Derechos humanos, un obstáculo a tres días de la Cumbre

WASHINGTON.- En vísperas del inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, surgió un nuevo revés en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente en el tema de derechos humanos.

“The Washington Post” publicó en su edición de ayer que el senador demócrata Patrick Leahly, que preside el Comité Judicial del Senado y la subcomisión que supervisa el gasto en ayuda extranjera, pidió suspender los recursos de la Iniciativa Mérida hasta que México cumpla los requerimientos de derechos humanos que la ley de Estados Unidos exige para entregarle el apoyo.

Esto significa, explica a el corresponsal de “El Universal” en Washington, con base a fuentes del Departamento de Estado, que el informe Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a Guadalajara.

Repercusiones
De no liberarse los recursos, peligrarían 100 millones de dólares —de un paquete de mil 400 millones para desembolsar en un plazo de tres años— en ayuda para el combate al crimen organizado.

Además del impacto negativo en el financiamiento de la lucha contra el narcotráfico, el informe opaca el informe positivo que había preparado el Departamento de Estado.

Aún así, Leahly confió en que las discusiones entre ambos gobiernos logren las condiciones para liberar los recursos, y la cumbre podría ser el marco en el que se pueda despejar el panorama.

“México necesita fuerzas policiales efectivas y un sistema judicial que funcione. Y mientras la demanda de drogas de Estados Unidos y el tráfico de armas a México permanezca en estos niveles, será difícil neutralizar a los cárteles”.
El congresista está en su sexto mandato y es uno de los cuatro senadores más longevos. También es uno de los principales líderes demócratas en la Cámara alta.

Plan Mérida
Rechazan informe positivo sobre derechos humanos en México   

WASHINGTON.- El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy justificó este miércoles su rechazo al informe que preparaba el Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en México al asegurar que, si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del Presidente Felipe Calderón” en su lucha contra los cárteles de la droga, su Gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las fuerzas armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.

Leahy, quien es presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado el borrador de un informe lleno de contradicciones e inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército Mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga.

“Los requisitos a los que se ha comprometido el Gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos, por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró en un comunicado transmitido por su oficina.

“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador por Vermont aseguró que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo“ cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.

El rechazo de Leahy, al borrador del informe sobre México, obligará al Departamento de Estado a reescribir su reporte y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del Gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.

El resto de los fondos, 1,300 millones de dólares aproximadamente, no están sujetos a ningún tipo de condicionamiento por parte del Congreso pero aún así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las fuerzas armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy ha querido matizar así su posición frente al apoyo incondicional que ha mostrado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien apenas el pasado 16 de julio adelantó su voto de confianza al Gobierno de Felipe Calderón.

“El Gobierno de México enfrenta una lucha muy difícil contra los narcotraficantes más despiadados de planeta”, justificó en ese entonces Clinton al asegurar que lo que valoraría el Gobierno de Estados Unidos era “el nivel de compromiso del Gobierno mexicano para hacer frente a los cárteles de la droga”.

Desde el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en Guadalajara, los próximos 9 y 10 de agosto.

El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias convencidas de que el tema de los derechos humanos ha llegado para quedarse a la agenda de la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México.

El senador Leahy rechazó el borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército Mexicano.

Los requisitos a los que se ha comprometido el Gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado losderechos humanos, no han sido cumplidos. Patrick Leahy, senador demócrata estadounidense.

Telón de fondo
Retraso con sabor a triunfo

Los organismos internacionales que defienden los derechos humanos han dado ayer un duro golpe al Presidente Felipe Calderón, al haber logrado el apoyo del senador demócrata Patrick Leahy, que frena un reporte del Departamento de Estado que daría, finalmente, un fuerte espaldarazo a Calderón en su lucha contra el narcotráfico.

Uno de los principales puntos que estaría en la agenda en la próxima Cumbre de Norteamérica, el respeto a los derechos humanos en México, se vino abajo y parte de los recursos que el Gobierno mexicano recibe a través del Plan Mérida tendrán que esperar.
Pero los recursos son lo de menos. El informe positivo sobre el respeto de los derechos humanos en México, que legitimaría las acciones emprendidas por el Ejército Mexicano tendrá que esperar y sufrirá varias modificaciones.

El senador Leahy finalmente apoyó a Amnistía Internacional (AI) que lleva meses advirtiendo que el Gobierno mexicano no cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En un comunicado, la organización señaló que el Gobierno del Presidente Calderón no ha logrado un “progreso suficiente” en la investigación de las violaciones a las garantías individuales cometidas por las fuerzas de seguridad, que llevan a cabo una batalla contra el crimen organizado.

“Al dar dinero y equipo al Ejército Mexicano sin controles adecuados sobre su uso se corre el riesgo de contribuir a que aumenten los abusos de derechos humanos”, dijo Susan Lee, directora de las Américas de AI.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene que entregar un reporte al Congreso sobre el cumplimiento de México en la materia, antes de que se tome una decisión final sobre el monto de los recursos a transferir.

El llamado de Amnistía Internacional se suma al que el mes pasado hizo la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en donde instó al Departamento de Estado a no certificar que México ha cumplido con los requisitos necesarios en materia de derechos humanos.

Mientras el Gobierno federal no dé garantías de que se castigarán los abusos de militares, los derechos humanos serán el mayor dolor de cabeza del sexenio calderonista.
(EL INFORMADOR)

Reportan más quejas

Derivado de las constantes violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, se han presentado mil 08 quejas contra militares y elementos de la Policía Federal en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Al respecto, el presidente de la comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, indicó que hay 291 quejas presentadas en la capital del Estado contra militares y dependencias federales, de las cuales no se ha dado ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Ombudsman chihuahuense indicó que la CNDH habla de cuatro recomendaciones realizadas en Ciudad Juárez, mientras que en Chihuahua se ha dado en algunos casos la reparación del daño y en otros, acuerdos, pero ninguna recomendación.

Indicó también que en 2008 se presentaron quejas graves y en este año, gracias a la insistencia de la CNDH y al apoyo de la Comisión Estatal, así como de la sociedad, se logró disminuir las quejas en algunos rubros como la tortura.

Congresistas desconocen agenda de temas del país en Cumbre de Norteamérica

La Asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha solicitado ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores “un informe detallado” sobre las posturas y propuestas que conforman la agenda temática impulsada por México en la Cumbre de Norteamérica, que está a punto de celebrarse en Guadalajara, Jalisco.

El dictamen del Punto de Acuerdo, del cual emanó la solicitud, fue aprobada con rapidez por el Pleno de Xicoténcatl. Y en el mismo, los legisladores han ofrecido a la Cancillería sostener “reuniones de trabajo continuas” con la gente del Ejecutivo federal que participarán en dicha cumbre, “a efecto de intercambiar puntos de vista y realizar recomendaciones que puedan enriquecer y fortalecer la representación internacional de nuestro país”.

El dictamen de Punto de Acuerdo fue producto de una proposición que el 15 de julio pasado presentaron los senadores Tomás Torres, Rosalinda López y José Luis García Zalvidea, del PRD.

El propósito de la cumbre, según la argumentación del dictamen del Punto de Acuerdo, es fijar posturas y buscar soluciones que permitan avanzar en la construcción de una visión regional que integra la seguridad y el desarrollo.

En la Cumbre, a decir de la argumentación de los legisladores, se busca ampliar el espectro de negociación y la búsqueda de lazos y recursos en la región norteamericana, al incluir a Canadá como parte fundamental de las soluciones que habrán de ayudar al desarrollo de esta zona geográfica del continente.

También, la voluntad de revisar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), así como insistir en la revisión de temas sobre seguridad y desarrollo económico, y el flujo de trabajadores en la región.
(Vicente Bello)