos salían con armas y vehículos oficiales a cometer matanzas de bandas rivales en la región lagunera, con el permiso de las autoridades penitenciarias.
El martes, el secretario General de Gobierno de Durango, Oliverio Reza Cuéllar, reveló el plagio de los cuatro periodistas. A su vez, la CNDH envió un comunicado de prensa en el que expresó su indignación por la desaparición de los periodistas y exigió a las autoridades localizarlos. Ese día aparecieron ocho cabezas humanas en tres puntos de Durango.

Ayer, Ciro Gómez Leyva, director general editorial del Grupo Milenio, en su columna “La CNDH: nefasta punta de irresponsables” criticó al funcionario estatal por dar información “plagada de inexactitudes”, por hacerla pública sin pensar que si los secuestros ocurrieron 24 horas antes, “los medios donde trabajaban los periodistas estarían perfectamente al tanto, y quizá en proceso de negociación”. El periodista acusó a la CNDH de que no tomarse la molestia “de hablar con los medios para comprobar una información tan delicada”, emitir el comunicado con lugares comunes y “llevar agua a sus mediocres molinos burocráticos”. Lo último que le importó fue que los periodistas estaban vivos, sostiene.

La complicada situación exige que medios y periodistas acuerden acciones colectivas para exigir y garantizar su seguridad y el pleno derecho de los mexicanos a la información.